'No estoy de acuerdo, pero no puedo hacer nada': la jueza que quería trabajar y tuvo que suspender por el paro

Este jueves 21 de mayo, en plena jornada de protesta del Poder Judicial, una escena poco común se repitió en los pasillos del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional: una jueza se presentó a trabajar, convocó a las partes, y tuvo que decirles que no podía hacer nada.

La magistrada Leticia Martínez fue clara ante los presentes cuando explicó que, aunque no comparte el paro de labores convocado por jueces de distintas jurisdicciones del país, el tribunal no estaba en condiciones de conocer ningún proceso. La razón: una de las tres integrantes del colegiado se sumó a la protesta, y sin la totalidad de sus miembros, las audiencias no pueden celebrarse.

"No estoy de acuerdo, pero no puedo hacer nada", fue la síntesis de su posición ante las partes que aguardaban en sala.

Tras comunicar la situación, las juezas presentes procedieron a cancelar todas las vistas pautadas para la jornada y fijaron nuevas fechas para el conocimiento de los expedientes.

Un paro que divide hacia adentro

La escena en el Tercer Colegiado ilustra con precisión la fractura que atraviesa el Poder Judicial dominicano. El paro convocado para este jueves —que sus organizadores denominaron "día de brazos caídos"— fue impulsado por la Red Nacional de Jueces y la Asociación de Jueces y Juezas Dominicanos por la Democracia, en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales dignas y transparencia en el manejo de los recursos institucionales.

Los reclamos no son nuevos. Según la magistrada Ysis Muñiz, presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), el gremio lleva desde 2022 exigiendo respuestas concretas sin obtenerlas. Entre las denuncias más graves figura la existencia de más de 575 plazas vacantes en el sistema judicial, lo que obliga a los jueces activos a asumir cargas de trabajo que exceden sus funciones. A eso se suma la denuncia de que muchos servidores judiciales perciben entre RD$16,000 y RD$30,000 mensuales, mientras la canasta familiar media supera los RD$50,000.

El Poder Judicial dijo que todo funcionaba normal

Ante la convocatoria al paro, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) respondió con un comunicado en el que aseguró que los servicios judiciales continuarían operando con normalidad en todo el país. La plataforma digital justicia.gob.do, indicaron, se mantendría activa las 24 horas.

Sin embargo, la realidad en los tribunales contó otra historia. La ausencia de magistrados en distintas salas del país forzó la suspensión de audiencias y la reprogramación de cientos de expedientes, con el consiguiente impacto en los usuarios del sistema.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, había convocado una reunión urgente del CPJ el pasado 19 de mayo en un intento por desactivar la protesta. La respuesta del Poder Judicial —que incluyó el anuncio de medidas para fortalecer el talento humano y la infraestructura— fue calificada por los organizadores del paro como insuficiente y sin compromisos concretos.

Respaldo desde afuera a la huelga de jueces

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), a través de su presidente Trajano Potentini, expresó su respaldo a la protesta y convocó a los juristas a concentrarse frente a la Suprema Corte de Justicia. Participación Ciudadana, por su parte, validó los reclamos pero advirtió que la división interna del Poder Judicial solo beneficia a quienes no creen en la justicia.

La jornada de este jueves deja sobre la mesa una pregunta que el Consejo del Poder Judicial deberá responder con hechos: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse un sistema en el que sus propios jueces se ven obligados a elegir entre la protesta y el servicio?