Entre septiembre y octubre de 2026, al menos 107 personas murieron durante intervenciones de la Policía Nacional en República Dominicana, según un levantamiento periodístico que ha reavivado los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza letal, las investigaciones judiciales y los mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales.
La cifra, publicada por Diario Libre el martes 3 de noviembre, comprende 55 fallecimientos en septiembre, reportados oficialmente bajo la clasificación de "acción legal", y 52 en octubre, identificados mediante una recopilación de informaciones periodísticas.
Los casos se registraron en diferentes localidades del país, principalmente durante operativos de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), que, según las versiones policiales, respondieron a agresiones armadas de personas buscadas por su presunta vinculación con actividades delictivas.
El elevado número de muertes ha provocado diversas reacciones en la sociadad y ha obligado a pronunciarse a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García; y también legisladores y organizaciones defensoras de los derechos humanos han alzado su voz, mientras el Ministerio Público desarrolla investigaciones sobre algunos de estos hechos.
Las cifras: 55 muertes en septiembre y 52 en octubre
De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la Policía Nacional, septiembre cerró con 125 homicidios, de los cuales 55 fueron clasificados como muertes por "acción legal", equivalentes al 44 % del total registrado.
El dato representa un incremento considerable respecto a agosto, cuando las autoridades habían contabilizado ocho fallecimientos bajo esa clasificación.
Septiembre fue, además, el primer mes completo de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, designado director general de la Policía Nacional el 17 de agosto de 2026.
Durante octubre se documentaron al menos 52 muertes en presuntos intercambios de disparos, según el levantamiento de Diario Libre, que recopiló informaciones sobre las intervenciones realizadas en distintas provincias.
El balance de ambos meses alcanza así 107 fallecidos, aunque es importante distinguir que la cifra de septiembre procede de registros oficiales, mientras que la correspondiente a octubre fue elaborada mediante un seguimiento periodístico.
En los informes sobre estos hechos, la Policía suele señalar que los fallecidos estaban siendo buscados por distintos delitos y que enfrentaron a los agentes con armas de fuego. Sin embargo, esas afirmaciones corresponden a las versiones ofrecidas por la institución y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre las circunstancias de cada muerte.
Ministerio Público investiga al menos ocho casos en Santiago
Uno de los pronunciamientos más concretos sobre las investigaciones en curso fue ofrecido por la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, quien confirmó que el Ministerio Público investiga al menos ocho casos relacionados con personas fallecidas durante presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.
La información fue dada a conocer por nuestro periodista de Acento, Máximo Laureano, en el que la magistrada explicó que las autoridades realizan levantamientos y reciben declaraciones de personas que puedan aportar información para esclarecer los acontecimientos.
Abreu aseguró que las investigaciones buscan verificar las circunstancias de cada hecho y determinar si existen elementos probatorios suficientes para establecer responsabilidades penales.
La fiscal exhortó a la población a confiar en el trabajo del Ministerio Público y sostuvo que los responsables serán sometidos a las autoridades judiciales cuando las investigaciones permitan sustentar las acusaciones.
De acuerdo con los datos recopilados en Santiago, entre el 14 de septiembre y el 27 de octubre de 2026 murieron 15 personas durante intervenciones policiales reportadas como intercambios de disparos.
La magistrada también informó que algunas personas buscadas por la Policía se han entregado a las autoridades y permanecen bajo custodia, mientras que en otros casos se han solicitado medidas de coerción.
Abogados presentan querella contra el director de la Policía
Las muertes durante operativos también motivaron acciones legales contra las autoridades policiales.
El 21 de octubre, un grupo de siete abogados presentó una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra el director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y varios oficiales de la DICRIM.
La acción fue promovida por los juristas Carlos Balcácer, Cándido Simó y Valentín Medrano, junto con Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra Pérez.
Los abogados atribuyen presuntas responsabilidades a los querellados por las muertes de personas señaladas como delincuentes durante intervenciones policiales.
Antes de presentar la querella, el grupo había depositado el 12 de octubre una instancia ante la Procuraduría General de la República, en la que solicitó una investigación inmediata e independiente sobre al menos 47 muertes ocurridas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre.
Los juristas cuestionaron los procedimientos utilizados durante los operativos, particularmente el manejo de las escenas, la preservación de evidencias y la cadena de custodia de las armas de fuego.
Asimismo, reclamaron que se examinen autopsias, peritajes balísticos, grabaciones de cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos, con el propósito de establecer cómo ocurrieron los fallecimientos.
Entre los señalamientos presentados figura la presunta inducción a cometer homicidios, acusación que deberá ser evaluada por el Ministerio Público y las instancias judiciales correspondientes.
La presentación de la querella no implica que se haya comprobado responsabilidad penal contra los señalados.
Director policial responde: "No hay condena sin pruebas"
El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, respondió el 28 de octubre a las acusaciones de los abogados y defendió la necesidad de presentar evidencias para sustentar cualquier señalamiento judicial.
"No hay condena sin pruebas; eso me enseñaron ellos", manifestó el alto oficial al referirse a los juristas que promovieron la querella, algunos de los cuales identificó como antiguos profesores suyos.
Rodríguez García ofreció sus declaraciones al concluir una misa celebrada con motivo del Día de San Judas Tadeo, patrono de la institución policial.
El funcionario también defendió el proceso de transformación de la Policía Nacional y reconoció que se trata de una tarea de largo alcance.
Aseguró que la institución mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con la protección de la ciudadanía.
Por su parte, el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, había rechazado el 6 de octubre que existiera una disposición institucional para aplicar el denominado "código 29″, expresión utilizada popularmente para referirse a las muertes de personas durante presuntos enfrentamientos con agentes.
"La Policía Nacional ni el superior Gobierno tienen un lineamiento en ese sentido", declaró Pesqueira.
El portavoz sostuvo que los agentes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y que, cuando son atacados durante una intervención, deben responder mediante un uso proporcional de la fuerza.
También señaló que, desde septiembre, más de 120 personas buscadas mediante órdenes de arresto se habían entregado voluntariamente a las autoridades.
Faride Raful rechaza los abusos policiales y destaca mecanismos de supervisión
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se pronunció nuevamente sobre las actuaciones policiales el 2 de noviembre, cuando presentó herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la vigilancia y supervisión de los agentes.
"No, no estamos de acuerdo con los abusos policiales", expresó la funcionaria, quien también rechazó las agresiones que cometen los delincuentes contra la ciudadanía.
Desde el Centro de Monitoreo y Evaluación de la Policía Nacional, Raful explicó que uno de los principales desafíos de las autoridades es fortalecer los mecanismos de supervisión para garantizar una mayor transparencia en las intervenciones.
La ministra informó que más de 8,000 policías cuentan con cámaras corporales, dispositivos que permiten registrar sus actuaciones durante los patrullajes y otros procedimientos.
Asimismo, destacó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 dispone de más de 10,000 cámaras de vigilancia instaladas en diferentes puntos del territorio nacional.
Según explicó, estas herramientas permiten a los organismos de control examinar las intervenciones y verificar si los agentes cumplieron los procedimientos establecidos.
Raful advirtió que, cuando se comprueben irregularidades, los responsables podrán ser desvinculados de la institución y sometidos a la justicia.
La funcionaria reconoció que fortalecer la supervisión de las actuaciones policiales constituye una tarea pendiente dentro del proceso de transformación institucional.
Estas declaraciones se suman a las ofrecidas el 30 de septiembre, cuando rechazó que las muertes durante los denominados intercambios de disparos respondieran a una política del Estado.
En aquella ocasión, Raful explicó que los agentes pueden enfrentar situaciones de resistencia armada durante los operativos, pero insistió en que sus actuaciones deben respetar los derechos humanos y los principios que regulan el uso de la fuerza.
Legisladores enfrentados por los denominados intercambios de disparos
El incremento de las muertes también llegó al Senado de la República, donde varios legisladores expresaron posiciones contrapuestas durante la sesión del miércoles 4 de noviembre.
El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, cuestionó las actuaciones policiales y reclamó explicaciones sobre los fallecimientos.
"Si la delincuencia se resuelve con el 29, cerremos los tribunales, ampliemos los cementerios y olvidémonos de la reforma policial", expresó el legislador.
Taveras había presentado el 14 de octubre una resolución para invitar al Senado a la ministra Faride Raful y al director policial Ernesto Rafael Rodríguez García, con el propósito de que expliquen los procedimientos utilizados en las intervenciones que terminan con personas fallecidas.
La iniciativa busca conocer los criterios jurídicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como los mecanismos institucionales de investigación, supervisión y control.
El senador sostuvo que el combate contra la delincuencia debe realizarse dentro del marco del Estado de derecho, respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.
Sin embargo, su posición fue rechazada por otros legisladores que defendieron las actuaciones policiales.
El senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, consideró que la Policía está ofreciendo una respuesta proporcional frente a las personas que cometen delitos violentos y manifestó su respaldo a la gestión del director general de la institución.
Genao sostuvo que las autoridades deben actuar con firmeza frente a quienes participan en homicidios, secuestros, asaltos y otros hechos delictivos.
En una posición similar, el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc, defendió las operaciones contra la delincuencia y consideró que la institución está actuando con mayor determinación.
Aunque reconoció que las intervenciones provocan muertes, Duluc expresó su respaldo a las medidas implementadas por las autoridades policiales.
Las diferencias entre los legisladores reflejan el debate sobre los límites de la actuación policial y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana sin vulnerar los derechos fundamentales.
¿Qué establece el reglamento sobre el uso de la fuerza letal?
La Policía Nacional dispone de un reglamento que establece las condiciones bajo las cuales sus miembros pueden utilizar la fuerza durante el cumplimiento de sus funciones.
El documento dispone que las actuaciones policiales deben ajustarse a los principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
Su artículo 9 define la fuerza letal como aquella que puede provocar lesiones graves o la muerte, e incluye expresamente el uso de armas de fuego.
La disposición establece que este nivel de fuerza solamente puede emplearse cuando las personas involucradas representan un peligro inmediato para los agentes o para terceros.
También señala que la fuerza letal constituye un recurso excepcional y extremo, que debe utilizarse proporcionalmente a la amenaza existente y cuando otros medios menos nocivos hayan resultado insuficientes para proteger una vida.
Por su parte, el artículo 8 establece que no es legítimo emplear la fuerza o continuar utilizándola cuando la persona que debe ser detenida ya ha sido controlada.
Estas disposiciones son fundamentales para evaluar las circunstancias en que ocurren las muertes durante operativos y determinar si los agentes actuaron dentro de los límites permitidos.
La existencia de una orden de arresto o la vinculación de una persona con actividades delictivas no constituye, por sí sola, una autorización para utilizar fuerza letal en su contra si no representa una amenaza inmediata al momento de su detención.
Organizaciones de derechos humanos reclaman investigaciones independientes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) también se ha pronunciado sobre las muertes durante intervenciones policiales.
El 8 de octubre se dio a conocer una denuncia presentada por la organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que solicitó examinar posibles ejecuciones extrajudiciales y las circunstancias en que se produjeron los fallecimientos.
La denuncia, fechada el 2 de octubre, plantea la necesidad de realizar investigaciones independientes, imparciales y científicas sobre los casos.
Entre las medidas solicitadas figuran peritajes forenses, balísticos y criminalísticos, además de la revisión de evidencias y los procedimientos empleados por los agentes.
La organización aclaró que no considera automáticamente todas las muertes durante intervenciones policiales como ejecuciones extrajudiciales, sino que corresponde a las investigaciones establecer si existieron actuaciones contrarias a la ley.
Los cuestionamientos surgen en un contexto en el que las autoridades sostienen que sus agentes deben responder a situaciones de violencia armada, mientras distintos sectores reclaman que cada fallecimiento sea examinado conforme a los procedimientos judiciales.
Las 107 muertes contabilizadas entre septiembre y octubre mantienen abierto un debate que va más allá del número de fallecidos y plantea interrogantes sobre la aplicación de los protocolos, la supervisión policial y la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar tanto la seguridad ciudadana como el derecho a la vida.
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