El fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara fue trasladado este martes bajo custodia hacia la sala de audiencias de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde la jueza de Instrucción Especial, Ysis Muñiz, conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en su contra.
El Ministerio Público acusa a Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de haber recibido un soborno de 10,000 dólares en efectivo de parte de Roberto Canaán, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), quien figura como testigo en el caso de corrupción vinculado a esa institución.
Más de un mes detenido sin resolución
La audiencia de este martes 5 de mayo se celebra luego de que el caso acumulara más de 30 días de aplazamientos desde el apresamiento del imputado, ocurrido a finales de marzo. La demora ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial, dado que el imputado permanece recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva sin que se haya dictado aún ninguna medida formal.
La audiencia fue fijada por la propia jueza Muñiz tras rechazar la solicitud de la defensa para su sustitución.
Lo que pide el Ministerio Público
El órgano acusador solicita la imposición de un año de prisión preventiva, al considerar que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones en curso.
Según la investigación, Valdez Alcántara no solo habría recibido los 10,000 dólares, sino que inicialmente habría exigido 200,000 dólares al testigo vinculado al caso Senasa, suma que luego redujo a 150,000 dólares en el marco de una negociación, antes de que finalmente se concretara la entrega del monto menor.
Evidencias presentadas
Además del dinero en efectivo incautado, el Ministerio Público presentó como evidencia una copia de un cheque de administración por más de un millón de pesos dominicanos a nombre del imputado, correspondiente al pago del completivo de un apartamento, así como un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) vinculado a una transacción inmobiliaria.
El caso representa uno de los episodios más graves de presunta corrupción interna dentro del Ministerio Público en los últimos años, al involucrar a un funcionario que formaba parte del equipo encargado precisamente de perseguir la corrupción administrativa en el país.
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