Industriales advierten falta de claridad sobre jornada y descansos del servicio doméstico

Más allá de la cesantía, la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) entiende que la reforma laboral contiene otros aspectos que aún requieren una discusión más profunda. Entre ellos figuran disposiciones relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores de servicio doméstico y la forma en que estas se equiparan con las de otros sectores productivos.

Mario Pujols señaló que el texto aprobado deja interrogantes sobre temas prácticos de la relación laboral, como la definición de la jornada de trabajo, los horarios de descanso, las pausas para almuerzo, el tratamiento del trabajo nocturno y las condiciones aplicables a empleados que pernoctan en los hogares donde prestan servicios.

A su juicio, estos puntos todavía necesitan mayor claridad y consenso, por lo que considera necesario retomar las conversaciones entre los distintos sectores involucrados en la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados.

El Código Laboral fija una jornada máxima de ocho horas diarias y 44 horas semanales, con un descanso mínimo de 10 horas entre jornadas, una pausa de al menos una hora durante el día y un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas.

Asimismo, establece que estos trabajadores tendrán derecho a salario mínimo, salario de Navidad, vacaciones, descanso remunerado y protección de la maternidad.

El contrato podrá terminar por mutuo acuerdo o por decisión unilateral con un preaviso de cinco días, y no estarán sujetos a las disposiciones sobre cesantía y otras indemnizaciones.

Cesantía, el gran debate entre sectores

El vicepresidente de la AIRD también rechazó la idea de que la discusión sobre la cesantía se traslade a un escenario distinto al de la reforma laboral. Sostuvo que este tema está vinculado con la seguridad social y que ambos deben abordarse de manera conjunta.

Según explicó, la informalidad laboral representa un desafío para el sistema, ya que los trabajadores informales carecen de protección laboral, no generan derechos de cesantía y tampoco realizan aportes a la seguridad social. Por ello, insistió en que cualquier debate sobre el futuro de la cesantía debe formar parte de una discusión más amplia sobre la formalización del empleo y la sostenibilidad de la protección social en el país.

Pujols, sostuvo que el texto aprobado no incorpora propuestas consideradas por el sector industrial, por lo que entiende necesario que el proyecto regrese a la mesa de concertación.

“No estamos de acuerdo con el documento aprobado, por lo cual hacemos un llamado a que regresemos a las mesas de conversación y de búsqueda de consenso para asegurar que todos los puntos y todas las preocupaciones sean debidamente respondidas”, afirmó.

La AIRD reiteró su propuesta de establecer un sistema dual que preserve los derechos adquiridos de los trabajadores actuales, mientras que los nuevos empleos que se generen bajo una reforma laboral estén sujetos a un esquema con tope en las prestaciones por cesantía.

Según Pujols, esta fórmula permitiría mantener la seguridad jurídica de los empleados que ya forman parte del mercado laboral y, al mismo tiempo, facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo formales.

“No vamos a ninguna mesa”

Consultado sobre la petición de los empresarios de que el proyecto vuelva a una mesa de diálogo, el dirigente sindical Gabriel del Río descartó esa posibilidad. “No vamos a ninguna mesa, no vamos a ir a ninguna mesa, no vamos a discutir en ninguna mesa”, dijo.

A su entender, la discusión ya concluyó y lo que corresponde es la aprobación. “El código ya se discutió y hay que aprobarlo tal como se allegó el acuerdo”, reiteró. Aunque reconoció que el empresariado tiene derecho a fijar posición y reclamar cambios, sostuvo que el objetivo de ese sector es modificar aspectos que el movimiento sindical considera innegociables.

“Ellos pueden hablar lo que quieren, porque ese es su derecho a hablar y a exigir, protestar”, indicó, pero añadió que, en su opinión, buscan “que quitara la cesantía” y “quitar una cantidad de cosas que a ellos no les conviene”.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, valoró la aprobación en primera lectura de la reforma al Código de Trabajo en la Cámara de Diputados y aseguró que la iniciativa es el resultado de “un amplio proceso de concertación” entre los distintos sectores involucrados.

El funcionario explicó que el proyecto fue objeto de un importante proceso de debate en el que el tripartismo, modelo que integra al Gobierno, los sindicalistas y el sector empresarial, desempeñó un papel fundamental. Según indicó, entre el 90 % y el 95 % del contenido de la reforma surgió de los acuerdos alcanzados durante ese diálogo.

Sostuvo que tanto el Senado como la Cámara de Diputados realizaron aportes que fortalecieron la propuesta legislativa. A su juicio, la reforma tendrá un impacto similar al de la modificación laboral de 1992, al contribuir al crecimiento económico y al fortalecimiento del mercado laboral dominicano.

El vicepresidente de la AIRD argumentó que la propuesta busca impulsar la generación de empleo digno y contribuir a enfrentar la informalidad laboral, una de las principales preocupaciones del sector productivo, al citar los datos del Banco Central dominicano (BCRD).

Alrededor del 54 % de la economía opera en condiciones de informalidad, mientras que de los 118,000 empleos generados entre enero y marzo del 2026, el 82 % corresponde a empleos informales, por lo que a juicio de la AIRD, el documento aprobado no contiene medidas dirigidas específicamente a enfrentar esa realidad.

“Entendemos que es la única manera de asegurar la generación de empleo, la generación de empleo digno aquí en el país y que se comience a ver como un combate a la informalidad”, expresó.

Sin embargo, después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley un bloque empresarial sin precedentes en número y diversidad sectorial advirtió de males que vislumbra.

El comunicado señaló que varios acuerdos alcanzados durante el proceso de negociación entre empleadores, trabajadores y Gobierno "aún no se reflejan plenamente" en la versión legislativa actual. Esto implica que el texto que avanza en el Congreso se habría apartado, al menos parcialmente, de lo pactado en la mesa tripartita.

• Posible encarecimiento del empleo formal, según el sector empresarial.
• Riesgo de generar incertidumbre jurídica para las empresas, de acuerdo con los empresarios.

El proyecto que modifica el Código Laboral fue aprobado por los diputados con 144 votos a favor, tras seis meses de estudios en una comisión que se retrasó por las constantes inasistencias de los legisladores.

• Aumento de la licencia por paternidad.
• Suspensión del contrato laboral durante estados de excepción.

Los empresarios también denuncian que asuntos para adaptar el mercado laboral a las nuevas realidades económicas como la informalidad, la productividad y la competitividad permanecen “pendiente” en la propuesta, lo que, a su juicio, vaciaría de contenido transformador a la reforma.