Los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva lo dicen antes que cualquier comunicado oficial: este jueves, los tribunales dominicanos amanecieron distintos. Jueces, juezas y servidores judiciales de todo el país iniciaron a las 9:00 de la mañana el paro nacional de labores convocado por la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales y la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales que llevan años sin respuesta.
La jornada arrancará con la lectura simultánea de un manifiesto en los distintos palacios de justicia del territorio nacional, seguida de declaraciones a los medios. Audiencias y servicios administrativos ordinarios quedaron suspendidos.
El diálogo que nunca fue
El paro se concretó luego de que las conversaciones entre la dirigencia judicial y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) fracasaran sin acuerdo. Dante Ozuna, presidente de Adojupa, fue directo: "No hubo diálogo, no hubo conversación, solamente la administración emitió un comunicado de prensa", en referencia al texto oficial del CPJ que los magistrados calificaron de "político" e insuficiente.
La jueza Yokaurys Morales Castillo, presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, precisó que la protesta no debe llamarse huelga, sino "un día de brazos caídos": los magistrados permanecen en sus tribunales, pero no prestan los servicios ordinarios. El reclamo central, explicó, es la dignificación del servidor judicial, afectado por cambios de categoría y la no aplicación de la política salarial por antigüedad desde 2022.
Los números ilustran la brecha: muchos servidores judiciales perciben entre RD$16,000 y RD$30,000 mensuales, mientras la canasta familiar media ronda los RD$50,000, según datos citados por Morales Castillo en declaraciones a CDN.
De 300 a casi 2,500 adherentes
Lo que comenzó como una convocatoria de menos de 300 jueces creció hasta reunir 448 magistrados y cerca de 2,000 servidores judiciales, según un folleto distribuido este martes. La magistrada Isis Muñiz, presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), recordó que los reclamos datan de 2022 y que, pese a múltiples solicitudes de información amparadas en la Ley de Acceso a la Información Pública e intimaciones formales, no han recibido "una propuesta de parte del Poder Judicial que responda a sus reclamos".
Entre las denuncias que alimentan el descontento figura la existencia de más de 575 plazas vacantes en el Poder Judicial que no han sido cubiertas, lo que obliga a los magistrados en funciones a asumir cargas de trabajo adicionales.
El CPJ dice que todo funciona; los jueces, que no
Frente al paro, el Consejo del Poder Judicial emitió un comunicado asegurando que "los servicios judiciales continuarán operando con normalidad" en todo el país y que la plataforma digital justicia.gob.do permanecerá activa las 24 horas. La institución también informó que los trámites presenciales se mantendrían conforme a la programación ordinaria.
La contradicción entre ambas versiones quedó expuesta en los propios pasillos de los palacios de justicia, donde la imagen de magistrados reunidos sin atender audiencias habla por sí sola.
La comunidad jurídica, dividida pero mayoritariamente solidaria
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) respaldó el paro. Su presidente, Trajano Potentini, se sumó a las demandas de mejores condiciones laborales y reivindicaciones salariales para el sector judicial. El gremio convocó además a una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia.
Participación Ciudadana, en tanto, mostró preocupación por la división interna que el conflicto evidencia en el Poder Judicial, advirtiendo que esa fractura "solo beneficia a quienes no creen en la justicia". La entidad cívica respaldó las demandas, pero llamó al diálogo y a la transparencia en el manejo de los recursos del sistema.
¿Qué sigue?
Los convocantes aclararon que quedarán excluidos de la paralización los asuntos que, por su naturaleza o las circunstancias particulares de cada caso, no puedan ser aplazados. Sin embargo, el impacto en audiencias programadas, trámites de usuarios y servicios administrativos es inevitable.
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