El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra cuatro integrantes del Colegio Leonardo Da Vinci por su presunta responsabilidad en la muerte por ahogamiento de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión en Gurabo.
La solicitud fue presentada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago y plantea una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida, presentación periódica y uso de localizadores electrónicos.
Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, todas con funciones directivas u orientadoras en el centro educativo.
El órgano acusador calificó el hecho como homicidio involuntario, además de abandono y maltrato a menores, en violación a los artículos 319 y 351-2 del Código Penal, así como al artículo 14 de la Ley 136-03.
La niña falleció el 14 de noviembre al ahogarse en una piscina de la hacienda Los Caballos, adonde fue llevada junto a otros estudiantes del centro ubicado en la carretera Don Pedro, Santiago.
La investigación está dirigida por Wilson Camacho y Olga Diná Llaverías, bajo instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El Ministerio Público sostiene tener evidencias de que 87 niños fueron movilizados con solo tres cuidadoras, sin salvavidas, sin verificar conocimientos de natación y sin evaluar la profundidad de las piscinas.
Un video incorporado a la investigación muestra presunta negligencia de parte del personal responsable durante el desarrollo del paseo.
El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Educación una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci para detectar prácticas que pudieran vulnerar el interés superior del niño.
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