El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dijo hoy lunes 15 de mayo durante el fallo de los casos Coral y Coral 5G que las pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaron un esquema de desvío sistemático de fondos públicos provenientes de las nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Esos recursos, sostuvo, posteriormente fueron utilizados para la adquisición de bienes y el pago de gastos personales de los implicados en los casos Coral y Coral 5G.
La evidencia permitió determinar que parte de los fondos sustraídos fue utilizada para beneficiar a Esmeralda Ortega Polanco, incluyendo la compra de un teléfono iPhone, así como otros gastos relacionados con su esposo.
Durante la motivación de la sentencia, la jueza Jissel Naranjo explicó que una de las modalidades empleadas para movilizar los recursos consistía en retiros de efectivo realizados por Rafael Núñez de Aza, en montos que llegaban hasta los RD$2 millones.
Según estableció el tribunal, parte de esos recursos era retirada en efectivo y entregada a Esmeralda Ortega Polanco, entonces gerente de una entidad bancaria ubicada en la avenida Venezuela.
Los retiros vinculados a viáticos y gestiones administrativas se efectuaban en sucursales bancarias localizadas en las avenidas Venezuela y Winston Churchill.
La magistrada indicó que la participación de los imputados no fue acreditada únicamente mediante testimonios, sino también a través de pruebas documentales, incluyendo nóminas correspondientes al período 2018-2020, depositadas ante el tribunal y firmadas por Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza.
Naranjo afirmó que el órgano acusador logró demostrar la desaparición y manipulación de recursos de nómina entre los años 2012 y 2020, así como la realización de pagos irregulares con fondos públicos.
Desfalco de RD$92 millones mediante empresas y cheques
Al continuar la lectura de la decisión, la jueza Tania Yunes detalló que otra de las maniobras identificadas por el tribunal involucraba pagos relacionados con materiales, combustibles, servicios, artículos deportivos y materiales gastables de oficina.
De acuerdo con la sentencia, Rossy Guzmán Sánchez realizaba pagos vinculados a estas operaciones, mientras que Rafael Núñez de Aza y Juan Carlos Torres Robiou participaron en un esquema que provocó un desfalco de aproximadamente RD$92 millones al Estado dominicano.
La magistrada explicó que los recursos eran retirados mediante cheques y canalizados a través de empresas que simulaban operaciones comerciales legítimas para justificar la salida de fondos. Según estableció el tribunal, dichas operaciones beneficiaban a Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza.
Además, las juezas determinaron que algunos de los cheques utilizados en las transacciones eran firmados en blanco, sin que se consignaran previamente los montos correspondientes.
Pruebas documentales respaldaron la acusación
Las juezas concluyeron que la documentación financiera, los registros de nómina, los movimientos bancarios y los testimonios incorporados al proceso permitieron establecer la participación de los imputados en un entramado destinado a sustraer recursos públicos del CUSEP y el Cestur.
Según la decisión, las pruebas permitieron determinar que los fondos desviados fueron utilizados para la adquisición de bienes, el pago de gastos personales y otras operaciones ajenas a los fines institucionales, quedando acreditada la participación de los acusados en el esquema de corrupción.
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