El apresamiento de Aurelio Valdez Alcántara, fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se produjo el 27 de marzo de 2026, tras ser acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares en efectivo de parte de Roberto Canaán, exgerente de Senasa y testigo en un caso de corrupción.
De acuerdo con el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026 el imputado sostuvo una reunión con Canaán en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, donde presuntamente se produjo la entrega del dinero.
La investigación del Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara no solo habría recibido los US$10 mil, sino que inicialmente exigió US$200 mil al testigo vinculado al caso Senasa. Posteriormente, la suma habría sido reducida a US$150 mil en medio de negociaciones, antes de concretarse la entrega del monto menor.
Como parte de las evidencias, el órgano acusador presentó una copia de un cheque de administración por más de un millón de pesos dominicanos a nombre del imputado, correspondiente al pago del completivo de un apartamento, así como un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) relacionado con una transacción inmobiliaria.
El caso ha sido considerado uno de los episodios más graves de presunta corrupción interna dentro del Ministerio Público en los últimos años, debido a que involucra a un funcionario perteneciente al organismo encargado precisamente de perseguir la corrupción administrativa en el país.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, alegando que existe riesgo de que el imputado pueda influir u obstaculizar el desarrollo de las investigaciones.
Cronología del proceso
30 de marzo de 2026
La jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara para que sus abogados pudieran estudiar el expediente.
Abril de 2026
La defensa del fiscal suspendido recusó a la magistrada Ysis Muñiz Almonte, alegando que no estaba en condiciones de conocer el proceso.
27 de abril de 2026
El pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió la resolución penal núm. 027-2026-SRES-00001, mediante la cual declaró inadmisible la recusación presentada por la defensa.
29 de abril de 2026
Se dio a conocer oficialmente la decisión que rechazó la recusación contra la jueza Ysis Muñiz, permitiendo la continuidad del proceso judicial.
Madrugada del miércoles 6 de mayo de 2026
La jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara.
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