El abogado Valentín Medrano, representante del fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara, rechazó que su cliente deba ser enviado a prisión preventiva, al sostener que no representa peligro de fuga ni supone una amenaza para el desarrollo de la investigación.
Medrano argumentó que su defendido cuenta con suficiente arraigo y que esa condición, de acuerdo con el Código Procesal Penal, lo excluiría como candidato a una medida tan severa.
“¿Hacia dónde va a ir un fiscal en un proceso como este?”, cuestionó, al descartar la posibilidad de que su cliente intente evadir la justicia.
El jurista explicó que la normativa también contempla la prisión preventiva cuando existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, pero aseguró que ese escenario no aplica en este caso, al tratarse —según dijo— de un hecho aislado y sin complejidad.
Sostuvo que la solicitud del Ministerio Público no plantea la existencia de una asociación de malhechores ni la participación de múltiples actores, lo que, a su juicio, descarta agravantes que justifiquen una medida de coerción más estricta.
En ese sentido, calificó como “un contrasentido” imponer prisión preventiva, al considerar que ello iría en contra del espíritu de los artículos 226 y 229 del Código Procesal Penal.
Medrano indicó que la expectativa de la defensa es que el imputado permanezca en su hogar o, en su defecto, se le imponga una medida menos gravosa mientras avanza la investigación. Sin embargo, afirmó que la medida “idónea” sería la presentación periódica, descartando la necesidad de grillete electrónico, arresto domiciliario o prisión preventiva.
“El ciudadano no es candidato a prisión preventiva”, insistió, al señalar que su defendido debe enfrentar el proceso en libertad, bajo medidas mínimamente restrictivas.
El tribunal deberá decidir si acoge o no estos planteamientos al conocer la solicitud de medida de coerción.
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