La audiencia final del caso Coral y Coral 5G, iniciada la tarde del lunes 15 de junio, se extendía todavía pasadas las 2:00 de la madrugada de este martes, en medio de una prolongada lectura del fallo, varios recesos y una sala marcada por la expectativa sobre la suerte judicial de militares, policías y civiles acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa.
El proceso, seguido ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tiene como principales imputados al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial; el coronel Rafael Núñez de Aza; los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista; además de Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán y otros civiles y militares vinculados al expediente.
La jornada estaba pautada para las 3:00 de la tarde, aunque la lectura inició cerca de las 3:25 p. m. Desde entonces, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo han ido exponiendo los fundamentos de su decisión en un expediente que involucra acusaciones de desfalco, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores y uso irregular de fondos públicos.
Una lectura marcada por recesos
Durante la jornada, el tribunal dispuso varias pausas. En horas de la noche, la audiencia fue recesada por un período de 30 minutos, luego de más de cuatro horas de lectura continua. Antes de esa pausa, ya se habían producido tres recesos breves de aproximadamente 10 minutos cada uno.
También se reportó un receso vinculado a la espera del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado testigo clave y delator del proceso, cuya presencia ha sido relevante desde el inicio del expediente por sus declaraciones sobre el supuesto funcionamiento interno de la red.
Al reanudarse la audiencia, el tribunal continuó con la lectura de aspectos relacionados con enriquecimiento ilícito, desfalco y lavado de activos, puntos centrales de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Rechazan incidentes de extinción
Uno de los momentos importantes de la audiencia fue el rechazo de los incidentes presentados por las defensas técnicas, que buscaban la extinción de la acción penal. Con esa decisión, el tribunal mantuvo vigente el proceso y continuó con la lectura de la sentencia.
Las defensas habían alegado, en distintos momentos del juicio, que el proceso debía extinguirse por el tiempo transcurrido y por supuestas violaciones procesales. Sin embargo, el tribunal rechazó esos planteamientos y avanzó hacia el conocimiento del fondo de la decisión.
El núcleo de la acusación
El Ministerio Público sostiene que el entramado habría operado desde instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, desde donde, según la acusación, se habrían sustraído fondos públicos mediante nóminas irregulares, pagos simulados, uso de empresas, operaciones financieras y adquisición de bienes.
La acusación atribuye al grupo un presunto desfalco superior a RD$4,500 millones, recursos que, de acuerdo con el órgano persecutor, fueron utilizados para beneficio personal de los imputados y para la compra de propiedades, vehículos, empresas y otros activos.
En el caso de Adán Cáceres, el tribunal ha venido ponderando elementos vinculados a su patrimonio, movimientos financieros y adquisición de bienes. Durante la lectura, se señalaron presuntas incongruencias entre sus ingresos formales y los compromisos financieros asumidos tras su llegada al CUSEP.
El Ministerio Público plantea que Cáceres encabezaba la estructura, mientras que Rafael Núñez de Aza habría desempeñado un papel financiero clave dentro del entramado. A otros imputados se les atribuyen funciones relacionadas con el manejo de fondos, empresas, nóminas, testaferrato, ocultamiento de bienes o colaboración operativa.
Rossy Guzmán y otros civiles en el expediente
Rossy Guzmán Sánchez, una de las figuras más conocidas del caso, ha sido señalada por el Ministerio Público como parte del presunto esquema de ocultamiento y lavado de activos. La acusación la vincula a estructuras empresariales y operaciones que, según el órgano acusador, habrían servido para introducir al sistema económico bienes adquiridos con fondos ilícitos.
Su hijo, Tanner Antonio Flete Guzmán, también figura en el expediente. Ambos han negado los hechos y sus defensas han solicitado absolución, alegando que la acusación no logró destruir la presunción de inocencia.
Las penas solicitadas
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa solicitó penas de hasta 20 años de prisión para los principales imputados, entre ellos Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
Para Rossy Guzmán Sánchez y otros imputados, el Ministerio Público pidió 15 años de prisión y el pago de multas equivalentes a cientos de salarios mínimos. En el caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, por su condición de colaborador y testigo clave, la solicitud fue menor.
Además de las condenas penales, el Ministerio Público y el Estado dominicano han solicitado el decomiso de bienes y una reparación económica millonaria, bajo el argumento de que el patrimonio acumulado por la red provendría de fondos sustraídos al erario.
Un juicio de alto volumen
El caso Coral inició en abril de 2021 con los primeros arrestos y luego se amplió con Coral 5G, operación que incorporó a otros altos oficiales y civiles. Ambos expedientes fueron fusionados al entenderse que formaban parte de una misma estructura criminal.
El juicio de fondo ha sido uno de los procesos más voluminosos de los últimos años, con decenas de imputados, miles de documentos, peritajes, testimonios y numerosas audiencias. El expediente pasó por etapas de aplazamientos, incidentes, recursos y debates técnicos antes de quedar en estado de fallo.
La sentencia que se lee desde la tarde del lunes representa un punto decisivo para el Ministerio Público, las defensas y el sistema judicial dominicano, no solo por el monto atribuido al presunto desfalco, sino también por el perfil de los imputados y el impacto institucional del caso.
Al cierre de esta nota, pasadas las 2:00 de la madrugada del martes, la audiencia aún no había concluido y el tribunal continuaba con la lectura de la decisión.
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