Después de la pandemia de COVID-19, muchos dominicanos vieron la renta corta como una opción de inversión a largo plazo debido a su rentabilidad, precios en moneda extranjera y la generación de ingresos mientras participan en la industria turística del país.
La proliferación y preferencia del extranjero por este alojamiento representa un desafío para las autoridades dominicanas, quienes buscan desde marzo del 2022 su regulación.
Ante esto, la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Aguie Lendor, dijo a ACENTO que se está “trabajando y afinando los detalles de la regulación”. Agregó que Asonahores y el Ministerio de Turismo (Mitur) están realizando los diálogos finales para su aprobación e inicio de regulación en el país.
Entre enero y marzo del 2025 llegaron 2,320,555 extranjeros no residentes a República Dominicana vía aérea. De estos, 1,734,467 se alojaron en hoteles tradicionales y 586,088 en “otros” como la renta corta, es decir, el 25.2 % del total.
Al comparar las estadísticas publicadas por el Banco Central, se evidencia una disminución de 2.0 % en la cantidad de turistas alojados en establecimientos como Airbnb, al pasar de 603,778 a 586,088 en el primer trimestre del 2024 y 2025. En términos absolutos significa 17,690 personas menos.
Asimismo, en los primeros tres meses de este año la preferencia de los extranjeros no residentes en elegir los hoteles aumentó un 0.2 %, de 1,730,784 a 1,734,467. Si bien el porcentaje es mínimo, equivale a 3,683 extranjeros más.
El organismo monetario señala que 311,961 pasajeros fueron clasificados como dominicanos residiendo en la diáspora, quienes unos 205,550 se alojaron en establecimientos no tradicionales como renta corta, y 106,411 en hoteles. Es decir, de cada tres dominicanos, dos prefirieron alojamientos alternativos.
Este caso varía cuando se analiza la preferencia de los extranjeros. De los 2,008,594 extranjeros no residentes, 380,537 prefirieron pernoctar en plataformas digitales, mientras que 1,628,056 reservaron varias noches en hoteles tradicionales.
Habrá regulación
República Dominicana cuenta con 78,839 habitaciones, de acuerdo con el Ministerio de Turismo (Mitur), hasta diciembre del 2024, distribuidas en 399 hoteles, de las cuales, 48,833 están ubicadas en Bávaro-Punta Cana. Las provincias de el Gran Santo Domingo y Puerto Plata registran 5,760 y 5,525 habitaciones, respectivamente.
Aunque más de dos tercios (74.7 %) de los extranjeros siguen prefiriendo pernoctar en un hotel tradicional, las autoridades dominicanas buscan regular desde marzo del 2022 las plataformas de propiedades de renta corta, debido a la competencia desleal y la inseguridad para el turista.
A diciembre del año pasado, Quisqueya contaba con unas 120,000 unidades de habitaciones de renta corta. Además, solo en 2024, el 30 % de los extranjeros no residentes que llegaron vía los aeropuertos se alojó en establecimientos de renta corta, o sea, 2,564,651 del total situado en 8,535,701, conforme el Banco Central (BC).
Desde el anuncio, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) han abogado por su regularización con el fin de proteger a los turistas y recibir el 18 % del impuesto a la transferencia de bienes y servicios (Itbis) a las arcas estatales.
En marzo del año pasado, ACENTO conversó con director de Asuntos Públicos para Centroamérica y Caribe de Airbnb, Carlos Muñoz, quien explicó que están compartiendo la experiencia internacional de cómo establecer reglas sencillas y fáciles de cumplir que estén acorde con el cumplimiento y formalización de los usuarios.
El titular de la plataforma de alquileres de renta corta comentó que “sí existe una manera responsable y eficiente de cumplir con la obligación del Estado” sin perjudicar a los dominicanos que están invirtiendo en el sector de bienes raíces.
Afirmó que desde el holding buscan ser una empresa que promueve la formalización del sector a través de una manera responsable, moderna y fácil de cumplir. Su pensamiento se enmarca en que en diferentes naciones de América Latina y el mundo, los Gobiernos han iniciado a gravar con impuestos las operaciones turísticas.
Además, la aplicación del Itbis para los servicios digitales (Airbnb, por ejemplo) fue planteado en el retirado proyecto de ley de Modernización Fiscal, impulsado por el Ministerio de Hacienda, en octubre del 2024.
En ese momento, la Dirección General de Impuesto Internos (DGII) aseguró que el proyecto de Reglamento que regula el procedimiento está en borrador, y el titular de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, dijo que está en marcha y que “eso va”.
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