El procurador adjunto Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público, aseguró que el colapso del techo de la discoteca Jet Set “está claramente establecido” por un peritaje que atribuye la causa a un sobrepeso colocado en la estructura por parte de los administradores del local.
Sus declaraciones se produjeron al finalizar la audiencia de este primero de mayo, en la que también se abordaron reclamos de las víctimas, la pertinencia de nuevas pruebas y la discusión técnica sobre la calificación jurídica del caso.
Camacho afirmó que, desde el inicio del proceso, el Ministerio Público hizo “todo lo que le ha permitido la ley”, primero “recabando y preservando los elementos de prueba” y luego con la designación de una comisión de peritos, que incluyó “un perito internacional”, para determinar la causa del colapso. Según expuso, la conclusión del peritaje es que el derrumbe se debió al “sobrepeso que los administradores de la discoteca le colocaron al techo”, un punto que calificó como “claramente establecido” por la evidencia técnica.
Uno de los puntos de fricción fue la posibilidad de un peritaje de la defensa. El fiscal rechazó esa opción y dijo que “no hay ninguna razón” ni “ninguna necesidad” de una nueva experticia.
Durante la jornada, el Ministerio Público también pidió que el tribunal escuchara a todas las víctimas, al considerar que tienen derecho a ser oídas y que este paso forma parte de un componente de reparación. Camacho informó que el juez fijó para el 15 de junio a las 10:00 de la mañana la lectura del fallo del proceso, al tratarse —según indicó— de un caso de “tramitación compleja”, lo que permite al tribunal tomarse ese tiempo conforme a la norma.
Uno de los puntos de fricción fue la posibilidad de un peritaje de la defensa. El fiscal rechazó esa opción y dijo que “no hay ninguna razón” ni “ninguna necesidad” de una nueva experticia. Argumentó, en primer lugar, que las causas del colapso ya están determinadas. Y, en segundo término, sostuvo que la propia defensa “se acogió a los hechos planteados por el Ministerio Público y a las pruebas del Ministerio Público, incluyendo el peritaje”, por lo que (según sus palabras) otro peritaje resultaría “simple y llanamente impertinente”.
Camacho afirmó que, desde el inicio del proceso, el Ministerio Público hizo “todo lo que le ha permitido la ley”, primero “recabando y preservando los elementos de prueba” y luego con la designación de una comisión de peritos, que incluyó “un perito internacional”
De cara a lo que viene, Camacho dijo que espera una decisión de envío a juicio para continuar reclamando justicia “dentro de los parámetros que exige la norma”. Sin embargo, planteó una limitación: “lamentablemente”, señaló, las condiciones del Código Penal vigente, al que describió como de “más de ciento cuarenta años”, dificultan correlacionar la sanción prevista con “el dolor” vivido por “cientos de víctimas” que resultaron afectadas por la “irresponsabilidad” y la “negligencia extrema” de los administradores. Aun así, aseguró que el Ministerio Público procurará “el máximo de las sanciones, exactamente como lo establece la ley”.
Consultado sobre si podría modificarse la calificación jurídica, el fiscal respondió que ese punto queda “ahora a criterio del tribunal”, que deberá definir con qué calificación envía el caso al juicio. En su explicación, Camacho aludió a confusiones técnicas vinculadas al elemento del “conocimiento” (“conocer las posibles consecuencias”), que aparece tanto en el dolo eventual como en la culpa consciente. Pero subrayó que, a su entender, el caso no se resuelve solo en el conocimiento, sino en la “representación del daño”.
En esa línea, sostuvo que, conforme a la prueba reunida, la conclusión del Ministerio Público es una tipificación de culpa consciente, y expresó su expectativa de que el tribunal envíe el caso a juicio sobre esa base.
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