República Dominicana vivió un año marcado por acontecimientos que estremecieron a la sociedad y pusieron al país en los titulares internacionales, por hechos que impactaron directamente los pilares de justicia, seguridad ciudadana, política y turismo.
Un hecho que conmocionó a la sociedad durante el 2025 fue el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que, según las autoridades, evidenció fallas estructurales con consecuencias humanas.
A este hecho se suman la desaparición de Sudiksha Konanki, mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana y la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, durante una excursión escolar.
Asimismo, la muerte de cinco hombres en Santiago a manos de la Policía Nacional y los casos judiciales como la condena de Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina y el desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa), los cuales generaron indignación social, exigencias de reformas y reavivaron el debate sobre la corrupción.
Otro de los casos fue el apagón nacional, el cual generó debates sobre la infraestructura energética.
Muertes y desapariciones
Desaparición de Sudiksha Konanki (6 de marzo)
Sudiksha Konanki, una estudiante de 20 años de la Universidad de Pittsburgh, desapareció la madrugada del 6 de marzo, de las instalaciones del Hotel Riu República en Punta Cana, durante un viaje de vacaciones en compañía de cinco amigas.
Konanki, vista por última vez por una cámara de vigilancia del hotel mientras se dirigía a la playa, fue reportada por sus amigas como desaparecida pasadas las 4:00 p.m. del 6 de marzo, y la búsqueda oficial por parte de las autoridades dominicanas inició el 7 de marzo con una operación por aire, mar y tierra, utilizando drones, helicópteros, lanchas y perros rastreadores.
Por el caso, fue investigado el estadounidense Joshua Steven Riibe, última persona en ver a Konanki. Riibe, de 22 años, residente de Iowa y estudiante de la Universidad Estatal de St. Cloud en Minnesota, se convirtió inmediatamente en una persona de interés, por lo que fue interrogado por la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en Verón – Punta Cana y luego por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Luego de 13 días de búsqueda sin resultados, Subbarayudu Konanki y SreeDevi Konanki, padres de Sudiksha presentaron una solicitud formal ante la Policía Nacional para obtener la declaración legal de fallecimiento de su hija.
Derrumbe del techo del Jet Set (8 de abril)
Lo que prometía ser una noche de música, alegría, baile y celebración en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en gritos, angustia y desesperación, tras el derrumbe del techo, la madrugada del 8 abril.
Pasadas las 12:44 a.m., mientras el merenguero, Rubby Pérez entonaba la canción De color de rosa, parte del techo cedió sobre la pista de baile, quedando los asistentes atrapados bajo los escombros.
En la tragedia del Jet Set, conocido como el corazón de la vida nocturna en la capital dominicana, 236 personas fallecieron, incluido el artista y más de 180 resultaron heridas.
Por el hecho, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos como medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, así como impedimento de salida del país y presentación periódica, al tiempo que declaró el caso como complejo, dado el volumen de víctimas, pruebas y denuncias involucradas.
En memoria de las víctimas, el 8 de cada mes se realiza una misa en su honor, en la denominada “zona cero”.
La masacre de La Barranquita (10 de septiembre)
En una plaza ubicada en el sector La Barranquita, provincia Santiago, cinco hombres perdieron la vida tras un presunto enfrentamiento a tiros entre ellos y la Policía Nacional, según las primeras declaraciones de la institución.
De acuerdo con la institución del orden, Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, estaban vinculados al narcotráfico y otros delitos, llegaron al lugar a bordo de un automóvil y cuando fueron alcanzados por una patrulla policial se originó el “intercambio de disparos”.
Esta versión fue desmentida por los familiares y allegados a las víctimas, así como por los resultados de la autopsia toxicología y balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales indicaron que los fallecidos no dispararon armas de fuego y no tenían sustancias controladas en su organismo.
Por el caso, y tras el escándalo, el 30 de septiembre el Ministerio Público arrestó a 11 miembros de la Policía Nacional vinculados al hecho.
Los apresados fueron identificados como el mayor policial Álvaro Paredes Paniagua, José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrian Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.
También, el mayor Hansel M. Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.
El 14 de octubre, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra cuatro de los agentes de la Policía, a cumplirse en el Centro de Operaciones Especiales, en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
Mientras que contra los otros siete, ordenó el pago de una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Muerte de Stephora Anne- Mircie Joseph (14 de noviembre)
El 14 de noviembre, durante una excursión escolar, Stephora Anne- Mircie Joseph, de 11 años perdió la vida tras ahogarse en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, provincia Santiago.
Según el Ministerio Público el Instituto Leonardo Da Vinci -centro educativo que organizó la excursión- movilizó 87 niños bajo la custodia de tres cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar.
Tampoco llevaron salvavidas, ni preguntaron a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.
La muerte de Stephora ocupó los titulares de rotativos y noticiarios durante días, así como un sinnúmero de publicaciones en redes sociales, exigiendo justicia por la muerte de la niña.
Por el caso, el cual recibió la calificación jurídica de homicidio involuntario, figuran como imputadas Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, todas con funciones directivas u orientadoras en el centro educativo.
El 10 de diciembre, la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, impuso contra las imputadas una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento a salir del país.
El órgano acusador había solicitado la imposición de una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.
Haití, EE. UU. y el narcotráfico
Migración y deportaciones
El 6 abril, el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas con la finalidad fortalecer la labor contra migración irregular, entre ellas se destaca la orden al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) de exigir a los migrantes irregulares: identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria, así como una tarifa para todos los servicios brindados. En caso de no presentar estos documentos, los extranjeros son atendidos por el personal médico y luego son trasladados por miembros de la Dirección General de Migración (DGM) con fines de ser repatriados.
El protocolo, vigente en 33 hospitales, es criticado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por Amnistía Internacional (AI).
La implementación de estas medidas, el 21 de abril generó miedo entre los indocumentados haitianos, por lo que muchos dejaron de presentarse a sus puestos de trabajo y asistir a los hospitales para evitar ser detenidos y deportados, decisión que le costó la vida a Lourdia Jean Pierre, de 32 años.
Lourdia, quien se encontraba en estado de gestación, optó por no acudir al hospital y decidió quedarse en casa, donde dio a luz sola y poco después murió.
Hasta el mes de octubre, más de 370.000 haitianos indocumentados habían sido deportados desde República Dominicana, en medio de denuncias de violaciones a derechos humanos y redadas masivas.
Dichas deportaciones corresponden al plan de repatriaciones anunciado en octubre de 2024, cuando el Gobierno anunció que, por semana, procesaría para su envío a Haití hasta 10,000 indocumentados de esa nación, esto con la finalidad de "reducir el exceso de población migrante" que se percibe en las comunidades dominicanas.
Encuentros por crisis haitiana (14 de mayo)
Con la finalidad de abordar la crisis haitiana y sus repercusiones directas sobre la seguridad y la migración en República Dominicana, el 14 de maño, el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, sostuvieron un encuentro en el Ministerio de Defensa.
Posterior a esta reunión, sostuvieron un nuevo encuentro en el auditorio profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde acordaron convocar a las discusiones a otros sectores a través del Consejo Económico y Social (CES).
Más adelante, el presidente se reunió por separado con los exmandatarios para profundizar las discusiones sobre la grave crisis política, económica, social y de seguridad del vecino país.
Luego de varios meses de conversaciones, el CES entregó al mandatario el denominado Informe final consolidado del diálogo por la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, resultado de las seis mesas temáticas: migración, comercio bilateral, desarrollo de comunidades fronteriza, seguridad nacional relaciones internacionales y asuntos laborales.
Acuerdo militar entre RD y EE.UU. (26 noviembre)
Al realizar una visita oficial a República Dominicana, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth acordó con el presidente Luis Abinader que Estados Unidos utilizará de manera "provisional" los aeropuertos dominicanos Internacional de las Américas (AILA) y el militar de San Isidro, como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación 'Lanza del Sur', presentada en medio de presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro y una escalada en las tensiones entre Washington y Caracas.
De acuerdo con Abinader, ambas terminales dominicanas destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico como parte de las operaciones de Washington en el Caribe.
Cuestionado sobre el alcance del acuerdo y su vigencia, el mandatario manifestó que es temporal y su vigencia se extenderá hasta abril 2026, indicando que se trata de un convenio previamente establecido y orientado exclusivamente a fortalecer las acciones de interdicción contra el narcotráfico.
Sostuvo que el acuerdo no es nuevo, sino que fue firmado originalmente en 1995 por el gobierno de ese entonces y posteriormente ratificado mediante un protocolo en 2003.
Narcotráfico en la política
Aunque la presencia del narcotráfico no es una acción novedosa en la política dominicana, en este año, los nombres de regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), saltaron a la luz por sus vínculos con el lavado de activos y al tráfico de drogas. Algunos fueron condenados, otros extraditados para enfrentar la justicia en Estados Unidos y algunos están en procesos en el territorio nacional.
El caso más reciente, debatido en los medios y la política, es el de Fabio Augusto Jorge Puras, alias Vecino, quien se desempeñó como asesor honorífico para las Zonas Francas. Jorge Puras es investigado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) por su presunta participación en operaciones ilícitas realizadas entre 2003 y 2019.
Asimismo, Gaspar Antonio Polanco Virella, alias El Grande, quien fungió como director de Servicios Públicos (2020-2022) y Recuperación de Espacios Públicos (2022-2023) de la Alcaldía del Distrito Nacional, se encuentra bajo investigación por los mismos cargos.
También, el exregidor del PRM por Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro, alias Francis o el Compadre, pasó de dirigir la sala capitular de ese municipio a figurar en el expediente de la Operación Kraken, por narcotráfico y lavado de activos. El 12 de diciembre, un juez de Santo Domingo le dictó un año de prisión preventiva.
El regidor del Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre se declaró culpable de participar en una red internacional dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Otros miembros del PRM con vínculos en el narcotráfico son: la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, el exdirector municipal Yamil Abreu, el exdiputado Miguel Gutiérrez; los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera.
El presidente del PRM, José Ignacio Paliza advirtió que existe la posibilidad de que surjan en la política del país nuevos casos relacionados al narcotráfico y el crimen organizado, al tiempo que exhortó a todas las organizaciones políticas abstenerse de encubrir dentro de sus filas casos de este tipo.
Casos de corrupción: condenas y escándalos
Condena de Alexis Medina (13 de agosto)
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpable a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, quien dirigía un entramado de corrupción.
Medina Sánchez, imputado en la Operación Antipulpo fue condenado a siete años de prisión a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y al pago de las costas penales, tras ser hallado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
Además, el hermano del expresidente y compartes fueron acusados por el Ministerio Público de haber estafado al Estado Dominicano con casi 4 mil millones de pesos.
Al salir de la sala de audiencias, Medina Sánchez se limitó a decir que apelarán la sentencia.
Irregularidades en Senasa (13 de septiembre)
El 13 de septiembre, por instrucciones del presidente Luis Abinader, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, entregaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un informe con “graves hallazgos” de irregularidades detectadas en Senasa.
La investigación, en la que también participaron la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, salió a la luz a raíz de denuncias de los programas de televisión Reporte Especial con Julissa Céspedes y Nuria, investigación periodística que expusieron un supuesto esquema de corrupción que involucraría a funcionarios, exfuncionarios y médicos.
El sábado 6 de diciembre, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, en la cual figuran personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una red que habría defraudado al Senasa por más de RD$ 15,000 millones. Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la Operación Cobra, proceso de judicialización para obtener sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través de Senasa.
Durante los allanamientos fueron detenidos Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (exdirector ejecutivo del Senasa), Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Germán Rafael Robles Quiñones (exconsultor jurídico), Francisco Iván Minaya Pérez (exgerente de Salud) y los empresarios suplidores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Ada Ledesma Ubiera.
Para el lunes 8 de diciembre, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra el exdirector de Senasa y otros nueve involucrados, contra quienes pidió 18 meses de prisión preventiva, por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El domingo 14, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Hazim y otros seis implicados. Mientras que, otros tres fueron favorecidos a cumplir sentencia con arresto domiciliario tras acceder a colaborar con la investigación y admitir que le pagaron sobornos a Hazim, así como a otros funcionarios de esa entidad.
Apagón nacional (11 de noviembre)
El martes 11 de noviembre, República Dominica sufrió un apagón nacional, a causa de una avería originada tras la salida de operación de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís y de la Central Eléctrica Quisqueya en el sistema de transmisión, lo que afectó diversos servicios, entre ellos el metro y el teleférico de Santo Domingo.
Debido a la suspensión del metro y teleférico, decenas de usuarios utilizaron transportes alternativos, como las guaguas voladoras, motoconchos y otros caminaron hasta sus hogares.
Pasadas las 2:20 a.m. del miércoles 12, el total de las plantas en generación estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100 %, abasteciendo así el 96 % de la demanda registrada a esa hora.
La situación generó una oleada de críticas contra el gobierno, en especial contra la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), debido a que no entró en funcionamiento el sistema de respaldo eléctrico del metro de Santo Domingo, dejando varados a miles de usuarios.
La situación el valió el puesto al director de la Opret, Rafael Santos Pérez, quien fue destituido el 16 de noviembre, a casi una semana del apagón general, por el presidente de la República, Luis Abinader. En su lugar designó a Jhael Isa Tavárez como nuevo titular de esa institución.
También, el mismo día, el presidente Abinader destituyó a Martín Robles Morillo como administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y en su lugar designó a Antonio Alfonso Rodríguez Tejada, mediante el decreto 635-25.
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