A pesar de que el año 2025 estuvo marcado por avances institucionales, persisten graves retrocesos y desafíos estructurales en materia de corrupción, transparencia, justicia, equidad social y gobernabilidad democrática.
“La desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción, uno que vulneró un derecho tan fundamental como la salud”, aseguró la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, al presentar este martes el balance 2025 realizado por la institución.
Durante la presentación, Blanco se refirió al más reciente caso de corrupción ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuyo desfalco, según informaciones suministradas por el Ministerio Público, asciende a más de RD$ 15,000 millones.
Blanco calificó el caso Senasa como el hecho "más grave" de 2025, lo que a su juicio quedará en la historia como el más "dantesco" atentado contra la salud del pueblo dominicano, debido a que más allá de las irregularidades administrativas, este caso evidencia el impacto humano de la corrupción.
Resaltó que la investigación que se realiza bajo el nombre de Operación Cobra, dejó en evidencia la negación de tratamientos a personas dependientes del seguro, impactando la vida de un número aún por determinar de personas y empujando a la población a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
“El caso Senasa es un ejemplo de que cuando la administración de recursos de salud no se maneja con ética, transparencia y responsabilidad, las consecuencias no solo son financieras, sino humanas, vidas afectadas, tratamientos no otorgados y pérdida de confianza. Esperamos que este caso no corra la misma suerte de los casos de gran corrupción que se ventilan en los tribunales”.Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana.
Lentitud en los procesos
Al referirse a los procesos en el sistema judicial por corrupción, afirmó que hubo pocos avances en casos de corrupción que cursan en los tribunales, indicando que ha aumentado la preocupación sobre la lentitud y los intentos de lograr que estos casos periman.
La coordinadora de Participación Ciudadana señaló que es necesario un proceso en donde los plazos se manejen con propiedad y celeridad, los cuales permitan tener sentencias en un tiempo oportuno. Asimismo, dijo que las audiencias deben ser públicas partiendo del derecho que tiene la ciudadanía de estar informada y la relevancia e impacto de este caso.
“Se debe modificar lo que sea necesario para que todas las audiencias sean públicas, sobre todo en los casos de corrupción. La audiencia de medida de coerción -en caso Senasa- no fue pública, porque el Código Procesal Penal no lo establece como tal, entonces, estamos solicitando que se tome eso como previsión”, puntualizó.
Aunque valoró la condena de Alexis Medina y compartes por un desfalco superior a RD$ 4,796 millones, aunque con penas consideradas insuficientes, lamentó que los casos Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta este año continuaron estancados por incidentes procesales, reenvíos y recusaciones, reforzando la alerta sobre la reproducción de la impunidad.
Narcotráfico, la piedra en el zapato del PRM
Por otro lado, Blanco destacó la presencia del narcotráfico en la política, especialmente en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), resaltando casos de diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales vinculados al lavado de activos y al tráfico de drogas, los cuales culminaron en condenas, extradiciones y procesos en curso, lo que, a su juicio, revelan el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles al financiamiento partidario.
En ese orden, citó los casos de la exdiputada de La Vega, Rosa María Pilarte; el exregidor, Francisco Alberto Paulino Castro; el exdirector municipal de Las Lagunas, Azua Yamil Abreu; el exdiputado Miguel Gutiérrez; el exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, Gaspar Antonio Polanco Virella; el regidor Edickson Herrera Silvestre, así como el exasesor honorífico para las Zonas Francas, Fabio Augusto Jorge-Puras y los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera.
Asimismo, la coordinadora de Participación Ciudadana presentó las sentencias TC1225 y TC1186/25 emitidas por el Tribunal Constitucional (TC), las cuales consideró fortalecen el derecho fundamental derogando normas que vulneran la intimidad, la vida privada y la libertad de tránsito, así como disposiciones administrativas que permitían colocar impedimentos de salida del país a los ciudadanos por decisiones administrativas, sin la intervención de un juez.
Asimismo, valoró la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, una nueva Cámara de Cuentas, así como avances en digitalización de la Contraloría y destituciones de funcionarios por faltas administrativas.
De igual saludó la aprobación del nuevo Código Penal y el Procesal Penal, pero lamentó la exclusión de las tres causales del aborto.
Altibajos económicos
En cuanto a la economía, Participación Ciudadana dijo que esta se desaceleró, con un crecimiento estimado cercano al 2 %, afectada por la incertidumbre global, restricciones fiscales y debilidades estructurales internas. Además, señaló que, el país se vio afectado por las medidas arancelarias adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
Agregó que durante el año aumentó la inflación, se deterioraron servicios públicos y persistió la dependencia del endeudamiento, remesas e inversión extranjera.
Sostuvo que se registraron avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, pero estas siguen siendo elevadas y persiste la falta de reformas fiscales y estructurales claves.
Situación de Haití y combate al narcotráfico
Por otro lado, Participación Ciudadana valoró el encuentro entre el presidente Luis Abinader con los exmandatarios Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, en el cual coordinaron acciones con el Consejo Económico y Social (CES) sobre la situación de Haití, la cual afecta a República Dominicana.
También subrayó el impacto de los cambios en el combate al narcotráfico en la región, al tiempo que destaco las visitas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y del secretario de Guerra, Pete Hedgest.
En ese sentido, Participación Ciudadana destacó el acuerdo anunciado entre Republica Dominicana y Estados Unidos, en el cual el país caribeño otorga permiso hasta abril del próximo año a aeronaves norteamericanas para usar áreas del Aeropuerto Internacional de Las Américas y de la Base aérea de San Isidro, con fines de apoyo logístico en el combate del narcotráfico en la zona.
“Este acuerdo ha creado cuestionamientos y preocupación en importantes sectores de la sociedad civil que temen por la vulneración de la soberanía nacional y el involucramiento del país en la agenda internacional de otro país”, precisó Participación Ciudadana.
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