El canciller Roberto Álvarez salió este miércoles a contener la tormenta política desatada por la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre nacionales de terceros países en tránsito (TCNA, por sus siglas en inglés), suscrito el martes en el marco de la iniciativa "Escudo de las Américas".
Álvarez convocó una rueda de prensa para despejar dudas y rechazar las interpretaciones que, según dijo, confunden este mecanismo con los controvertidos acuerdos de "tercer país seguro" o con el esquema Remain in Mexico.
Lo que el acuerdo es y lo que no es
La distinción central que el canciller Álvarez intentó instalar en el debate público es técnica, pero con consecuencias políticas de primer orden: el TCNA no obliga a República Dominicana a recibir solicitantes de asilo ni a procesar casos migratorios en su territorio.
Se trata, según explicó, de personas en tránsito que no han ingresado al sistema migratorio estadounidense, que serán retenidas temporalmente en suelo dominicano y retornadas a sus países de origen en cuestión de días, con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
"Nadie entrará a nuestro territorio sin la autorización del Gobierno dominicano", afirmó Álvarez, subrayando que el memorando es de carácter no vinculante y puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes.
El acuerdo excluye expresamente a nacionales haitianos, a menores de edad no acompañados y a personas con antecedentes penales. El financiamiento operativo corre íntegramente por cuenta de Washington.
La diferencia con el "tercer país seguro"
El canciller fue enfático en separar este mecanismo de los acuerdos de "tercer país seguro", modalidad que transfiere al país receptor la responsabilidad de procesar solicitudes de asilo.
Fue precisamente ese tipo de acuerdo el que el presidente Luis Abinader rechazó públicamente el año pasado, cuando declaró que República Dominicana no aceptaría recibir personas de otros países para permanecer en el país durante períodos prolongados o indeterminados mientras tribunales migratorios de EEUU decidían sus casos.
"Esa posición del presidente se mantiene invariable", reiteró Álvarez
Las críticas que el Gobierno no logró silenciar
La rueda de prensa del canciller se produjo en un contexto de creciente cuestionamiento de opositores que calificaron el acuerdo de "poco transparente y violatorio a los principios de soberanía nacional".
Por ejemplo, Manolo Pichardo, secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, lo describió como "una claudicación de nuestra soberanía nacional".
Por su parte, el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario Márquez denunció "opacidad en el proceso", y advirtió que el pacto podría convertir al país en un receptor masivo de extranjeros.
La embajadora de EEUU, Leah F. Campos, divulgó el acuerdo a través de redes sociales y asimismo salió también este miércoles a garantizar el respeto a la soberanía y las leyes dominicanas.
¿Qué obtiene República Dominicana?
Ante la pregunta en la rueda de prensa de qué recibe el país a cambio, el canciller apeló a la historia de la relación bilateral. Mencionó tres elementos concretos:
- La resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU, que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) para Haití, impulsada con liderazgo político y financiero de Washington tras años de gestiones dominicanas.
- La incorporación de República Dominicana al programa Global Entry, privilegio que comparten apenas 16 países en el mundo y que facilita el tránsito de ciudadanos dominicanos hacia EE. UU.
- El flujo histórico de residencias permanentes que dominicanos obtienen en EE. UU., proporcionalmente uno de los más altos del hemisferio.
"La política exterior de República Dominicana no se guía por improvisaciones ni consignas emocionales", sostuvo Álvarez. "Se guía por la defensa responsable del interés nacional".
TCNA: Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Honduras
República Dominicana no es el primer país de la región en suscribir un TCNA con Estados Unidos. Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras han firmado acuerdos similares en el marco de la política migratoria de la administración Trump, que ha intensificado la presión sobre los países del hemisferio para contener los flujos migratorios antes de que lleguen a la frontera sur estadounidense.
Lo que distingue el caso dominicano es la sensibilidad particular del debate migratorio en el país, marcado por décadas de tensión con Haití y por una política de control fronterizo que el propio Gobierno Abinader ha convertido en bandera política.
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