El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fue arrestado en flagrante delito tras recibir un soborno de US$10,000, en una operación dirigida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, como parte de la política institucional de combate a la corrupción interna en el Ministerio Público.
La noche del viernes 27 de marzo de 2026, el Ministerio Público llevó a cabo una entrega controlada de dinero, autorizada por un juez, que culminó con la detención de Valdez Alcántara. Según informaciones oficiales, el fiscal recibió los US$10,000 de una persona que estaba bajo investigación formal. El dinero fue incautado en el momento del arresto y será presentado como prueba principal en el proceso judicial.
Antes de la operación, la procuradora Yeni Berenice Reynoso solicitó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor, garantizando la legalidad y transparencia del procedimiento.
Reynoso, quien asumió la Procuraduría General de la República en febrero de 2025, calificó el hecho como “muy grave” y reafirmó la política de tolerancia cero frente a la corrupción, sin importar el rango o la función del implicado.
“Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién los cometa. Medimos con la misma vara a todos”, sostuvo la magistrada en declaraciones públicas.
La procuradora también recordó la misión del Ministerio Público, que es perseguir el delito y no aliarse con él. En las próximas horas, la Dirección General de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, presentará la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara.
El caso pone de relieve los desafíos en la lucha contra la corrupción dentro de las propias instituciones encargadas de combatirla. La actuación rápida y pública de la Procuraduría busca enviar un mensaje ejemplificador al resto del sistema judicial y a la sociedad.
Las autoridades han indicado que el proceso será llevado con total transparencia y que se buscarán sanciones ejemplares, mientras avanzan las investigaciones para determinar si existen posibles cómplices o redes de corrupción vinculadas al caso.
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