Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, volvió a captar la atención este lunes (y madrugada del martes) durante la audiencia final del caso Coral, donde fue vista sonriente y visiblemente tranquila en medio de uno de los procesos judiciales por corrupción más extensos y mediáticos de los últimos años en República Dominicana.
Las imágenes muestran a Guzmán con una actitud relajada dentro del tribunal, mientras el proceso se acerca a una decisión clave sobre los principales imputados en el expediente Coral y Coral 5G, una investigación que el Ministerio Público atribuye a una presunta red de corrupción administrativa vinculada a organismos de seguridad del Estado.
Una de las principales acusadas
Rossy Guzmán figura entre los nombres más conocidos del expediente desde los primeros arrestos realizados en abril de 2021. El Ministerio Público la acusa de haber tenido un rol importante dentro del supuesto entramado, especialmente en el ocultamiento y blanqueo de fondos que, según la acusación, habrían sido sustraídos de instituciones públicas.
De acuerdo con la teoría del órgano acusador, Guzmán habría servido como vínculo administrativo de empresas relacionadas con Rafael Núñez de Aza, señalado como una pieza financiera del grupo, y con Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial y principal imputado del caso.
El Ministerio Público sostiene que esas estructuras empresariales habrían sido utilizadas para introducir al mercado bienes presuntamente adquiridos con fondos ilícitos. Entre esas compañías figura Único Real Estate, vinculada en la acusación a Guzmán y a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, también procesado en el expediente.
Coral y Coral 5G
El caso Coral inició en 2021 y luego fue fusionado con Coral 5G, al tratarse de expedientes relacionados con una presunta red que, según el Ministerio Público, habría operado desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
La acusación establece que el grupo habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, mediante mecanismos como abultamiento de nóminas, contratos simulados, uso irregular de fondos públicos y adquisición de bienes a través de terceros.
Entre los principales acusados figuran Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y otros militares, policías y civiles.
Solicitud de condena
Durante sus conclusiones, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa solicitó 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos contra Rossy Guzmán. Para otros imputados, como Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Rafael Núñez de Aza, el Ministerio Público pidió penas de hasta 20 años de cárcel.
La defensa de Guzmán ha rechazado las acusaciones y ha solicitado su absolución, alegando que el Ministerio Público no logró destruir la presunción de inocencia ni demostrar de manera suficiente los hechos que se le atribuyen.
La audiencia final marca un punto decisivo en un proceso que inició su juicio de fondo el 27 de junio de 2024 y que llega ahora a una etapa clave: la decisión del tribunal sobre la culpabilidad o absolución de los imputados y el eventual decomiso de bienes reclamados por el Estado.
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