El debate sobre la unificación de la arquitectura estatal cobró fuerza este jueves tras una parada cívica frente al Parque Independencia, donde decenas de docentes y estudiantes manifestaron su rechazo a la integración institucional.
Los manifestantes advirtieron que la absorción del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) por parte del Ministerio de Educación (Minerd) podría diluir el uso de los fondos destinados al presupuesto público del 4 %.
Este reclamo se suma a la tensión generada desde que el Poder Ejecutivo depositó formalmente el proyecto de ley en el Senado el pasado 11 de diciembre de 2025 para unificar todo el sistema educativo.
A través de diversos análisis publicados en Acento, la exministra Jacqueline Malagón planteó el 2 de junio de 2025 que, aunque la fusión busca optimizar recursos, el área de ciencia e innovación debería permanecer en una agencia separada.
Por su parte, la educadora Dinorah García Romero advirtió el 15 de diciembre de 2025 que el proyecto crea un viceministerio de educación superior sin funciones claras sobre la calidad académica.
El académico Radhamés Mejía ha sostenido que la pieza enviada al Congreso privilegia la viabilidad administrativa sobre una verdadera transformación educativa.
Por otro lado, Gerardo Roa Ogando advirtió que reducir la educación superior a un apéndice de la preuniversitaria pone en peligro la investigación científica y el pensamiento crítico.
Desde una óptica técnica, Esteban Tiburcio Gómez alertó que concentrar la rectoría de todos los niveles en un solo ministro amplía el margen para la intervención política.
El rector del Intec, Arturo del Villar, planteó que cualquier proceso de unificación debe garantizar el impulso de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem).
En representación de las universidades, Wady Ramírez denunció que el documento depositado en el Senado no es el mismo que las academias consensuaron previamente para lograr una reforma integral.
El analista Giovanni D’Alessandro cuestionó si esta decisión estatal respeta la continuidad del pacto social firmado por los sectores que lucharon por la inversión educativa.
Asimismo, Rafael Antonio Vargas López calificó la fusión como un movimiento que amenaza con fracturar la columna vertebral de la capacidad científica dominicana.
Incluso en reflexiones previas, Radhamés Mejía insistió en que sin una agencia de aseguramiento de la calidad académica con autonomía técnica, la fusión carecerá de sentido.
Finalmente, las voces críticas como Finjus coinciden en que el Gobierno debe abrir un diálogo multisectorial para evitar que una búsqueda de ahorro administrativo termine por hipotecar el futuro nacional.
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