El Caso Coral investiga el presunto desvío de más de RD$4,500 millones de fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), durante la administración anterior.
El Ministerio Público sostiene que la estructura, presuntamente encabezada por el general Adán Cáceres Silvestre, operó mediante nóminas irregulares, compras ficticias, empresas de fachada y operaciones de lavado de activos. En el banquillo: 48 imputados, entre personas físicas y 18 personas jurídicas.
El tribunal del Caso Coral: tres magistradas
Un dato que no es menor: el fallo de hoy será pronunciado por un tribunal integrado exclusivamente por mujeres.
Magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, presidenta del tribunal. Egresada de la UASD, ingresó al Poder Judicial en 1999 y ocupa la presidencia del Primer Tribunal Colegiado desde 2011. Tiene formaciones especializadas en derecho constitucional, penal económico, lavado de activos, extinción de dominio, ciberdelincuencia e inteligencia artificial aplicada a la justicia.
Magistrada Tania H. Yunes Sánchez, jueza sustituta de la presidencia. Ingresó al Poder Judicial en el año 2000 como oficinista y ascendió por concurso hasta su posición actual. Cuenta con formaciones en lavado de activos, extinción de dominio, trata de personas y perspectiva de género en la función judicial, obtenidas en la Escuela Nacional de la Judicatura y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Magistrada Jissel Y. Naranjo Tejada, jueza de primera instancia. Egresada de la PUCMM, ingresó al Poder Judicial en 2011 y fue trasladada al Primer Tribunal Colegiado en 2018. Tiene maestrías en derecho constitucional, derecho judicial y derecho administrativo.
Cronología del Caso Coral: cinco años para llegar a este momento
2021. Los arrestos El 24 de abril de 2021, el Ministerio Público ejecutó los primeros arrestos: Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán, Tanner Flete, Alejandro Montero y Raúl Girón. En noviembre de ese año se sumó un segundo grupo de imputados, incluyendo a Juan Carlos Torres Robiou.
2022. La acusación formal El 4 de mayo de 2022 se depositó la acusación formal. El 12 de diciembre comenzó la audiencia preliminar, precedida de múltiples incidentes procesales, incluyendo recusaciones a juezas y solicitudes de fusión de causas.
2023. Apertura a juicio El 10 de julio de 2023, el tribunal dictó auto de apertura a juicio contra 47 imputados. El juicio de fondo comenzó formalmente el 26 de octubre de ese año.
2024. El desarrollo del juicio Tras varios aplazamientos, el juicio retomó impulso el 27 de junio de 2024. Entre julio y septiembre se completó la lectura de la acusación y se procesaron variaciones de medidas de coerción para los principales imputados.
2025. Las pruebas El 21 de agosto de 2025 concluyó la presentación de pruebas: 2,201 documentales, 141 peritajes, 282 testigos y 184 pruebas procesales. La defensa de Cáceres presentó dos solicitudes de extinción de la acción penal —en marzo y mayo— que fueron rechazadas en ambas ocasiones.
2026. Las conclusiones y el estado de fallo El 3 de febrero de 2026, el Ministerio Público presentó sus conclusiones: solicitó hasta 20 años de prisión para los principales imputados y una reparación civil de RD$20,974 millones. El 16 de abril, el tribunal cerró el juicio y el expediente pasó a estado de fallo. Hoy, 15 de junio, se dicta la sentencia.
Lo que pide el Ministerio Público para acusados del Caso Coral
- Hasta 20 años de prisión para los imputados principales.
- Reparación civil de RD$20,974 millones al Estado dominicano.
- La acusación abarca delitos de corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores y falsedad en documentos, entre otros.
Lo que dice la defensa del Caso Coral
Los abogados de varios imputados han expresado confianza en un fallo favorable. La defensa de Adán Cáceres intentó en dos ocasiones —sin éxito— que el tribunal declarara extinguida la acción penal por vencimiento de plazos. El 26 de febrero de 2026, la Corte de Apelación confirmó el rechazo definitivo a esa solicitud.
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