El crecimiento de los alquileres de corta estadía a través de plataformas digitales ha transformado la oferta de alojamiento turístico en República Dominicana y abierto un debate sobre cómo regular estas unidades, garantizar la seguridad de los huéspedes, establecer obligaciones fiscales y definir reglas de competencia frente al sector hotelero.
La discusión, sin embargo, no es nueva. La regulación de la renta corta comenzó en marzo de 2022, cuando autoridades turísticas informaron que existían unas 53,000 habitaciones de renta corta y anunciaron que comenzarían a ser reguladas en un plazo de 60 días.
Más de cuatro años después, el proceso se encuentra en consulta pública. El Ministerio de Turismo (Mitur) convocó a las personas a presentar observaciones al proyecto de reglamento desde el 20 de mayo hasta este miércoles 22 de julio de 2026.
La propuesta establece la creación del Registro Nacional de Alojamientos Turísticos (Renatur), con el propósito de registrar los hospedajes y alquileres de corta estadía.
Según el Banco Central dominicano (BC), entre enero y junio de 2026 llegaron 4,963,343 no residentes por vía aérea. De estos, 3,459,582 se alojaron en hoteles, mientras 1,503,761 utilizaron otros tipos de alojamiento.
El sector hotelero cerró 2025 con 94,309 habitaciones distribuidas en 1,030 establecimientos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores).
- Los prestadores de servicios de alojamiento vacacional deberán registrar ante el Ministerio de Turismo todas las propiedades o unidades habitacionales que ofrezcan bajo esta modalidad.
- El registro será una condición para ofertar y comercializar servicios de hospedaje turístico de corta estadía.
- La obligación aplicará tanto a la comercialización presencial como a través de plataformas digitales.
- El reglamento establece un período de seis meses de adecuación para que los prestadores formalicen su registro.
Cómo inició este proceso que tomó más de 60 días
La primera referencia de este proceso se remonta al 30 de marzo de 2022, cuando autoridades turísticas anunciaron que las plataformas de alquiler comenzarían a ser reguladas en 60 días.
Para entonces, las autoridades habían identificado unas 53,000 habitaciones de renta corta en el país.
En octubre de 2022, el entonces presidente de Asonahores, Rafael Blanco Tejera, afirmó que el sector esperaba que el presidente Luis Abinader aprobara y diera a conocer un proyecto de ley sobre el gravamen a plataformas digitales como Airbnb.
La posición del sector era que la regulación debía contribuir a garantizar condiciones de calidad y seguridad para los turistas.
En enero de 2023, el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti), Michael Lugo Risk, valoró el acuerdo de intención de regulación entre Airbnb y el Gobierno. Sostuvo que las plataformas digitales de alojamiento habían aumentado su participación en el mercado desde 7.1 % en 2019 hasta 28.5 % en dos años.
Para entonces, planteaba que uno de los primeros pasos hacia la regularización podía ser la creación de un sistema de licencias o registro a través del Ministerio de Turismo.
En marzo de 2023, el Ministerio de Turismo y Airbnb tenían previsto avanzar en un acuerdo para establecer parámetros relacionados con la seguridad y salubridad de los turistas. Las autoridades turísticas explicaron que el Ministerio de Turismo no tenía competencia para regular la parte fiscal, pero que existían conversaciones con la Dirección General de Impuestos Internos.
Ese mismo año, ACENTO conversó con Carlos Muñoz, director de Asuntos Públicos para Centroamérica y el Caribe de Airbnb, quien explicó que la empresa estaba compartiendo experiencias internacionales sobre modelos de regulación que permitieran establecer reglas sencillas y de fácil cumplimiento para los usuarios.
La posición de la plataforma era que existía una vía para cumplir con las obligaciones del Estado sin perjudicar a los dominicanos que habían invertido en el sector inmobiliario.
Muñoz aseguró entonces que la empresa mantenía conversaciones con los ministerios de Turismo y Hacienda, y con la Dirección General de Impuestos Internos.
En abril de 2024, Asonahores planteó que el turismo inmobiliario debía contar con garantías y niveles de seguridad similares a los del sector hotelero tradicional. La organización insistió en que el debate no debía limitarse al aspecto impositivo.
En ese contexto, el expresidente de Asonahores, David Llibre, sostuvo que la regulación era necesaria para preservar la competitividad del turismo dominicano y garantizar condiciones de seguridad tanto para los visitantes extranjeros como para los dominicanos que utilizan estos alojamientos.
En abril de 2024, la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, señaló que República Dominicana no podía cerrarse a ningún canal de acceso de turistas y reconoció que los alquileres de corta estadía podían complementar la oferta tradicional.
Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de establecer normas relacionadas con la seguridad. Puso como referencia que los hoteles han realizado inversiones para garantizar la protección de sus huéspedes.
En octubre de 2024, Impuestos Internos informó a ACENTO que el reglamento se encontraba en el Poder Ejecutivo. La entidad explicó que el documento había sido sometido previamente a vistas públicas, tras lo cual se elaboró un borrador que recibió diversas opiniones antes de ser remitido al Poder Ejecutivo.
En abril de 2025, la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, dijo a ACENTO que se trabajaba en los detalles de la regulación y que la asociación y el Ministerio de Turismo mantenían diálogos para avanzar hacia su aprobación e implementación.
En enero de 2026, Lendor planteó que el sector hotelero aspiraba a una regulación más amplia de los alquileres de corta estadía, mediante un proyecto que incluyera aspectos fiscales, de uso de suelo y de operación.
La propuesta del sector contempla establecer reglas sobre dónde pueden funcionar estas unidades, bajo cuáles condiciones y con qué estándares de seguridad.
En febrero de 2026, el presidente de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe (AHRB), Andrés Fernández, sostuvo que el desarrollo inmobiliario y la diversificación de la oferta de alojamiento son legítimos cuando se realizan dentro de la ley.
El planteamiento, dijo, no debe ser prohibir ni frenar estas modalidades, sino ordenarlas mediante estándares mínimos que protejan a los visitantes, los residentes y la reputación de los destinos turísticos.
En mayo de 2026, la DGII informó que trabajaba en un mecanismo para que las plataformas digitales comenzaran a tributar en el país. La institución calculó entonces un período aproximado de 60 días para discutir la propuesta.
Por cada dos habitaciones hoteleras, existen tres de Airbnb
Entre las provincias con mayor cantidad de habitaciones de renta corta figuran Puerto Plata, con 26,628; La Altagracia, con 24,723; Santiago, con 12,271; Samaná, con 11,918, y La Romana, con 10,196. En el Gran Santo Domingo se reportan 29,202 habitaciones.
Estos números contrastan con las 94,309 habitaciones hoteleras registradas al cierre de 2025.
El crecimiento ha intensificado la discusión sobre la competencia entre los alojamientos tradicionales y las unidades comercializadas a través de plataformas digitales.
Para el sector hotelero, la preocupación no se limita al pago de impuestos, sino que también abarca las condiciones de seguridad, los requisitos de operación y las obligaciones que deben cumplir los distintos actores del mercado.
¿Qué ha dicho Airbnb?
Airbnb ha sostenido que está dispuesta a participar en un proceso de regulación y formalización de sus usuarios en República Dominicana.
En marzo de 2023, Carlos Muñoz, director de Asuntos Públicos para Centroamérica y el Caribe de la plataforma, explicó a ACENTO que la empresa compartía con las autoridades dominicanas experiencias internacionales sobre cómo establecer reglas sencillas y fáciles de cumplir.
- Airbnb ha planteado que la regulación debe tomar en cuenta las características particulares del sector.
- La empresa ha advertido sobre la necesidad de evitar que las nuevas obligaciones afecten negativamente a los propietarios que han invertido en bienes raíces para destinarlos al alquiler turístico.
A pesar de los anuncios realizados desde marzo de 2022, las conversaciones no habían desembocado hasta 2024 en un acuerdo definitivo, un anteproyecto o una normativa aprobada, según explicó entonces el representante de Airbnb a ACENTO.
Ahora, en julio de 2026, el proceso vuelve a una fase de participación pública con la consulta del reglamento del Renatur.
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