Sin reservas hay que admitir que la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que decidió el juzgamiento de las personas imputadas por el Ministerio Público en el caso Coral y Coral 5G, representa un respiro en la voluntad y decisión del pueblo dominicano, en este caso representado por tres magistradas, de devolver la confianza en la lucha contra la corrupción y el abuso de las instituciones del Estado para enriquecerse.
La magnitud del trabajo de las juezas de ese tribunal, Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, es impresionante. Se ocuparon de redactar una sentencia voluminosa, detallada y explicativa de las razones por las que, en cada caso, aplicaron sentencias y sanciones a las personas imputadas, comenzando por el general Adán Cáceres Silvestre, entonces jefe de la seguridad del presidente de la República (CUSEP), Danilo Medina.
Cinco personas fueron condenadas a 20 años de cárcel: Adán Cáceres, jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Juan Carlos Torres Robiu, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Rafael Núñez de Aza, gerente Financiero del CUSEP, Boanerges Reyes Batista, Subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), y Franklin Mata Flores, encargado de Avanzada del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
Todos los condenados a 20 años son generales de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas Dominicanas o Ministerio de Defensa.
Y para que no haya excepciones, porque en este caso no lo hubo, una pastora evangélica, que gestionaba una iglesia, y que incluyó a su propio hijo en una operación fraudulenta, la señora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, también recibieron iguales penas de 10 años de prisión, por su participación en las acciones fraudulentas.
Válido es reconocer que con sus actuaciones cada uno de estos oficiales, se apoderaban de los presupuestos de distintas instituciones, creaban nóminas fabricadas, cobraban recursos que no correspondían por miles de millones de pesos, y con ello, endilgaban una responsabilidad a sus superiores tanto en el Ministerio de Defensa como en el Palacio Nacional. Por tanto, además de los fraudes y actuaciones vergonzosas descritas por el Ministerio Público, estos oficiales traicionaron la confianza que les otorgaron el presidente de la República y sus superiores militares.
La lectura de la sentencia tardó muchas horas, pues comenzó en la tarde de este lunes y concluyó a las 3 de la madrugada del martes.
Las condenas son ejemplares y se convertirán en firmes luego de conocerse y decidirse los recursos de apelación por parte de los organismos judiciales superiores, incluyendo la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, si fuera necesario.
Ejemplar también es que el tribunal dispuso el decomiso inmediato de los bienes que fueron comprobados como obtenidos con dinero ilícito. También ordenó que los condenados paguen RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano.
La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional devuelve la confianza en una justicia que ha sido débil al momento de decidir grandes casos de abusos contra los fondos públicos y el lavado de activos. La demanda de la sociedad ha sido persistente, pero dependiendo de la calidad de las acusaciones, de los huecos que pudieran quedar en los expedientes y de las vertientes y estrategias jurídicas de los imputados, los tribunales han sido dubitativos al momento de aplicar condenas.
Hay en curso estrategias muy claras, porque carecen de consistencia jurídicas, que buscan desesperadamente la extinción penal y la anulación de los cargos en su contra porque el tiempo transcurrido supera al que establece el Código Penal para poner fin a un proceso judicial. Los tribunales han interpretado, de forma lógica, que la responsabilidad de los imputados en la extensión de los procesos es un punto claro de dilación y una excusa no valedera para terminar con casos que tienen montañas de pruebas contra los investigados e imputados, incluyendo los testimonios de docenas de participantes admitiendo la responsabilidad de sus actuaciones ilegales.
Felicitamos al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por esta oportuna y valiente decisión.
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