¿Airbnb o hoteles? República Dominicana ya vive la “revolución silenciosa” del turismo

Mientras los hoteles pagan impuestos, cumplen regulaciones laborales, inspecciones sanitarias y normas de seguridad, las propiedades turísticas operan fuera del sistema formal. De acuerdo con la Caribbean Hotel & Tourism Association (CHTA), República Dominicana estaría dejando de percibir cerca de RD$ 10 mil millones anuales en impuestos vinculados a este sector, equivalentes a unos US$ 170 millones.

Las propiedades de renta corta o Airbnb superaron las 49,000 propiedades en diciembre de 2025, con una disponibilidad de 114,938 habitaciones, de acuerdo con el Sistema de Inteligencia Turística (Situr).

La expansión de este segmento también se refleja en la preferencia de los extranjeros no residentes. En 2025, el 34 % de los turistas que llegaron al país eligió alojarse en establecimientos de renta corta, de un total de 8,860,709 turistas, según el Banco Central (BCRD).

Estas cifras evidencian una transformación en la forma en que los turistas consumen alojamiento, un fenómeno que, según Magaly Toribio, experta en marketing turístico, avanza más rápido de lo que muchos gobiernos han logrado comprender.

Mientras gran parte del Caribe ha mantenido su apuesta por el crecimiento hotelero tradicional, plataformas de alquileres turísticos de corta duración han ganado terreno de manera sostenida y ya constituyen uno de los principales motores del alojamiento turístico en la región.

Toribio citó un estudio de la Caribbean Hotel & Tourism Association (CHTA), que muestra cómo este cambio ya está redefiniendo algunos destinos caribeños.

En Aruba, por ejemplo, los visitantes alojados en unidades de renta corta crecieron un 118 % entre 2019 y 2025, mientras que los hospedados en hoteles aumentaron apenas un 9.4 %. De hecho, las noches ocupadas en alojamientos tipo Airbnb ya superan a las hoteleras.

La realidad dominicana, sostiene, no es menos significativa. El mismo estudio estima que República Dominicana cuenta con alrededor de 54,000 unidades de alquiler turístico, equivalentes a unas 110,000 habitaciones, una cifra que supera el inventario hotelero nacional, estimado en unas 90,000 habitaciones, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores).

La regulación comenzó a ganar espacio en la agenda turística y económica dominicana en marzo de 2022, cuando las autoridades informaron la existencia de 53,000 habitaciones de renta corta y anunciaron que serían reguladas en un plazo de 60 días, un proceso que, a junio de 2026, aún no cuenta con una propuesta oficial.

Este crecimiento ha intensificado la competencia con el sector hotelero tradicional y ha reavivado los debates sobre la llamada competencia desleal en el mercado turístico.

En ese contexto, un estudio de Analytica estimó que para 2022 los ingresos generados por este tipo de alquileres ascendieron a US$ 75.3 millones, con un ingreso promedio diario de US$ 128.

Para Toribio, el problema no radica en la existencia de las plataformas. Por el contrario, reconoció que han democratizado el turismo, ampliado la oferta de alojamiento y permitido que las familias generen ingresos adicionales. La preocupación, afirmó, es la ausencia de reglas claras, supervisión fiscal y estándares mínimos de seguridad.

Ante este panorama, tanto el Estado dominicano como actores del sector empresarial han planteado la necesidad de que el turismo inmobiliario cuente con garantías y niveles de seguridad similares a los del sector hotelero tradicional. En ese sentido, se ha enfatizado que “no se trata de un tema impositivo, sino de seguridad para los turistas”.

Para Toribio, el Ministerio de Turismo debe abocarse a establecer reglas claras y equitativas para todos los actores del sector.

• Equilibrar la innovación con el desarrollo del sector.
• Aprovechar las oportunidades económicas sin generar distorsiones.
• Garantizar la sostenibilidad y la calidad de vida en las comunidades receptoras.

La experta destacó que varios destinos caribeños ya han comenzado a actuar. Curazao implementará una tarifa única de entrada para todos los visitantes; Turks & Caicos desarrolló un modelo agresivo de fiscalización y monitoreo; y Santa Lucía apostó por incentivos y certificaciones para profesionalizar el sector.

República Dominicana, mientras tanto, continúa posponiendo una regulación que, a su juicio, ya no admite más retrasos.

En un plazo de 60 días, DGII proyecta discutir esquema para que plataformas digitales tributen ITBIS

La mayor concentración de estas habitaciones se encuentra en Puerto Plata, con 26,628 habitaciones, seguida por el Gran Santo Domingo con 29,202; Puerto Plata con 26,628; La Altagracia con 24,723; Santiago con 12,271; Samaná con 11,918 y La Romana con 10,196.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) trabaja desde mayo de este año en la creación de un “mecanismo” para que las plataformas digitales comiencen a tributar en República Dominicana.

La entidad estima que la propuesta podría estar discutida en un plazo aproximado de 60 días, es decir, hacia mediados de julio de 2026, si se cumple el calendario planteado.

Así lo afirmó el director general de la DGII, Pedro Urrutia, al referirse al estado de las conversaciones con proveedores de servicios digitales. “Mi metodología es persuasiva, y este es el único país donde las plataformas piensan que no están obligadas a pagar impuestos”, dijo.

Agregó que la administración tributaria está “en conversación con todas” y que el objetivo es establecer un esquema para que “por lo menos ingresen el Itbis de un 18 %” bajo un criterio definido, ante lo que describió como un tema en el que “se está delatando bastante”.

“Todos los servicios digitales van a estar capturados”, señaló al responder si la medida se limitaría a un tipo de servicio específico.

Para Juan Lladó, experto en turismo, la tarea de la regularización y de la carga impositiva debe agilizarse al máximo.

Esto no solo porque ya una cuarta parte de los turistas que llegan por vía aérea prefieren alojarse en plataformas, sino porque una regulación adecuada aportaría mayor seguridad y ayudaría a evitar fenómenos adversos observados en otros destinos, como España.

A su juicio, también resulta justo que tanto las plataformas como los propietarios de los inmuebles contribuyan con una carga impositiva, aunque considera conveniente que durante los primeros cinco años la tasa no supere el 5 % para incentivar un cumplimiento masivo.

Lladó entiende que la importancia de atender este subsector va más allá de su volumen dentro de la oferta turística. Además de complementar la capacidad hotelera, permite que propietarios de viviendas, villas y apartamentos participen directamente en la industria turística.

Esto cobra relevancia porque, según explicó, cerca del 95 % de las habitaciones hoteleras existentes pertenecen a empresas extranjeras, lo que implica importantes repatriaciones de utilidades hacia sus países de origen.

En contraste, en el caso de las plataformas de renta corta la mayoría de los propietarios son locales, por lo que una gran parte de los beneficios económicos permanecería en el país.

Por ello, consideró que el Ministerio de Turismo debe equilibrar su atención al tema mediante consultas con los propietarios y evitar una gestión que pueda percibirse como favorable únicamente a los inversionistas extranjeros.