Hablar del documental es hacer referencia a una filmografía cada vez más sólida y diversa. Títulos como Caribbean fantasy, de Johanné Gómez Terrero; Tumba y quema y Isla de plástico, de José María Cabral; Yaque, dirigido por Oliver Olivo Batista; o Nana, de Tatiana Fernández Geara, evidencian la narrativa que ha alcanzado el género en el país.
A esta lista se suman estrenos de 2025 como El Pico Duarte, Kacimiro, Sicilia a Santo Domingo, Polonia, rey del hit y Wifredo, que han diversificado la oferta cinematográfica nacional. Producciones como Vidas truncadas y Artesanos avanzan en etapa de rodaje, consolidando un género documental en crecimiento.
La directora de la Asociación Dominicana de Documentalistas (ACÚ), Ingrid Cruz, afirmó que el documental dominicano continúa ganando espacios y consolidando su presencia tanto a nivel local como internacional.
Destacó que cada vez se producen más documentales en el país y que estas obras, centradas en historias autóctonas y propias de la realidad dominicana, están viajando y conquistando nuevos escenarios, incluyendo festivales, carteleras internacionales y plataformas digitales.
Sostuvo que este crecimiento demuestra que las historias locales tienen la capacidad de trascender fronteras y captar la atención de audiencias diversas.
“El documental cuenta historias muy propias de los países, y esas historias están llegando lejos”, señaló.
¿Por qué hablamos de este género?
La Ley de Cine 108-10 tiene la respuesta: el cine documental es una obra cinematográfica que se caracteriza por una mínima manipulación del contenido mostrado, el cual se filma de una manera pura y objetiva.
En 2024, el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (Cipac) fijó en RD$ 25 millones como presupuesto a las producciones documentales que se acojan al Artículo 34 de la Ley de Cine 108-10.
La resolución 2024-232 detalló que esta decisión se tomó considerando que esta normativa legal tiene como objetivo propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de la cinematografía nacional.
Además, promover la cinematografía en el territorio nacional, estableciendo así los mecanismos para la obtención del objetivo, “limitando los usos indebidos que se podría hacer de los incentivos fiscales al desarrollo de la cinematografía”.
El Cipac reveló que “se ha evidenciado en los últimos años un aumento significativo en los presupuestos sometidos” a la Dirección General de Cine (Dgcine) para fines de evaluación y aprobación en las solicitudes de Certificado Provisional de Nacionalidad Dominicana (CPND) y acogiéndose al incentivo a la inversión establecido en el Artículo 34 de la Ley 108-10.
Asimismo, se ha observado que un alto porcentaje de los referidos presupuestos se encuentra por encima de los presupuestos para documentales de la región y “con una tendencia en promedio al alza”.
“Adicionalmente, se ha observado un importante porcentaje de estos que no concluyen y no logran un alcance en audiencias locales e internacionales”.
El objetivo es mejorar las finanzas
Desde 2014 hasta 2023 se estrenaron 227 largometrajes nacionales que movilizaron 8,998,875 dominicanos a las salas de cine. La Asociación Dominicana de Profesionales de Cine (Adocine) informó una generación de 25,000 puestos laborales, mientras que el Ministerio de Hacienda y Economía destacó un gasto tributario alrededor de RD$ 5,000 millones.
La titular de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Vargas, señaló en 2021 que Quisqueya se “volvía un destino fílmico en camino a la madurez” debido a tres ejes estratégicos: incentivos fiscales, capital humano e infraestructura.
Pero, según la resolución, es importante que la industria use mejor los recursos que tiene y busque proyectos con presupuestos acordes a los estándares del país y la región.
También planteó revisar cómo se están distribuyendo los fondos entre los distintos géneros cinematográficos.
El documento destacó que, de no hacerlo, se podrían financiar proyectos que no sean viables, lo que afectaría el equilibrio en el uso de los recursos y limitaría su éxito tanto en salas de cine como en otras plataformas.
Por eso, consideró necesario tomar medidas para garantizar que el dinero se invierta de forma eficiente, apoyando iniciativas sostenibles y fortaleciendo el desarrollo del sector.
Además, las obras cinematográficas de género documental estarán excluidas de cumplir con la limitación del tiempo máximo autorizado para preproducción y producción de cinco semanas por cada etapa.
La resolución fue firmada entre Marianna Vargas, titular de la Dgcine y secretaria del Cipac, y Giovanny Cruz Durán, viceministro de Cultura.
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