Llamado de atención

Luego de casi tres décadas de una reforma sustancial del poder judicial, que no solo cambió el mecanismo de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) establecido por la Constitución de 1994, sino que creó una carrera judicial mediante la aprobación e implementación de la ley 327-98, y de la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura de la cual han surgido los jueces que han ocupado las posiciones en cada uno de los grados y distintas jurisdicciones, salvo la cuota de libre elección de la Suprema Corte de Justicia; pero también de asignaciones presupuestarias reducidas para el sector justicia y de años señalando la necesidad de una nueva ola de reformas, la paralización de labores de jueces y servidores judiciales debe ser un llamado de atención sobre la urgente necesidad de prestar atención al poder judicial y bajar la peligrosa tensión a su interno.

Para nosotros se trata de un hecho inédito; lo cierto es que los paros judiciales se realizan en muchos países, como es el caso de Francia, país del cual copiamos la figura del CNM y que inspiró en parte el diseño de nuestra carrera judicial, y que su poder puede ser tan efectivo como sucedió hace poco en Italia, país en el que la primera ministra Giorgia Meloni intentó hacer aprobar mediante un referéndum su cuestionada reforma judicial que separaba las carreras de los jueces y los fiscales, y quería dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, a la cual se oponían jueces que convocaron paros judiciales en defensa de la independencia judicial, y la victoria del no en dicha consulta popular a finales de marzo pasado impidió dicha reforma, lo que celebraron con júbilo los jueces y los que se sumaron a su posición.

Está claro que desde hace tiempo en nuestro país hay quejas de jueces y servidores judiciales que reclaman mejores salarios y condiciones de trabajo, y que resienten —como lo han expresado públicamente algunos de los voceros de las asociaciones de jueces— el silencio ante los reclamos que vienen haciendo, uno de los cuales sí fue atendido el pasado año con el cese de labores en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, antiguo edificio de la Suprema Corte de Justicia, aunque la atención a ese reclamo que llevaba un tiempo, con el cierre definitivo de funciones a finales de abril de 2025, tuvo mucho que ver con el impacto de la tragedia del colapso del techo del Jet Set el 8 de abril de ese mismo año.

Muchos de los reclamos tienen que ver con aspectos económicos que dependen en gran medida de que el Gobierno asigne las partidas presupuestarias requeridas, y es injusto hacerlo cargar únicamente sobre las espaldas del presidente del poder judicial, que depende de un presupuesto recortado cada año. Hay otros que evidencian fallas de comunicación, pero hay otros que señalan un malestar más profundo y que merece ser analizado, como el cuestionamiento de la efectividad del Consejo del Poder Judicial creado mediante la Constitución del año 2010, al que algunos califican de inoperante.

El hecho de que esta paralización ocurra en la antesala del esperado proceso de convocatoria del CNM para la evaluación de 11 de los 17 jueces de la Suprema Corte, incluyendo a su presidente, quien lo es también del Consejo del Poder Judicial, puede ser una coincidencia o una forma de presionar, y aunque es una complicación para resolver el problema en lo inmediato, es una oportunidad para tratar de hacerlo en el corto y mediano plazo. La cacareada tercera ola de reformas del poder judicial no puede seguir siendo un discurso; hay una realidad que la exige, y no se trata solamente de atender reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo buscando cómo identificar partidas para hacerlo, sino de analizar responsablemente las necesidades presupuestarias, la efectividad de lo que hemos venido haciendo y la pertinencia de realizar cambios, como por ejemplo el disfuncional proceso de selección de los jueces por el CNM, que se ha vuelto más una trampa que hace que los mejores no participen, que un verdadero mecanismo que permita realizar la selección idónea, y el desacreditado proceso de evaluación, que fue una fórmula incluida en la Constitución de 2010 para recortar el mandato vitalicio de los jueces y permitir que el poder de turno renueve sus mandos. Ojalá que este llamado de atención sirva para impulsar los cambios necesarios.