El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamó al Gobierno dominicano publicar el texto completo del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos, mediante el cual se permitiría el “ingreso temporal y excepcional” al país de un número limitado de nacionales extranjeros deportados desde territorio estadounidense y en tránsito hacia sus naciones de origen.
La organización consideró que, por tratarse de un tema migratorio “tan delicado”, el texto íntegro del acuerdo debió ponerse a disposición de la ciudadanía desde el primer momento, con el propósito de evitar especulaciones y permitir una discusión pública informada.
El Gobierno dominicano informó el 12 de mayo de 2026 que suscribió con Estados Unidos un memorando de entendimiento de carácter no vinculante para permitir el tránsito temporal de nacionales de terceros países deportados por las autoridades estadounidenses. Según reportes de prensa, el acuerdo excluye a nacionales haitianos y menores no acompañados, y sería aplicado caso por caso.
Cuestionamientos legales y migratorios
Participación Ciudadana advirtió que el memorando podría generar complicaciones jurídicas para la República Dominicana, debido a que los extranjeros recibidos no habrían violado leyes dominicanas, incluyendo las migratorias, ya que ingresarían con el consentimiento de las autoridades nacionales.
En ese escenario, la entidad planteó que cualquier restricción a la libertad de tránsito de esas personas podría abrir la puerta a recursos de hábeas corpus, lo que, a su juicio, complicaría el manejo de esos casos.
“Muchas preguntas se han quedado sin respuesta”, expresó la organización, al señalar dudas sobre dónde serían retenidas esas personas, cómo se garantizaría el derecho a intérprete judicial en caso de que hablen idiomas no disponibles en el país, cómo se verificarían sus antecedentes y qué ocurriría si no pueden regresar a sus naciones de origen por impedimentos de entrada o por riesgo a sus vidas.
Advierte sobre experiencias en otros países
La entidad señaló que otros países de la región, como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, han firmado acuerdos similares con Estados Unidos, experiencias que, según Participación Ciudadana, no han sido positivas y deben servir como advertencia para la República Dominicana.
El planteamiento se produce en un contexto regional en el que Estados Unidos ha impulsado acuerdos con terceros países para recibir migrantes deportados que no necesariamente son nacionales de esas naciones receptoras. En abril de 2026, por ejemplo, se reportó un acuerdo con la República Democrática del Congo para recibir migrantes de terceros países expulsados desde Estados Unidos, una política que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
MOU no vinculante, pero con posibles efectos
Participación Ciudadana también cuestionó la naturaleza jurídica del memorando. Según explicó, un MOU entra en la categoría de los precontratos, es decir, documentos utilizados para avanzar hacia un acuerdo definitivo y que, en principio, no generan derechos ni obligaciones plenas.
Sin embargo, advirtió que esa condición podría cambiar desde el momento en que ingrese al país el primer grupo de deportados, pues, a partir de ahí, se generarían obligaciones prácticas y jurídicas que la República Dominicana no podría evadir como si se tratara de un acuerdo final.
La organización entiende que todavía existe margen para dejar sin efecto el memorando y trabajar con Estados Unidos en temas migratorios que correspondan directamente a los intereses dominicanos.
Preocupación por política exterior y seguridad
El movimiento cívico vinculó sus preocupaciones con otros movimientos recientes de política exterior y seguridad, como la renovación del uso de bases aéreas dominicanas por parte de Estados Unidos y la decisión del Gobierno de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.
A juicio de Participación Ciudadana, esas decisiones aumentan la necesidad de transparencia, debido a que pueden colocar al país en escenarios de riesgo o compromisos internacionales cuyas finalidades no han sido explicadas con suficiente claridad a la población.
La organización afirmó que el país no debe asumir cargas migratorias ni riesgos jurídicos derivados de acuerdos que no han sido debatidos públicamente y sobre los cuales aún persisten interrogantes fundamentales.
Piden dejar sin efecto el acuerdo
Participación Ciudadana sostuvo que la República Dominicana aún está a tiempo de suspender el memorando y replantear la cooperación migratoria con Estados Unidos desde una agenda vinculada directamente a los temas que incumben al país.
La entidad insistió en que la publicación íntegra del documento es una deuda pendiente con la ciudadanía y una condición mínima para evaluar el alcance real del acuerdo, sus límites, sus responsabilidades y los riesgos que podría generar para el Estado dominicano.
Debate político y social por el acuerdo migratorio con Estados Unidos
El memorando de entendimiento firmado entre República Dominicana y Estados Unidos, que permitiría el ingreso temporal de nacionales de terceros países deportados desde territorio estadounidense bajo la iniciativa “Escudo de las Américas”, ha abierto un debate político, institucional y social en el país.
Mientras el Gobierno dominicano defiende la medida como limitada, temporal y no vinculante, distintas entidades han expresado preocupación por la falta de publicación íntegra del documento, sus posibles implicaciones legales, las dudas logísticas y el impacto que podría tener sobre la soberanía nacional.
Qué establece el memorando
De acuerdo con informaciones ofrecidas por las autoridades dominicanas, el memorando permitiría recibir en tránsito a un número limitado de nacionales extranjeros deportados por Estados Unidos, bajo condiciones específicas.
El canciller Roberto Álvarez ha explicado que el acuerdo excluiría a nacionales haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales. También ha indicado que el mecanismo contemplaría un máximo de 30 personas al mes, con una permanencia estimada de entre 7 y 15 días en territorio dominicano, hasta su retorno a sus países de origen.
Según lo informado, Estados Unidos asumiría la logística y los costos asociados a la estadía y posterior traslado de esas personas. El Gobierno ha insistido en que el acuerdo no compromete la soberanía nacional y que su aplicación sería excepcional.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también ha defendido el carácter no vinculante del memorando y ha sostenido que la medida no afecta la soberanía dominicana.
Reclamos de transparencia
Uno de los principales cuestionamientos ha sido la falta de publicación del texto completo del memorando. Diversas voces han planteado que, por tratarse de un tema migratorio sensible, el documento debió ser puesto a disposición de la ciudadanía desde el inicio para permitir una discusión pública informada.
El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamó la publicación íntegra del MOU y advirtió que la falta de transparencia alimenta especulaciones innecesarias sobre el alcance real del acuerdo, los compromisos asumidos por el país y los mecanismos de control que serían aplicados durante la permanencia temporal de los deportados en territorio dominicano.
Críticas desde Participación Ciudadana
Participación Ciudadana cuestionó que la República Dominicana acepte el ingreso temporal de ciudadanos extranjeros deportados de Estados Unidos sin que se conozcan todos los detalles del acuerdo ni los riesgos jurídicos que podría generar.
La entidad advirtió que esas personas no habrían incurrido en violación a las leyes dominicanas, incluyendo las migratorias, ya que ingresarían con el consentimiento de las autoridades nacionales. En ese escenario, si fueran objeto de restricciones a su libre tránsito, podrían reclamar su libertad mediante recursos de hábeas corpus, lo que complicaría el manejo de los casos.
La organización también planteó interrogantes sobre la garantía del derecho a intérprete judicial, los lugares donde serían retenidas estas personas, los mecanismos para conocer sus antecedentes y los posibles escenarios en que algunas no puedan regresar a sus países de origen por impedimentos de entrada o por riesgos contra sus vidas.
Posición del Instituto Duartiano
El Instituto Duartiano también cuestionó el acuerdo, al considerarlo una posible transgresión legal y constitucional.
Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, sostuvo que la legislación migratoria dominicana solo permite la recepción de ciudadanos dominicanos o extranjeros previamente autorizados conforme al marco legal vigente.
La entidad patriótica calificó como preocupante la postura oficial frente al memorando y pidió revisar las actuaciones de la Cancillería de República Dominicana en torno a este proceso.
Rechazo del Partido Patria para Todos y Todas
El Partido Patria para Todos y Todas (PPT) pidió la publicación íntegra del memorando y denunció una posible cesión de soberanía.
La organización política cuestionó que la República Dominicana pueda convertirse en receptora de personas que Estados Unidos rechaza mantener en su territorio, y advirtió sobre las implicaciones nacionales de asumir una carga migratoria derivada de decisiones adoptadas por otro Estado.
Dudas logísticas y falta de coordinación con Asonahores
Otro punto de preocupación es la falta de claridad sobre la logística de alojamiento, custodia, asistencia y traslado de las personas que ingresarían temporalmente al país.
A una semana de conocerse la firma del acuerdo, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) informó que aún no había sido contactada por las autoridades para discutir eventuales aspectos relacionados con el alojamiento de los migrantes.
Esta falta de coordinación ha generado nuevas preguntas sobre dónde permanecerían los deportados, bajo qué condiciones, quién tendría la responsabilidad directa de su cuidado y qué protocolos se aplicarían ante eventuales dificultades legales, sanitarias o de seguridad.
Preocupaciones en la opinión pública
El tema también ha generado inquietud en la opinión pública, especialmente por el posible impacto del acuerdo sobre la soberanía nacional y por la falta de información detallada sobre los protocolos de aplicación.
Las reacciones ciudadanas se han concentrado principalmente en tres puntos: la transparencia del proceso, los límites reales del memorando y el temor de que el país asuma responsabilidades que excedan sus capacidades legales, institucionales y logísticas.
Riesgos legales señalados
Entre los riesgos advertidos por sectores críticos figura la posibilidad de que las personas recibidas en tránsito no puedan ser privadas de libertad o restringidas en su movilidad si ingresan al país con autorización del Estado dominicano y sin haber violado leyes nacionales.
También se han planteado dudas sobre el derecho a asistencia legal, intérpretes, revisión de antecedentes, acceso a mecanismos judiciales y posibles escenarios en los que algunos deportados no puedan regresar a sus países de origen por impedimentos legales, riesgo de persecución o amenazas contra su vida.
Un acuerdo pendiente de explicación pública
El debate sobre el memorando migratorio continúa marcado por la falta de información oficial detallada. Para entidades como Participación Ciudadana, la publicación íntegra del documento, la explicación de sus anexos y la definición clara de protocolos son pasos necesarios para reducir la incertidumbre y evaluar si la medida se ajusta al marco jurídico dominicano.
En ese contexto, las principales demandas se concentran en transparentar el contenido del acuerdo, establecer límites verificables, consultar a los sectores involucrados y garantizar que cualquier cooperación migratoria con Estados Unidos respete la soberanía nacional, los derechos humanos y las capacidades reales del Estado dominicano.
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