A un año y un mes de la tragedia del Jet Set, familiares aún esperan justicia

Este 8 de mayo se cumple un año y un mes del colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida en 2025 que dejó 236 personas fallecidas y 174 niños y adolescentes en la orfandad, mientras familiares de las víctimas continúan reclamando justicia.

Proceso judicial

El proceso judicial se encuentra actualmente en la etapa preliminar. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reservó para el próximo 15 de junio de 2026 el fallo sobre el posible envío a juicio de fondo de Antonio y Maribel Espaillat.

Audiencia preliminar

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó más de 160 pruebas, entre ellas 84 testimoniales, 35 periciales y 40 documentales, con las que busca sustentar la acusación en torno al desplome ocurrido en el Jet Set.

Entre los testimonios más impactantes figura el de Simón Bolívar Soto Mejía, su hijo resultó víctima y lleva el mismo nombre, quien sostuvo que los hechos no constituyen un homicidio involuntario, como plantea el Ministerio Público, sino un homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual, argumentando que los responsables conocían los riesgos existentes y no actuaron para evitarlos.

Asimismo, Ana María Ramírez Peña, creadora del Movimiento Justicia por Jet Set y sobreviviente del colapso, relató el drama vivido aquella noche, donde perdió a una de sus amigas. Aseguró que nunca perdió el conocimiento y describió la escena como “un verdadero infierno”, marcada por los gritos y pedidos de auxilio de las personas atrapadas bajo los escombros.

Otro de los testimonios presentados fue el de Gregory Adames, exempleado de la discoteca y sobreviviente de la tragedia, quien afirmó ante el tribunal que los responsables del establecimiento tenían pleno conocimiento de las condiciones en que operaba el local.

Debate por nuevo peritaje marca audiencia del caso Jet Set; Ministerio Público insiste en preservar estructura

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, afirmó que el colapso del techo ya fue determinado por un peritaje que atribuye la tragedia a un sobrepeso colocado en la estructura por los administradores del centro nocturno.

Durante la audiencia del caso por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, se produjo un debate en torno a la estructura del establecimiento, luego de que la defensa de los hermanos Espaillat solicitara la realización de un nuevo peritaje técnico.

El procurador adjunto Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público, aseguró ante el tribunal que la causa del colapso “está claramente establecida” mediante un peritaje previo que atribuye el desplome a un sobrepeso colocado sobre la estructura por parte de los administradores del local.

Camacho se opuso a la petición de la defensa y sostuvo que la escena del crimen debe mantenerse “inalterable” para preservar las evidencias relacionadas con el caso. Asimismo, indicó que un nuevo peritaje “no es necesario”, debido a que las conclusiones técnicas existentes, según afirmó, ya determinan las causas de la tragedia.

El representante del Ministerio Público insistió en que cualquier alteración de la estructura podría afectar elementos clave de la investigación judicial sobre el derrumbe ocurrido en la reconocida discoteca capitalina.

Se espera que el juez se pronuncie sobre este planteamiento al momento de emitir su fallo respecto a la solicitud presentada por la defensa.

Posiciones divididas sobre la tipificación jurídica del caso

Mientras tanto, abogados de víctimas y querellantes mantienen posiciones divididas sobre la tipificación jurídica del caso.

Algunos consideran que debe existir responsabilidad penal, mientras otros entienden que el proceso terminará principalmente en el ámbito civil mediante indemnizaciones a favor de los afectados.

Uno de los planteamientos más contundentes fue realizado por el abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, quien afirmó que en el caso “habrá justicia, pero no como la gente espera”, al considerar poco probable que el proceso concluya con condenas de prisión para los imputados.

No obstante, el jurista sostuvo que sí corresponde una reparación económica por los daños ocasionados a las víctimas y sus familiares. En ese sentido, informó que en la querella presentada por sus representadas se reclama una indemnización ascendente a 100 millones de pesos.

Por otro lado, el abogado José Paula manifestó su desacuerdo con la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que atribuye homicidio involuntario conforme al artículo 319 del Código Penal.

El jurista explicó que dicho artículo requiere elementos como imprudencia, inadvertencia e inobservancia de reglamentos, condiciones que, a su juicio, no se configuran plenamente en el proceso seguido contra Antonio Espaillat.

José Paula argumentó que no existió una acción directa que provocara el hecho, sino una posible omisión, razón por la que entiende que el caso debe analizarse desde la responsabilidad civil establecida en el artículo 1386 del Código Civil y no desde el ámbito penal.

En medio del dolor y la espera, las redes sociales se han convertido en un espacio de solidaridad y reclamo colectivo, donde ciudadanos cuestionan la respuesta institucional y expresan preocupación por una posible impunidad en uno de los casos más trágicos ocurridos en República Dominicana.