El Partido Patria para Todos y Todas (PPT) denunció este jueves que el memorando de entendimiento suscrito entre el gobierno dominicano y Estados Unidos para recibir nacionales de terceros países deportados constituye una cesión de soberanía, y exigió la publicación íntegra del documento para que la ciudadanía conozca el alcance real del compromiso asumido.
La voz del PPT se suma a un coro de cuestionamientos que ha crecido desde que hace dos días la embajadora estadounidense Leah F. Campos confirmó públicamente la adhesión dominicana al Third Country National Agreement (TCNA), en el marco de la iniciativa "Escudo de las Américas", anunciada hora antes por la Cancillería dominicana.
El acuerdo, de carácter no vinculante según el gobierno, habilita el ingreso temporal y excepcional de hasta 30 nacionales de terceros países por mes, excluidos haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales.
El presidente del PPT, Héctor Sánchez, fue categórico: "Seremos receptores de personas que la nación estadounidense rechaza tener en su territorio".
Para Sánchez, la firma del memorando no es un hecho aislado, sino la continuación de una pauta de subordinación a los intereses de Washington que, según denunció, ya se había expresado cuando el gobierno cedió espacio en aeropuertos nacionales para estacionar aeronaves utilizadas en operaciones contra Venezuela —y que ahora, advirtió, se replicaría contra Cuba.
La contradicción con las palabras de Abinader
En febrero pasado, durante La Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader fue explícito: "El lugar más lejos que nosotros vamos a aceptar que vengan gente es Pedernales. De Pedernales para allá nosotros no tenemos, ni tenemos obligación ni aceptaremos recibir personas de otros países". Tres meses después, el gobierno firmó el TCNA.
El gobierno defiende el acuerdo; la oposición no le cree
El canciller Roberto Álvarez salió al paso de las críticas en una rueda de prensa celebrada este miércoles 13 de mayo en la sede de la Cancillería.
Allí aseguró que los deportados permanecerían en territorio dominicano solo por "días", que el memorando no es jurídicamente vinculante y que puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes. Álvarez también descartó que el acuerdo afecte la soberanía nacional.
Sin embargo, para el PPT esas aclaraciones son insuficientes mientras el texto completo del memorando no sea de acceso público.
Sánchez argumentó que la asimetría entre ambos países es demasiado evidente como para ignorarla: Estados Unidos posee, según señaló, mil veces más territorio y recursos que la República Dominicana, por lo que tendría capacidad sobrada para alojar a esas personas sin generar tensiones internas.
La permanencia indefinida, el punto más sensible
Uno de los aspectos que más alarma al PPT es la posibilidad de que la estadía de los deportados se extienda sin un límite claro. Sánchez citó declaraciones del propio canciller Álvarez para sostener que las personas enviadas por Estados Unidos podrían permanecer en el país de manera indefinida, una lectura que choca directamente con la versión oficial, que habla de tránsito de "días", opinó
Lo que llamó ambigüedad —entre lo que dice el gobierno y lo que interpreta la oposición— es precisamente el argumento central del PPT para exigir la divulgación íntegra del documento: sin el texto completo, el debate público queda atrapado en versiones contradictorias que ningún ciudadano puede verificar de forma independiente, remarcó
¿Qué es el TCNA y qué firmó el gobierno?
El Third Country National Agreement es un mecanismo impulsado por la administración Trump en el marco de su política de deportaciones masivas. Bajo este esquema, países de la región acuerdan recibir temporalmente a migrantes de otras nacionalidades mientras se gestionan sus retornos a sus países de origen.
República Dominicana se convirtió en uno de los países adherentes al acuerdo, junto a otros de la región. El gobierno dominicano insistió en que se trata de un instrumento de cooperación bilateral en materia de seguridad, migración y lucha contra el crimen transnacional, y no de una imposición.
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