El proceso judicial contra el fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara sigue acumulando tensiones. Por tercera ocasión, la jueza de la Instrucción Especial, Ysis Muñiz Almonte, intentará conocer la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, en un expediente que no ha podido avanzar por los cuestionamientos sostenidos de la defensa del imputado.
El abogado Valentín Medrano, representante legal de Valdez Alcántara, salió al paso con una postura combativa: denunció la existencia de "serios yerros procesales" y afirmó que el proceso ha estado marcado por actuaciones que contravienen la ley.
"El país necesita explicaciones técnicas"
Entre los señalamientos más contundentes de la defensa figura la alegada inexistencia de flagrancia al momento del arresto, dado que ya existía una investigación abierta en contra de su cliente. Para Medrano, esa circunstancia invalida parte del andamiaje procesal construido por el Ministerio Público.
"El país necesita conocer explicaciones técnicas. Hay múltiples situaciones procesales que se han llevado a cabo en contrapelo con la ley", declaró el jurista, quien instó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre el desarrollo del caso.
Frente a la solicitud del Ministerio Público de un año de prisión preventiva, Medrano la rechazó de plano, argumentando que su defendido cumple con el arraigo que exige el artículo 229 del Código Procesal Penal.
"Estamos hablando de un ciudadano que es procurador fiscal en la actualidad. Si un fiscal no tiene arraigo, entonces nadie lo tiene", enfatizó el abogado, en una frase que resume la estrategia central de la defensa.
Lo que acusa el Ministerio Público
La acusación contra Valdez Alcántara es de alto impacto institucional. Según el Ministerio Público, el fiscal —adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)— habría exigido a una persona bajo investigación una suma inicial de US$200,000, que luego redujo a US$150,000 en una negociación en la que también habría solicitado un reloj Rolex y un Mercedes Benz 350 o 450.
Finalmente, fue arrestado en flagrante delito al recibir US$10,000 en una entrega controlada, operativo dirigido directamente por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien reiteró que en la institución no se tolerará la corrupción sin importar quién esté involucrado.
El caso está vinculado al expediente Senasa, que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, y otras nueve personas. Valdez Alcántara había sido uno de los fiscales que trabajó en ese caso, así como en otros de alto perfil como Los Tres Brazos, Fodearte y Operación Medusa, según reportó Acento.com.do.
Un caso que sacude al Ministerio Público
El expediente pone en el centro del debate la integridad interna del propio órgano acusador. Que un fiscal de la PEPCA —la unidad encargada de perseguir la corrupción administrativa— sea imputado por solicitar sobornos en el marco de una investigación activa representa un golpe a la credibilidad institucional del Ministerio Público.
La audiencia de medida de coerción, pautada ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, llega después de dos aplazamientos previos: el primero, el 30 de marzo, para que la defensa pudiera estudiar el expediente; el segundo, el 7 de abril, sin resolución definitiva.
La decisión de la jueza Muñiz Almonte determinará si Valdez Alcántara enfrenta prisión preventiva o una medida alternativa mientras avanza el proceso en su contra.
Compartir esta nota