El turista está cambiando sus preferencias y desafiando el modelo tradicional de alojamiento. Las cifras lo confirman. En 2025, el 34 % de los turistas que visitaron República Dominicana se alojó en establecimientos de renta corta, de un total de 8,860,709 visitantes, según el Banco Central dominicano.
Este comportamiento marca una tendencia creciente. En 2024, 2,564,651 no residentes optaron por este tipo de alojamiento y, al comparar el 2025, se evidencia un aumento de 17.6 % en la demanda de la renta corta.
La vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor, afirmó que el sector hotelero aspira a una regulación “mucho más completa” del alquiler de corto plazo, como Airbnb, mediante un proyecto de ley que abarque aspectos fiscales, de uso de suelo y de operación de las unidades.
Lendor explicó que la propuesta busca establecer reglas claras sobre dónde pueden operar estas unidades, bajo qué condiciones y con qué estándares de seguridad, similares a los que se exigen a los hoteles para la protección de los turistas.
Indicó que el Ministerio de Turismo (Mitur) tendría la capacidad de regular todo lo relacionado con la unidad de alojamiento, incluyendo la emisión de licencias tanto para el operador como para el propietario y la unidad en sí, de modo que estén registradas y cuenten con medidas como cámaras de seguridad, controles contra humo e incendios y un registro de los huéspedes.
“La seguridad del turista es responsabilidad de todos, no importa dónde se esté hospedando”, subrayó la ejecutiva de Asonahores.
Lendor destacó que el sector privado ha trabajado de manera conjunta con el Mitur en un borrador de reglamento presentado por la institución, valorando la apertura al diálogo y señalando que ya se hicieron observaciones que están siendo incorporadas en la versión final del documento.
Asimismo, insistió en que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe garantizar el cobro de los impuestos correspondientes a las unidades que se alquilan con fines comerciales, tanto al propietario que obtiene ganancias como a la agencia intermediaria que opera el alquiler.
“Cada unidad debe pagar los impuestos que le corresponden”, puntualizó.
La vicepresidenta de Asonahores también planteó la necesidad de aplicar criterios de ordenamiento territorial, como la limitación de la cantidad de unidades por kilómetro cuadrado, similar a lo que ocurre con los hoteles, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del modelo de negocio.
Aclaró que estas propuestas no buscan obstaculizar el alquiler turístico, sino prevenir conflictos en las comunidades, donde el rechazo no es hacia el turista, sino hacia la convivencia con personas desconocidas dentro de espacios residenciales.
“Regularlo permitirá que la gente lo entienda mejor y lo acepte”, concluyó.
Sector en la mira
El sector hotelero también enfrentó la proliferación de los alojamientos de renta corta, conocidos como Airbnb, y la competencia desleal.
En febrero del 2022, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó un proyecto de reglamento que busca buscaba establecer un procedimiento de registro, administración, liquidación y pago del Itbis a servicios digitales, incluidos plataformas de alquileres.
Desde julio del 2022, Asonahores tiene la mirada puesta en estos alquileres de renta corta.
En octubre del 2022, el presidente del gremio turístico, Rafael Blanco Tejera, dijo que están a la espera de que el presidente Luis Abinader, apruebe y haga público el próximo año (2023) el proyecto de ley sobre el gravamen a las plataformas digitales Airbnb, debido a que esta regulación garantizará calidad y la seguridad necesaria hacia los turistas.
“Nosotros tenemos entendido que eso va en camino, ya incluso el ministro de Hacienda anunció que eso está estipulado en el presupuesto del año que viene, nosotros sabemos que ya la DGII hizo los estudios y todas las colaboraciones necesarias con esa plataforma para poder implementarlo”, expresó.
Destacó que ese proyecto de ley establecerá normas y regulaciones, siendo la primera parte impositiva y la segunda será a través del Ministerio de Turismo para regular esa actividad, al igual que están regulados todos los hoteles y actividades turísticas.
“Estamos a la espera de que ese proyecto de decreto se haga público, eso es muy importante para el sector, debido a que traerá equidad en el alquiler y la pernoctación de los turistas en República Dominicana”, manifestó Blanco.
La Dirección General de Impuesto Internos (DGII) aseguró que el proyecto de Reglamento que regula el procedimiento está en borrador, y el exministro de Hacienda y Economía, Jochi Vicente, dijo que está en marcha y que “eso va”.
“Eso está en marcha, eso (regulación) de la plataforma, va; y no ir es un sacrilegio: El tema de las plataformas digitales, lo ha dicho la DGII, no es un palo asechao', porque se ha hablado con las plataformas”, indicó Vicente en 2022.
Para 2022, Analytica estimó ingresos por los alquileres de US$ 75.3 millones, con un ingreso medio diario de US$ 128.
En marzo del 2023, el ministro de Turismo, David Collado, anunció la regulación en 60 días de los Airbnb para brindar una competencia leal con el sector hotelero tradicional y por cada transacción el Estado dominicano capte ingresos.
El Estado dominicano y el sector empresarial proponen que el turismo inmobiliario tenga las garantía y seguridad similares que brinda el sector hotelero tradicional. De hecho, recalcó que “no se trata de un tema impositivo, sino de seguridad para los turistas”.
“Hoy en día en el país existen 53 mil habitaciones de Airbnb y esas plataformas, cuando el sector privado hotelero tiene 83 mil habitaciones, es decir, que este turismo inmobiliario ha crecido de manera acelerada”, indicó el funcionario.
El también expresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), David Llibre, resaltó que se seguirá insistiendo en la regulación de las plataformas digitales.
Pero, además, Collado afirmó que en febrero del 2024 se firmaría el acuerdo.
Informó que el Ministerio de Turismo (Mitur) ya “tiene redactado” el documento del acuerdo y está siendo revisado por Asonahores.
Justo un año después, el director de Asuntos Públicos para Centroamérica y Caribe de Airbnb, Carlos Muñoz, dijo a Acento que desde el grupo empresarial están sosteniendo conversaciones con los ministerios de Turismo y Hacienda, y la Dirección General de Impuestos Internos.
En octubre del 2024, el departamento de Comunicaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), informó a Acento que el reglamento estaba en el Poder Ejecutivo.
“Este reglamento estuvo hace tiempo en vistas públicas aquí y luego que se elaboró pasó al Poder Ejecutivo. Fue un borrador y hubo muchas opiniones”.
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