Juez decidirá este lunes si envía a juicio de fondo a los hermanos Espaillat por tragedia del Jet Set

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene previsto decidir este lunes 15 de junio de 2026 si envía o no a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La lectura de la decisión fue fijada para las 10:00 de la mañana y pondrá fin a la etapa preliminar de uno de los procesos judiciales de mayor impacto en la historia reciente de República Dominicana.

Datos sobre el caso

La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo del emblemático centro nocturno colapsó de manera repentina mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una presentación artística. El derrumbe se produjo alrededor de las 12:44 de la madrugada, atrapando a cientos de personas bajo toneladas de hormigón y estructuras metálicas.

De acuerdo con videos de vigilancia, minutos antes del desplome se registraban filtraciones de agua en distintas áreas del establecimiento. El hecho provocó una amplia operación de rescate y conmocionó a todo el país. 

Cronología

Las acciones judiciales comenzaron apenas seis días después de la tragedia. El 14 de abril de 2025, los padres y la esposa del primer teniente de la Policía Nacional Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas mortales, presentaron la primera querella penal contra los propietarios del establecimiento.

La demanda también fue dirigida contra el Estado dominicano, especialmente contra la Alcaldía del Distrito Nacional, por alegado incumplimiento de sus deberes de supervisión y fiscalización del centro nocturno.

La querella por homicidio involuntario fue presentada contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L., propietaria de la discoteca, según informó el abogado Félix Portes, representante de la familia querellante.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2025, familiares de Radhamés Alexander Mateo Sánchez, fallecido en el derrumbe, interpusieron una nueva querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra Antonio Espaillat por homicidio involuntario. En esa acción también fueron incluidos Ana Grecia López, la empresa Inversiones E y L y el Jet Set Club por los daños y perjuicios ocasionados.

Con esa nueva demanda, las querellas ascendieron a 18 y las denuncias a 24. Sin embargo, el número de acciones legales continuó aumentando a medida que avanzaban las investigaciones.

El 12 de junio de 2025, el Ministerio Público arrestó a Antonio Espaillat y a su hermana Maribel Espaillat dentro de la investigación por homicidio involuntario. Un día después, ambos permanecieron bajo arresto tras ser interrogados durante varias horas por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto a otros fiscales del caso.

Tras los interrogatorios, el abogado Miguel Valerio reconoció que sus representados enfrentaban acusaciones por homicidio involuntario. El jurista sostuvo que se trató de un hecho que nadie deseaba que ocurriera y afirmó que no existió intención de provocar la tragedia.

Para el 17 de junio de 2025, la Fiscalía del Distrito Nacional informó que las querellas y denuncias contra Antonio y Maribel Espaillat habían aumentado a 108. Entre las nuevas acciones figuraban las presentadas por Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, hijas del fallecido merenguero Rubby Pérez, quienes reclamaron justicia por la muerte de su padre.

Dos días después, el 19 de junio, la jueza Fatima Scarlette Veloz, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso a los hermanos Espaillat una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica como medidas de coerción.

Mientras avanzaba el proceso judicial, el Gobierno implementó medidas de apoyo para las familias afectadas. El 15 de julio de 2025, la Comisión Interinstitucional encabezada por Supérate anunció la ejecución del segundo pago del Bono de Emergencia, una ayuda de RD$30,000 mensuales durante seis meses destinada a los hogares impactados por la tragedia.

El caso también mantuvo una fuerte presencia en la opinión pública. El 8 de agosto de 2025, el profesor Eduardo Vargas expresó su preocupación por el estado de abandono de la estructura donde operaba la discoteca, calificándola como un "símbolo persistente de dolor colectivo" y advirtiendo sobre el impacto emocional que continuaba generando entre residentes y familiares de las víctimas.

El 25 de enero, el Movimiento Justicia por el Jet Set realizó una manifestación para reclamar respuestas y sanciones por las muertes ocurridas en el colapso.

Posteriormente, el 16 de marzo de 2026, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició el conocimiento de la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, etapa en la que el Ministerio Público presentó formalmente su acusación.

El 12 de abril de 2026, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, garantizó que haría lo necesario para evitar retrasos en el proceso judicial. Más adelante, el 17 de mayo de 2026, integrantes del Movimiento Justicia Jet Set volvieron a las calles para exigir celeridad y justicia para las víctimas.