Atraer a productoras interesadas a filmar un largometraje a América Latina tiene un costo: incentivos fiscales que se traducen a que los Gobiernos recurren a tratamientos tributarios preferenciales para promover objetivos de política económica e incentivar la inversión de algunos sectores, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La región de América Latina y el Caribe ofrecen incentivos para el sector forestal y otorgan tratamientos preferenciales a actividades relacionadas con la cultura, especialmente aquellos ligados a proyectos cinematográficos.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que en abril del 2023, Argentina estableció un crédito del 25 % de los gastos de proyectos con una inversión de US$ 500,000, igual que la Ley de Cine 108-10.
“Latinoamérica ofrece numerosas ventajas para que las empresas cinematográficas extranjeras produzcan en la región, pero enfrenta desafíos económicos que pueden convertirla en una opción menos estable y segura que otras regiones”, sostuvo la entidad.
Citó que un entorno de inflación alta y cambiante en materia normativa, pueden desalentar la inversión extranjera. En algunos países, los marcos regulatorios “no acompañan la expansión y dinamismo de la industria”, situación que según el organismo multilateral puede ser un obstáculo en la expansión de las operaciones.
Tres países vieron “flaquear” su política de incentivos cinematográficos después de la pandemia COVID-19. En 2022, la rendición de cuentas de Uruguay en 2021 presentaba posibles cambios en la política cinematográfica. Las Directoras, Directores y Guionistas del Uruguay (DGU) señalaron que la nueva normativa de la Ley de Cine 18.284 (2008) “no garantiza” los derechos ni fondos que existen en la legislación.
El Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual de Uruguay recibe US$ 1.3 millones anuales. Egeda Dominicana destacó que este cine tuvo ingresos de US$ 14.3 millones por 243 estrenos y asistencia de 2,109,902 habitantes durante el 2023.
En octubre del 2024, el suspendido proyecto de Ley de Modernización Fiscal establecía la derogación del Artículo 34 de las películas nacionales y el Artículo 39 del crédito fiscal transferible que promueve la inversión extranjera. Además, el Artículo 19 y el 26 serían reformados.
En ese momento, la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine) dijo que la derogación legislativa provocaría la pérdida de 25,000 puestos laborales. Asimismo, la Asociación Dominicana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Aprodomcine) destacó que con políticas más focalizadas el país podría recibir hasta US$ 1,600 millones para la década del 2030.
Durante el año pasado, la Dirección General de Cine (DGCine) señaló que cuatro de cada 10 dominicanos fueron al cine y generaron US$ 21 millones por concepto de venta de boletos.
El Gobierno de Javier Milei dijo que los subsidios estatales que resultan innecesarios y que suponen un gasto para Argentina, eliminando el “subsidio anticipado para producciones audiovisuales”, pertenecen al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
En este país, el decreto 984-2024 establecía que las producciones acogidas a los incentivos deberán demostrar su capacidad de atraer espectadores para recibir apoyo financiero estatal.
Ante esto, el INCAA dijo que la actividad movilizó 967,241 millones de pesos de valor de producción , de los cuales el 5.2 % del total de la economía y 238,879 millones de pesos de valor agregado. Asimismo, el cine aporta el 3.6 % de las recaudación tributaria.
De acuerdo con Egeda, la asistencia de 44,447,934 espectadores generó ingresos de US$ 206.6 millones. En 2023, se estrenaron 420 largometrajes.
No obstante, Netflix, Disney y Paramount, hasta los asiáticos y europeos, ven a la región como un lugar para el rodaje del próximo audiovisual, por lo que el BID hace referencia a que los reguladores y las partes del llamado séptimo arte tengan un abordaje coordinado con políticas de desarrollo.
Egeda Dominicana indicó que el cine independiente, con recursos limitados, encuentran en las coproducciones una vía para acceder a financiamientos complementarios.
“La colaboración entre diferentes países iberoamericanos amplía el potencial de estas películas para llegar a audiencias internacionales y abrirse paso en festivales y mercados de renombre”.
Si bien los incentivos a la producción pueden ser una forma de ayudar al cine, otras medidas pueden fomentar una mayor colaboración entre guionistas, productores y directores emergentes y las instituciones estatales, así como festivales de cine.