El mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, considerado por el Ministerio Público como el principal cabecilla de la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Coral, fue condenado este martes a 20 años de prisión por su participación en el entramado que, según la acusación, operó desde organismos de seguridad del Estado para desviar miles de millones de pesos de fondos públicos.
La sentencia marca el punto más alto de la caída de quien durante años ocupó posiciones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas y llegó a convertirse en uno de los hombres de mayor confianza del entonces presidente Danilo Medina.
Como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Cáceres estuvo a cargo de la seguridad del mandatario y manejó una estructura con amplio poder dentro del aparato estatal.
Adán Cáceres Silvestre: ascenso, poder y el ruido que le acompañó
Nacido en la provincia de Monte Plata, Cáceres desarrolló una carrera militar de varias décadas que lo llevó a ocupar distintos cargos de relevancia. Su cercanía con Medina se consolidó durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hasta asumir la dirección del Cusep, una posición considerada una de las más sensibles dentro del Estado dominicano.
Aunque mantuvo un perfil público discreto, investigaciones periodísticas y judiciales revelaron que acumuló un patrimonio que llamó la atención de las autoridades. En una publicación de Acento se consignó que en 2004 percibía un salario mensual de poco más de RD$ 35,000, mientras que años después figuraba vinculado a una extensa red de propiedades, empresas y activos que el Ministerio Público consideró incompatibles con sus ingresos declarados.
Los antecedentes de controversias alrededor de Cáceres no comenzaron con la Operación Coral. En 2012 su nombre apareció vinculado a una investigación sobre una presunta red de tráfico de personas hacia Haití, caso que generó cuestionamientos dentro de los organismos de seguridad. Sin embargo, su carrera militar continuó avanzando y años después alcanzó posiciones de mayor influencia.
Su nombre saltó definitivamente a los titulares en abril de 2021, cuando fue arrestado durante la Operación Coral. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lo señaló como el principal responsable de una estructura que, según la acusación, utilizó el Cusep y otras instituciones para desviar recursos públicos mediante nóminas irregulares, pagos ilícitos y operaciones de lavado de activos.
RD$ 4,500 millones del Estado
Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que la red habría sustraído más de RD$ 4,500 millones del Estado. Tras varios años de litigio, el tribunal concluyó que Cáceres creó una estructura de personas y empresas para enriquecerse ilícitamente y ocultar el origen de los recursos obtenidos a través de su posición como funcionario público.
Las juezas lo declararon culpable de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado, entre otros delitos. Además de la pena de 20 años de prisión, se le impuso el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
Con la sentencia, Cáceres se convierte en uno de los ex altos mandos militares de mayor rango condenados por corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana, cerrando un capítulo que comenzó con su ascenso dentro de los organismos de seguridad y culminó en los tribunales.
Leer también: Caso Coral y Coral 5G: estas fueron las condenas impuestas por el tribunal
Condena tras dos años de juicio
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables la madrugada de este martes a varios de los principales implicados en el denominado caso Coral y Coral 5G, al concluir que el Ministerio Público logró demostrar la existencia de una estructura que operó para desviar recursos públicos desde instituciones militares y policiales.
La decisión fue adoptada tras casi dos años de juicio de fondo y luego de que las juezas evaluaran pruebas documentales, testimoniales, periciales y financieras presentadas durante el proceso, considerado uno de los expedientes de corrupción administrativa más complejos conocidos por la justicia dominicana.
Además de condenar a Cáceres Silvestre, el tribunal declaró culpables al general retirado Juan Carlos Torres Robiou por incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito, imponiéndoles una pena de 20 años de prisión y el pago de 20 salarios mínimos del sector público.
También fue declarado culpable el coronel Rafael Núñez de Aza, señalado por el Ministerio Público como una de las piezas financieras del entramado. El tribunal lo halló culpable de asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y lo condenó a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos del sector público.
En el caso de Rossy Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora, las juezas la declararon culpable por incremento patrimonial y le impusieron una condena de 15 años de prisión, además del pago de 300 salarios mínimos del sector público.
El general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, también fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos por su implicación en la red de corrupción administrativa.
Compartir esta nota