Han transcurrido 426 días desde el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y 186 heridas; y de familiares de las víctimas y sobrevivientes continúan exigiendo justicia y reclaman que el caso no quede impune.
El próximo 15 de junio, el tribunal deberá decidir si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat López, señalados en el proceso judicial derivado del desplome de la estructura.
Como parte de las actividades de recordación, este 8 de junio a las 10:00 de la mañana familiares de fallecidos y sobrevivientes se reunirán en la denominada zona cero para celebrar una misa en memoria de quienes perdieron la vida en la tragedia.
Reclaman cambio en la calificación jurídica del caso
Los familiares agrupados en el Movimiento Justicia Jet Set insisten en que la calificación jurídica del expediente debe ser modificada de homicidio involuntario a homicidio voluntario.
El pasado 17 de mayo, la organización realizó una marcha que partió desde el Parque Independencia y recorrió varias calles de Santo Domingo hasta llegar al Palacio de Justicia.
Durante la manifestación, familiares de víctimas, sobrevivientes y ciudadanos reiteraron su exigencia de justicia y solicitaron la variación de la tipificación penal del caso.
Informes periciales presentan conclusiones diferentes sobre las causas del colapso
El 26 de mayo se conoció un informe pericial independiente depositado ante el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que concluyó que el colapso del techo de Jet Set habría sido provocado por una combinación de defectos de construcción y un deterioro progresivo de los elementos estructurales, descartando que una sobrecarga fuera la causa principal del desplome.
El estudio fue solicitado por Antonio y Maribel Espaillat a través de sus abogados, Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, quienes cuestionan las conclusiones del peritaje presentado por el Ministerio Público.
Según el documento, elaborado por especialistas de las firmas internacionales Wiss, Janney, Elstner Associates, Exponent y Structures & Inspections Engineering, las cargas adicionales existentes sobre el techo no habrían sido suficientes para provocar el colapso si las vigas hubiesen sido construidas correctamente y no presentaran daños acumulados.
Los expertos sostienen que la causa más probable fue la combinación de deficiencias constructivas desde el diseño original y un proceso gradual de deterioro que produjo fracturas en los tendones del sistema de postensado, debilitando progresivamente la capacidad de carga de la estructura.
Ministerio Público sostiene que hubo sobrecarga en el techo
Por su parte, el Ministerio Público presentó un informe elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), en el que se establece que el colapso se produjo por un fallo en las vigas causado por una presunta sobrecarga de equipos e instalaciones agregadas en los últimos años sobre el techo de la discoteca.
Las diferencias entre ambos peritajes forman parte de los elementos que serán evaluados dentro del proceso judicial.
La madrugada que conmocionó al país
La madrugada del 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó de manera repentina durante una actividad nocturna. En cuestión de segundos, la celebración se convirtió en una escena de caos, con decenas de personas atrapadas entre los escombros.
Tras el derrumbe, organismos de socorro, personal médico, policías y voluntarios acudieron al lugar para rescatar sobrevivientes y trasladar heridos a distintos centros de salud del Gran Santo Domingo.
Con el paso de los días se confirmó la magnitud de la tragedia: 236 fallecidos y más de 180 heridos, cifras que convirtieron el hecho en una de las mayores tragedias ocurridas en la historia reciente de la República Dominicana.
Dolor, denuncias y búsqueda de respuestas
Durante las jornadas posteriores al siniestro, familiares permanecieron durante horas y días en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a la espera de la entrega de los cuerpos de sus seres queridos.
Algunos denunciaron falta de información clara y alegadas desigualdades en los procedimientos de entrega de cadáveres, mientras otros reclamaban poder despedirse de sus familiares fallecidos.
Posteriormente, familiares de víctimas mortales y personas heridas interpusieron querellas formales con el objetivo de establecer responsabilidades penales y civiles por lo ocurrido.
Actualmente, Antonio y Maribel Espaillat enfrentan el proceso bajo la imputación de homicidio involuntario y tienen como medidas de coerción una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales.
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