A 14 meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 personas fallecidas y 186 heridas, el padre Rogelio Cruz reiteró este lunes el reclamo de justicia de familiares y sobrevivientes de la tragedia, al tiempo que solicitó que la calificación jurídica del caso sea modificada de homicidio involuntario a homicidio voluntario.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una misa celebrada en la denominada “zona cero”, donde familiares de las víctimas y sobrevivientes se congregaron para recordar a quienes perdieron la vida en el desplome ocurrido el 8 de abril de 2025.
Durante la actividad, organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, Cruz sostuvo que la magnitud de la tragedia exige una respuesta judicial distinta a la planteada hasta el momento por el Ministerio Público.
“El código no recoge la magnitud del caso. Pedimos que se personalice la responsabilidad por cada fallecido y cada víctima, que cambien la tipificación y que el proceso sea juzgado tomando en cuenta cada una de las vidas afectadas”, expresó.
El religioso afirmó que durante el primer año posterior al colapso, los esfuerzos de los familiares han estado centrados en exigir justicia y denunciar las debilidades del sistema judicial frente a un caso de tal dimensión.
“Estamos exigiendo un cambio en la justicia dominicana y también la variación de la medida impuesta a los hermanos Espaillat”, manifestó.
El próximo 15 de junio, el tribunal deberá decidir si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat López, señalados en el proceso judicial derivado del desplome de la estructura.
Pese al tiempo transcurrido, Cruz aseguró que los familiares mantienen la esperanza de que se haga justicia.
“Lo último que se pierde es la fe y la esperanza, porque la magnitud del caso es enorme. En cualquier lugar del país donde se habla del caso Jet Set, las personas reaccionan porque es una herida abierta para toda la sociedad”, indicó.
El sacerdote señaló que será en un eventual juicio de fondo donde el sistema judicial tendrá la responsabilidad de determinar las consecuencias legales correspondientes, en medio de uno de los casos más impactantes de la historia reciente del país.
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