Estas son las personas absueltas y condenadas en la sentencia del Caso Coral

La sentencia del Caso Coral no solo dejó condenas de hasta 20 años de prisión contra varios de los principales acusados, sino que también absolvió a siete personas físicas y jurídicas que figuraban en el expediente presentado por el Ministerio Público.

Las personas absueltas son:

Miguel Alfredo Ventura Pichardo.
Eric Daniel Pereyra Núñez.
Tanner Antonio Flete Guzmán.
Guillermo de Jesús Torres Robiou.
Enmanuel Antonio Alba Trinidad.
Santiago Antonio Suárez Peguero.
Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.

El tribunal determinó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para establecer responsabilidad penal en contra de estos imputados.

En contraste, la decisión judicial condenó a 19 personas por corrupción administrativa, lavado de activos y otros delitos vinculados a la estructura encabezada por el exjefe de seguridad presidencial, Adán Benoni Cáceres Silvestre.

Entre los condenados a 20 años de prisión figuran Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza.

Asimismo, fueron condenados a 15 años de prisión Julio Camilo de los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”.

Otras siete personas recibieron penas de 10 años de prisión, mientras que ocho fueron condenadas a cinco años y tres más a tres años de cárcel, aunque algunas de estas sanciones fueron suspendidas por el tribunal.

Generales condenados no podrán ser retirados hasta que la sentencia sea definitiva

La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que el retiro forzoso o la cancelación de un nombramiento solo procede cuando exista una decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

A pesar de haber sido condenados los generales retirados Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); y Boanerges Reyes Bautista, no podrán ser retirados de manera definitiva de las Fuerzas Armadas hasta que la sentencia adquiera carácter firme.

Según lo establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 139-13, para disponer el retiro forzoso o la cancelación del nombramiento de un miembro de los cuerpos armados sometido a un proceso judicial es necesario que exista una decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

Los oficiales fueron suspendidos de sus funciones en abril de 2021, cuando el Ministerio Público puso en marcha las operaciones Coral y Coral 5G.

Mientras el proceso judicial continúe abierto y la sentencia no sea definitiva, los generales permanecen en nómina y continúan recibiendo los salarios correspondientes a sus rangos, así como otros beneficios institucionales.

Entre las prerrogativas que mantienen figuran la asignación de personal militar para labores de seguridad y asistencia, el porte de armas de reglamento y, en determinados casos, el uso de vehículos oficiales, beneficios vinculados a su condición de oficiales generales dentro de las Fuerzas Armadas.

Además de las condenas, las juezas ordenaron el decomiso de 160 inmuebles, 115 vehículos, armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos y más de RD$39 millones y US$283 mil en efectivo, así como la disolución de seis empresas utilizadas para las operaciones de la red.

Algunos de los bienes muebles e inmuebles decomisados

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de una extensa cantidad de bienes muebles e inmuebles relacionados con los condenados del caso Coral, como parte de las sanciones impuestas tras establecer la existencia de una red de corrupción que operó desde instituciones militares y policiales para desviar fondos públicos.

La decisión judicial abarca más de 190 bienes, entre los que figuran armas de fuego de distintos calibres, escopetas, rifles, cientos de municiones, equipos de polígrafo, drones, dispositivos de vigilancia, computadoras, servidores, teléfonos celulares, discos duros, memorias digitales, tabletas electrónicas y decenas de relojes de marcas reconocidas.

Entre los bienes confiscados también se encuentran numerosos vehículos de lujo y de trabajo, incluyendo unidades de las marcas Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Jeep, Chevrolet, Ford, Nissan, Hyundai, Mitsubishi y Honda, así como camiones cisterna, patanas, autobuses, montacargas, retroexcavadoras, palas mecánicas, rodillos y otros equipos pesados utilizados por empresas vinculadas a los acusados.

La sentencia ordena además la transferencia al Estado de importantes sumas de dinero ocupadas durante la investigación, entre ellas más de RD$7.8 millones en efectivo, cientos de miles de pesos adicionales y decenas de miles de dólares estadounidenses depositados en cuentas administradas por la Procuraduría General de la República.

Plaza Randa Internacional y decenas de locales comerciales

Dentro de los inmuebles decomisados destaca la Plaza Randa Internacional, ubicada en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte, en el municipio Los Alcarrizos, junto a decenas de locales comerciales distribuidos en los cuatro niveles de ese complejo inmobiliario.

La medida también alcanza varios terrenos y edificaciones registradas a nombre de empresas vinculadas al entramado de corrupción, incluyendo propiedades pertenecientes a Randa International Company, E.I.R.L.
Granja avícola y terrenos agrícolas

El tribunal igualmente dispuso el decomiso de una propiedad ubicada en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, donde funciona una granja avícola y ganadera junto a terrenos destinados a la producción agrícola.

Asimismo, fueron confiscados terrenos de gran extensión en Villa Riva, provincia Duarte, además de otras propiedades inmobiliarias utilizadas para inversiones y actividades comerciales.
Apartamentos y propiedades residenciales

La sentencia incluye varios apartamentos ubicados en el Condominio Residencial LP8, en Santo Domingo Oeste, así como otras propiedades residenciales identificadas durante las pesquisas patrimoniales realizadas por el Ministerio Público.

Equipos tecnológicos y documentación

Entre los bienes ocupados figuran servidores de almacenamiento de datos, sistemas DVR, computadoras de escritorio, laptops, iPads, teléfonos inteligentes, discos duros con capacidades de hasta 10.9 terabytes, memorias USB y equipos informáticos que fueron utilizados como evidencia durante el proceso.

También fueron decomisados decenas de sellos gomígrafos pertenecientes a instituciones militares, policiales y organismos públicos, así como documentos, tarjetas bancarias y otros materiales que, según la acusación, eran utilizados para sustentar operaciones fraudulentas dentro de la estructura.

La sentencia constituye uno de los fallos más trascendentales en materia de corrupción administrativa en República Dominicana, al combinar severas condenas con absoluciones para aquellos acusados cuya responsabilidad no pudo ser probada durante el juicio.