Luces, cámara… ¿y exenciones? El cine dominicano busca su gran papel en la economía

Quince años atrás, República Dominicana decidió apostar también por el cine, una actividad que esperó más de un siglo para ser reconocida por el Estado como un potencial motor económico.

Hoy, hablar del cine dominicano es referirse tanto a sus logros artísticos como a su impacto económico. Producciones nacionales han conquistado escenarios internacionales, como Olivia y las Nubes, ganadora del Premio Platino a Mejor Película de Animación, o Pepe, reconocida en la Berlinale.

Sin embargo, el debate sobre la industria audiovisual va más allá de los premios y su aporte como bien intangible.

También surgen interrogantes sobre su aporte a la economía: ¿Cuántos empleos genera?, ¿Cuánta inversión extranjera atrae?, ¿Cuál es el comportamiento de la taquilla? Y, sobre todo, ¿Cuál es el costo fiscal de impulsar este sector?

En paralelo, República Dominicana busca fortalecer su competitividad para posicionarse como uno de los principales destinos cinematográficos de la región.

Pero a medida que crece el interés de inversionistas y productores por el séptimo arte, también aumenta el gasto tributario asociado a los incentivos. Para 2026, las exenciones fiscales destinadas al sector cinematográfico ascenderán a RD$ 4,778 millones, de acuerdo con el informe de Gastos Tributarios del Ministerio de Hacienda y Economía.

Tratamiento fiscal preferencial

La Dirección General de Cine (Dgcine) registra que el primer extranjero en filmar en el país fue Rafael Colorado, la película Excursión de José de Diego en Santo Domingo, en 1915, abriendo paso al atractivo del país como destino fílmico.

La Ley de Cine 108-10 ha catapultado el sector cinematográfico hacia el exterior, ya sea a través de la participación en festivales y acuerdos de cooperación fílmica.

Además, el país ofrece beneficios como capital humano, incentivos fiscales e infraestructura para atraer al productor y director extranjero a filmar su próximo audiovisual.

Si bien la industria cinematográfica dominicana acapara apenas el 0.25 % de las producciones y el 0.56 % del total de inversión de películas internacionales, la Asociación Dominicana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Aprodomcine) asegura que con políticas fiscales correctas el panorama cambiaría para la década del 2030.

“Con adecuadas políticas sectoriales, en el 2030 el país pudiera atraer más de US$ 1,600 millones en producciones extranjeras”, señala, al resaltar que la mayoría de los países cuentan con esquemas de apoyo fiscal “generoso”, como el 100 % de exención del impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto de valor agregado (IVA) y aranceles.

Aprodomcine indica que “según la estrategia” que ejecute República Dominicana durante los próximos años y el esquema de incentivos, el país registraría inversiones que variarán entre US$ 358 millones y US$ 1,600 millones.

La empresa de consultoría Apricus es más específica. En un escenario pesimista generaría US$ 358 millones, US$ 105 millones más sería el escenario inercial (US$ 463 millones), mientras que en la categoría conservador la cantidad se fija en US$ 654 millones por concepto de inversiones.

En el caso de un escenario optimista, el monto se cuadruplicará frente al escenario pesimista, al proyectar US$ 1,612 millones, coincidiendo con Aprodomcine. Además, ambas organizaciones afirman que los gobiernos globales combinan el crédito fiscal, los fondos cinematográficos nacionales y los reembolsos en efectivo, catalogándolos como mixto.

Por ejemplo, México, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, India, España, Canadá, Panamá y Argentina cuentan con el incentivo del crédito fiscal, que varía entre 100 % y 20 % en devolución.

En tanto, Brasil, Alemania y Francia cuentan con incentivos mixtos de un 20 %, 25 % y 30 %, respectivamente. No obstante, Japón subvenciona el 50 %.

“República Dominicana tiene un esquema de incentivos inferior al de muchos países como Alemania, Costa Rica y México”.

En Colombia se establece el certificado de descuento tributario por 35 % de los gastos en servicios audiovisuales y logísticos en el país, siendo la nación con mayor monto de incentivos fiscales.

Sin embargo, para acceder al crédito se requiere de un gasto mínimo de US$ 475,000, para las series aumenta a US$ 114,000 por cada capítulo y los videos musicales por US$ 23,000.

El cine en América Latina

No solo en Quisqueya esta estrategia fiscal se ejecuta, sino en toda la región donde casas productoras y los independientes ven a la región como un lugar para producir su filmografía.

Diana Díaz, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, Artes y Saberes de Colombia, señaló que los incentivos son fuentes de recursos para la producción audiovisual y cinematográfica nacional y extranjera.

“Los incentivos son políticas públicas para que la gente encuentre mecanismos de financiamiento para que realicen sus proyectos audiovisuales y cinematográficos en Colombia, como las producciones Sonido de libertad y Los iniciados”, explicó.

Señaló que los audiovisuales nacionales cuentan con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y el programa Nacional de Estímulos, mientras que las extranjeras tienen el Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia (CINA), ambos incentivos están avalados en Fondo Fílmico Colombia (FFC).

Sin embargo, resaltó que cada año se fija un tope de recursos al FFC, el cual ascendió a US$ 2,936,640 para 2024, mientras que el máximo por proyecto es de US$ 898,588.

La ley de cine colombiana establece la devolución del 40 % de los gastos ejecutados en servicios audiovisuales y el 20 % en logística, pero para acceder es necesario un gasto de 1,800 salarios mínimos vigentes o US$ 373,000.

En Chile se estipula la devolución de un 30 %, con un tope de devolución de US$ 3 millones. Tanto en República Dominicana como en Panamá, las naciones establecen un crédito fiscal transferible de 25 %, cuando supere un egreso de US$ 500,000.

Además, en Trinidad y Tobago el monto va desde 12.5% hasta 35%, se debe tener un reembolso máximo de US$ 3.7 millones.

Uruguay, donde se filmó La sociedad de la nieve (2023), el crédito varía entre 10.6 % y 25 %, y dependerá de los gastos realizados en el país ubicado en América del Sur. El mínimo es de US$ 300,000 y el máximo de US$ 3 millones en gastos de producción, pero por concepto de posproducción va desde US$ 50,000 hasta US$ 1 millón.

Para los comerciales que superen un monto de US$ 300,000 se establece una devolución del 20 %.

En naciones como México y Ecuador, se fijó una tasa de exoneración del 16% y 0%, respectivamente del impuesto al valor agregado (IVA), de las producciones extranjeras.

Para los reembolsos financieros, en la tierra Azteca, el foráneo debe gastar un mínimo de  70 millones de pesos mexicanos en las fases de desarrollo y producción.

En la mira de la revisión de incentivos fiscales

El sector cinematográfico no ha estado exento de observaciones fiscales. En 2024, el Gobierno lanzó el proyecto de Modernización Fiscal que buscaba realizar una reforma fiscal orientada a aumentar los ingresos. Esta acción revisará las exenciones fiscales otorgadas a diversos sectores incluidos el de cine.

Si bien la reforma fiscal se postergó, en 2024, la exministra de Cultura, Milagros Germán, señaló que las autoridades gubernamentales iniciaron a colocar un tope a los presupuestos de las películas y documentales acogidos a la Ley de Cine en RD$ 70 millones y RD$ 25 millones, respectivamente, para iniciar la revisión.

“Estamos implementando una serie de medidas que sean menos agresivas para el Estado dominicano y para la recaudación fiscal, que sea más suave y que sean más llevaderas”, explicó.

Estas decisiones permitirán a las instituciones como Ministerio de Hacienda y Economía, Ministerio de Cultura y Dirección General de Impuestos Internos “poder fiscalizar y regularizar” aspectos de la ley.

Además, permitirá dar seguimiento al proceso de un largometraje desde su rodaje hasta su exhibición, “toda película dominicana creada con la Ley de Cine debe ser exhibida en el país, y esto debe ser obligatoriedad”.

Fortalecer el ecosistema más allá de los incentivos

Sobre posibles ajustes regulatorios o incentivos adicionales, la Dgcine afirmó que República Dominicana ya cuenta con un marco normativo que “ha demostrado ser efectivo para atraer producciones y dinamizar el sector audiovisual”.

No obstante, explicó que la “estrategia actual no se enfoca únicamente en incentivos fiscales, sino en fortalecer el ecosistema cinematográfico”.

• Formación de capital humano.
• El desarrollo de infraestructura.
• La eficiencia operativa.
• La coordinación institucional.
• La seguridad jurídica.

La institución sostuvo que “esta visión de largo plazo” permitirá mantener el crecimiento de la industria y posicionar a República Dominicana como uno de los destinos “más competitivos de la región para producciones audiovisuales internacionales”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que filmar una película de bajo y mediano presupuesto cuesta entre US$ 6 millones y US$ 20 millones, respectivamente, pero su impacto de manera indirecta influye al desarrollo de nuevas empresas y emprendimientos que suplen bienes y servicios a una producción audiovisual.

Indica que si el impacto directo es de US$ 6 millones, el indirecto en la cadena de suministro es de US$ 4 millones y un inducido de US$ 3 millones, datos que suman US$ 13 millones.