Durante el siglo XX, cines emblemáticos como el Teatro Independencia, el Apolo y los autocines Iris y Jacqueline sentaron las bases de la industria cinematográfica en República Dominicana. Sin embargo, el cierre del Teatro San Carlos en 1987 marcó un punto de inflexión.

Este evento coincidió con la aparición de complejos cinematográficos y la llegada de distribuidores extranjeros al país, plasma el estudio “Las salas de cine en República Dominicana”, realizado por la Dirección General de Cine (DGCine)

Fue la familia Turull y el puertorriqueño Víctor Carrady quienes establecieron las cadenas Palacio del Cine (hoy desaparecida) y Caribbean Cinemas, respectivamente, empresas encargadas de promocionar, difundir y proyectar material audiovisual al público dominicano.

Y no es para menos, el trabajo de las 5,000 personas partícipes del séptimo arte es materializado en la oferta de los distribuidores y exhibidores cinematográficos, quienes tienen el rol de proyectar uno de los cientos audiovisuales filmado en el año anterior.

En República Dominicana, estos agentes son declarados según el Artículo 36 de la Ley 108-10 como “interés para el Estado” por su capacidad de establecer nuevas salas de cine, ya que hasta octubre del 2024 sólo ocho provincias cuentan con un cine, conforme datos de la DGCine.

A pesar de esta legislación que ha permitido la proyección de 262 películas nacionales en la pantalla grande desde 2013 hasta 2024, persisten desafíos en la promoción, difusión y distribución de los audiovisuales.

“Nos hemos quedado cortos en la parte de promoción y difusión”, afirmó la cineasta Violeta Lockhart. “Esta situación ha llevado a que muchas producciones de calidad no logren atraer a un público amplio, a diferencia de las películas que cuentan con grandes presupuestos para publicidad”.

Lockhart narró que una de la estrategia que utilizó para promocionar el documental Aquí Estamos (2024) fue hacer un tour de medios y esperar el “boca a boca” de los espectadores. “Es bastante complicado exigirle al público que asista a ver un largometraje y algo de beneficio debemos tener los dominicanos que ya bastante hacemos para realizar un proyecto”.

Explicó que la distribución, publicidad y promoción, son tres ejes que no se contemplan en la Ley 108-10, por lo que “hay que considerar también el costo de las taquillas” en las finanzas de la población dominicana. En el país, el precio promedio es de US$ 5.3, US$ 0.6 más que los US$ 4.7 de la región de América Latina y el Caribe.

Félix Manuel Lora, crítico de cine, resaltó que antes de la promulgación en 2010, el director o productor negociaba con los distribuidores los porcentajes de ganancias por recaudo de taquillas, “muchas eran 60-40 o 70-30, siempre para el beneficio de la cadena”.

Reflexionó que con “una sola cadena” (haciendo referencia a la venta de activos de Palacio del Cine) los directores y productores deben “negociar la permanencia de la película en cartelera”.

Pero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que los Gobiernos y los principales representantes del cine se están enfocando en la expansión regional y las colaboraciones de distribución, debido a que este mercado alcanzará US$ 170,000 millones en la década del 2030. Es más específico: hay que aprovechar la ventaja del idioma y los servicios de videos por suscripción que llegan a 560 millones de usuarios.

Lockhart sugirió la realización de proyecciones mensuales de películas en las universidades, así como la creación de espacios de discusión sobre el cine nacional. “Las academias deben convertirse en multiplicadoras de nuestro cine”, instó, resaltando la necesidad de investigar y difundir más sobre la industria.

“Necesitamos una plataforma gratuita para ver todas las películas dominicanas, no solamente ir a las salas de cine. Ahora hay muchos medios para exhibir, el streaming es una de ellas. Yo creo que podríamos beneficiarnos de tener una plataforma libre de pago donde se pueda verse en el dominicano”, dijo Lockhart.

Claudia Saviñón, abogada especializada en entretenimiento, citó las estadísticas de la DGCine del 2023, donde las aprobaciones a incentivos de proyectos nacionales y extranjeros requirió RD$ 15,905.9 millones y generaron 6,659 puestos laborales.

“Este panorama sugiere un potencial de crecimiento para la industria cinematográfica en República Dominicana, invitando a un diálogo entre todos sobre cómo mejorar y maximizar los beneficios económicos de nuestra Ley”, consideró.

Su pensamiento va acorde a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en el objetivo 2.6 establece que el Estado debe velar por la cultura e identidad nacional en un mundo global.

El ítem 2.6.1.8 es más específico, debido a que establece que proteger y proyectar el patrimonio cultural tangible e intangible mediante la difusión de las culturas regionales y locales y su promoción como parte del potencial productivo. Y no es para menos, ya que la industria cultural y creativa representan el 1.5 % del producto interno bruto (PIB) nacional.

Un país con mayores incentivos regionales

La Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine) reveló que la producción audiovisual genera más de 5,000 puestos laborales, el 88 % de los proveedores de servicios son micro y pequeñas empresas, lo que contribuye al fortalecimiento de la economía local.

Yvette Marichal, exdirectora de la Dirección General de Cine (DGCine), advirtió que es vital revisar la legislación, que no ha sido actualizada desde su aprobación. “Sugerimos que el Estado implemente una revisión de las leyes para mejorar las condiciones del sector, tomando como referencia los incentivos fiscales que ofrecen otros países, donde los reembolsos pueden alcanzar hasta el 40 % del valor de los gastos directos”, dijo.

“La necesidad de mejorar aspectos de la ley y revisar los programas académicos se ha vuelto urgente para seguir impulsando la industria. La colaboración entre cineastas, académicos y autoridades es esencial para fomentar un cine que no solo entretenga, sino que también eduque y represente con autenticidad la realidad dominicana”, consideró el profesor de cine, Félix Manuel Lora.

Asimismo, Saviñón reflexionó que Quisqueya “compite con otros mercados cinematográficos, por lo tanto, el incentivo es el mecanismo para abrir las puertas a grandes producciones internacionales”. Señaló que los directores y productores extranjeros consideran otras naciones como México para el rodaje de su próximo filme.

Esta estrategia fiscal destaca en América Latina y el Caribe, donde casas productoras hollywoodenses ven a la región como un lugar para producir el próximo audiovisual.

En Colombia, por ejemplo, se establece el certificado de descuento tributario por 35 % de los gastos en servicios audiovisuales y logísticos en el país, siendo la nación con mayor monto de incentivos fiscales. Chile cuenta con un crédito de 30 %, seguido de República Dominicana y Panamá con un 25 %, Trinidad y Tobago reporta un 12.50 % y Uruguay un 10.60 %.

Lora recordó que inspirados en la experiencia de otras legislaciones como Colombia, los productores dominicanos “buscaban una normativa que unifique sus esfuerzos y potenciara el sector”. Y no es para menos. Argentina, Brasil y México, considerados los “grandes jugadores” del cine en América Latina y el Caribe, movilizan en conjunto US$ 3,000 millones en 2021. Para ese lapso, Colombia movilizó US$ 2,300 millones.

Señaló que Quisqueya ha alcanzado a estrenar en promedio 26 producciones cada año, lo que equivale a casi dos estrenos nacionales mensuales. Conforme datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la DGCine, las producciones nacionales llevaron al cine 350,554 personas durante el año pasado, visitas que generaron RD$ 107.3 millones por venta de boletos.

“Con este panorama, los realizadores y analistas continúan trabajando para hacer del cine dominicano una herramienta de identidad cultural y una industria sostenible que atraiga tanto a la audiencia local como internacional”, expresó.

En tanto, la Asociación Dominicana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Aprodomcine) ofrece un panorama de República Dominicana frente al global. Destaca que de las 9,100 producciones que se graban cada año, el país recibe el 0.25 %. Estas destinan más de US$ 51 billones.

“Con adecuadas políticas sectoriales, nosotros podríamos atraer más de US$ 1,600 millones en producciones internacionales para la década del 2030”.

“Yo recomendaría aumentar el incentivo fiscal del Artículo 39 para que sea más competitivo con otros países y mejorar los tiempos de validación que es la oportunidad de mejora porque los certificados y el proceso de validación se dilatan debido a las auditorías de DGCine, Hacienda y DGII”, sostuvo la experta en derechos de entretenimiento.

Más allá de las políticas fiscales y culturales, el cine es fuente de entretenimiento. Así lo destacan las estadísticas de la ONE y la DGCine, que señalan que cuatro de cada 10 dominicanos eligieron una película disponible en cartelera para su disfrute.

Esta acción indica que la población “sí acude” a consumir el producto nacional, entienden los expertos consultados por ACENTO.

A nivel de Iberoamérica, el panorama es similar. El 6.5 % de los cinéfilos que compraron una taquilla para ver un largometraje de habla hispana fue para contenido regional. El porcentaje equivale a 34,024,638 de los 518,722,528 espectadores reportados.

Pero, si se desglosan los datos, solo el 18.8 % prefirió un estreno nacional, es decir, de su país. En términos absolutos es 1,079 audiovisuales de los 5,727 estrenos.

Los ingresos por venta de taquillas alcanzaron los US$ 2,088.5 millones en 2022, un crecimiento de 68.9 % respecto el año anterior, cuando Egeda Dominicana contabilizó US$ 1,235.9 millones. Además, se evidencian más de US$ 1,372.4 millones al comparar 2020 y 2022.

Sin embargo, aún faltan US$ 1,451.5 millones para nivelar los ingresos del 2019, cuando totalizaron US$ 3,540 millones.