Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional explicaron este lunes que la duración del juicio de los casos Coral y Coral 5G respondió a la complejidad del proceso, el elevado volumen de pruebas y la cantidad de imputados involucrados.
Al emitir su decisión, las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo señalaron que el proceso inició el 27 de junio de 2024 y se desarrolló a lo largo de 121 audiencias. Tras el cierre de los debates el pasado 16 de abril, el tribunal dedicó varias semanas a la deliberación antes de dar a conocer el fallo este 15 de junio.
Las juezas indicaron que durante el juicio fueron examinadas 4,081 pruebas documentales, aunque aclararon que esa cifra no refleja la verdadera dimensión del material probatorio analizado. Explicaron que muchos informes de fiscalización incorporaban anexos digitales con grandes volúmenes de documentos, incluyendo informaciones bancarias de todos los imputados y de otras personas vinculadas a la investigación.
El Caso Coral: de gran complejidad
El tribunal destacó que se trató de una estructura procesal compleja, integrada por 30 personas físicas y 14 jurídicas, además de cientos de evidencias y materiales sometidos a evaluación.
Asimismo, recordó que durante el desarrollo del juicio las partes tuvieron la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos procesales, presentar objeciones, interrogar testigos y exponer sus conclusiones.
Las magistradas afirmaron que no se evidenciaron períodos de inactividad injustificada ni maniobras dilatorias. Por el contrario, sostuvieron que el tiempo empleado estuvo directamente relacionado con el volumen y la complejidad de las pruebas presentadas.
La acusación del Caso Coral
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red de corrupción habría sustraído más de RD$4,500 millones mediante operaciones realizadas desde distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública.
Entre las entidades señaladas en la acusación figuran el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde supuestamente se realizaron pagos irregulares y otras prácticas destinadas a beneficiar a miembros de la estructura.
Según el órgano acusador, el entramado incluía el pago de salarios a personas que no desempeñaban funciones reales y el uso irregular de recursos asignados a organismos estatales.
Entre los principales imputados estuvieron los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
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