Una de las metas del ministro de Turismo, David Collado, fue recibir 10 millones visitantes durante el 2023, persiguiendo la cifra idílica fijada por el expresidente de República Dominicana, Danilo Medina, en 2012, para lograr un turista por cada dominicano.

Aunque Medina planteó la meta para el 2022, fue en el 2023 cuando se anunció que el país se había acercado al objetivo, pero de la mano de otro gobernante y un nuevo titular de la cartera de Turismo.

Collado, al cierre de ese año, informó que República Dominicana había alcanzado los 10 millones de visitantes, con “gracias a una llegada de 7,863,542 turistas que llegaron por la vía aérea, más unos 2,168,209 cruceristas”.

Además de ser un año catalogado como récord en las cifras de llegadas, se enfocó en la recuperación de mercados tradicionales como Europa y Canadá, el establecimiento de vuelos directos para “acercar” América del Sur, y la apuesta de nuevos destinos como Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo, mediante la Dirección General de Alianzas Público-Privada.

Pese a estos logros durante el cuatrienio 2020-2024, el funcionario queda con metas pendientes como la regulación de los alquileres de renta corta, propuesta el 30 de marzo del 2022.

“En 60 días se comenzarán a regular plataformas de alquileres de propiedades para turismo, debido a que están en crecimiento y deben pagar impuestos”.

Para esa fecha, se registraron 53 mil habitaciones en modalidad de turismo inmobiliario, 30 mil de diferencia respecto a las hoteleras.

11 meses después, la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, resaltó que el reto es “regular su práctica debido a su crecimiento y brindar que estas propiedades sean seguras para el visitante no residente”.

El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), David Llibre, resaltó que se seguirá insistiendo en la regulación de las plataformas digitales. Pero, además, Collado afirmó que en febrero del 2024 se firmaría el acuerdo. Informó que el Ministerio de Turismo (Mitur) ya “tiene redactado” el documento del acuerdo y está siendo revisado por Asonahores. 

Justo un año después, el director de Asuntos Públicos para Centroamérica y Caribe de Airbnb, Carlos Muñoz, dijo a Acento que desde el grupo empresarial están sosteniendo conversaciones con los ministerios de Turismo y Hacienda, y la Dirección General de Impuestos Internos.

A más de dos años de su anuncio, Collado aseguró que “no se ha regularizado” debido a que están a la espera de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Para el presidente de Asonahores, su regulación se debe a que el turismo dominicano debe ser preservado y mantener su competitividad.

“En República Dominicana, el sector de viajes es una fuente importante para el producto interno bruto, pero debemos tener, ofrecer y brindar las garantías de seguridad para nuestros visitantes extranjeros e incluso los dominicanos que se alojan en estos establecimientos”.

Afirmó que no es sobre los ingresos tributarios, sino sobre la seguridad que brinda el país a los visitantes. Para 2024, la oferta sobrepasa las 80 mil habitaciones disponibles.

Impacto de los alquileres de renta corta en la economía nacional

El interés del Estado dominicano en regular los alquileres de renta corta evidencia la importancia de estas plataformas en la economía nacional, pero también incide en las decisiones de los turistas.

Entre enero-junio del 2024, 1,284,292 pasajeros no residentes se alojaron en Airbnb, para el 28.6 % del total situado en 4,475,133. El restante, o los 3,190,841 turistas se decidieron por los hoteles tradicionales. Datos del Banco Central (BCRD) destacan que de los 3,061,067 extranjeros no residentes, 768,427 pernoctaron en renta corta. Es decir, el 25.1 %. Mientras, los dominicanos en la diáspora, 515,865 de los 645,639 pagaron un alquiler a través de plataformas digitales, frente a los 129,775 que prefirieron los hoteles.

Además, por cada US$ 100 gastados durante una estadía en Airbnb, los huéspedes gastaron alrededor de US$ 264 en bienes y servicios, como negocios locales, restaurantes, atracciones y tiendas.

Desde 2020 hasta 2023, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registró 348 obras destinadas a edificios de apartamentos turístico habitacional conocidos como Airbnb, lo que representó el 1.2 % de los 28,263. En 2023, el valor tasado ascendió a RD$ 110,837.3 millones, de los cuales, RD$ 80,304.3 millones correspondió a apartamentos. Mientras, los complejos turísticos y hoteles consolidaron RD$ 4,810 millones, RD$ 449.5 millones de los Airbnb, es decir, RD$ 4,360.5 millones más.

La Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti) indicó que 65 proyectos fueron aprobados durante el año pasado, donde el 76 % fueron de clasificación de turismo inmobiliario, mientras que el 9 % fue en proyectos hoteleros.

Airbnb y su tributo en América

Su posible regulación en suelo dominicano no sería ajena al mercado extranjero, donde naciones de América Latina como Chile, Colombia, México y Uruguay, el Grupo Airbnb aplica el impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las tarifas por servicios turísticos.

El grupo empresarial indicó que en México los huéspedes que reserven alojamientos están sujetos al 16 % del IVA. Es decir, si el alojamiento cuesta US$ 1,000, el IVA a pagar corresponde a US$ 160.

En Costa Rica, la plataforma recauda el 13 % del IVA sobre su tarifa de servicio. El Ministerio de Hacienda del país centroamericano registró US$ 2.8 millones por este tributo desde el 2023. En tanto, Colombia y Costa Rica, las tarifas están sujetas al 19 % del IVA, en Uruguay es del 22 %, la más alta, y en Canadá, del 5 %, es la de menor tasa.