Esta semana, diversos periódicos de circulación nacional destacaron el depósito en el Senado de la República del proyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (MINERD).
Aunque la propuesta se enmarca en un discurso de modernización administrativa y racionalización del aparato estatal, un examen detenido revela importantes debilidades estructurales que comprometen gravemente la autonomía universitaria, la gobernanza del sistema educativo y la integridad técnica de la educación superior, ciencia y tecnología.
En mi condición de exrector universitario, considero que esta iniciativa se ha presentado de manera apresurada y sin un verdadero proceso de consenso (por no decir, sin ningún tipo de consenso) con los actores que resultarían directamente afectados. El debate público, la socialización amplia y la escucha activa de los distintos sectores son imprescindibles, dada la magnitud del impacto que una decisión unilateral tendría sobre las universidades públicas y privadas, la comunidad académica del nivel superior (profesores, investigadores y estudiantes), el MESCyT y su personal técnico, los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), los organismos colegiados del sistema educativo, como el CONESCyT y el Consejo Nacional de Educación (CNE), el sector privado y empresarial vinculado a la educación superior, así como la sociedad civil organizada (APMAE, ADP, FAPROUASD, gremios profesionales y comunidades de fe, iglesias etc.).
La fusión coloca bajo una sola autoridad ministerial la rectoría de todos los niveles educativos: inicial, primaria, secundaria y superior. Esta concentración resultará problemática, no solo por el volumen y heterogeneidad de las responsabilidades, sino también porque diluye la especialización técnica necesaria para regular adecuadamente la educación superior, un ámbito que requiere estándares, metodologías y marcos regulatorios fundamentalmente distintos a los del nivel preuniversitario.
El nuevo Viceministerio de Educación Superior aparece subordinado en una estructura saturada y orientada primordialmente a la educación básica, lo que implica una pérdida de autonomía técnica, de rapidez operativa y de capacidad de incidencia en la formulación de políticas educativas.
Uno de los elementos más críticos es la supresión del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), órgano rector especializado que durante más de dos décadas ha articulado decisiones estratégicas, técnicas y normativas en la educación superior.
Su sustitución por un Consejo Consultivo de Educación, de naturaleza exclusivamente consultiva, constituye un debilitamiento de la institucionalidad deliberativa del sector. La pérdida de un órgano con capacidad decisoria afecta. Los procesos de habilitación y acreditación institucional, la certificación de programas, la evaluación de la calidad, la supervisión del sistema, la regulación de los estándares académicos.
La nueva figura (Consejo Consultivo de Educación) presidida por el mismo ministro y desprovista de autonomía elimina cualquier contrapeso interno, haciendo que las decisiones estratégicas dependan exclusivamente de la autoridad política.
La ambigüedad normativa abre un amplio espacio para la intervención política. El Artículo 4 declara respetar la autonomía universitaria; sin embargo, su párrafo la contradice al otorgar al Ministerio la facultad de regular «los asuntos propios del sistema universitario». Esta cláusula, formulada de manera amplia e imprecisa, constituye una vía para intervenir directamente en el diseño curricular, la carrera profesoral, la investigación y sus prioridades, la organización interna de las IES, así como en los criterios de admisión y titulación.
Cualquier ministro podría interpretar esta potestad como habilitación para interferir en decisiones históricamente reservadas a la autonomía académica, debilitando un principio constitucional y poniendo en riesgo la libertad de cátedra y la independencia investigativa.
Artículo 4. Respeto a la autonomía universitaria. La reorganización dispuesta por la presente ley se ejecutará con pleno respeto a la autonomía universitaria reconocida por la Constitución y las leyes a las instituciones de educación superior.
Párrafo. En el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación podrá regular los asuntos propios del sistema universitario en la medida necesaria para cumplir con las atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes.
Si se analiza detenidamente el Artículo 4 y su párrafo, se advierte un discurso ambiguo y contradictorio. Mientras el artículo proclama el respeto a la autonomía universitaria, el párrafo inmediatamente siguiente autoriza al Ministerio de Educación a regular «los asuntos propios del sistema universitario». En otras palabras, aunque se enuncia un respeto formal, al mismo tiempo se otorga al Ministerio la potestad de intervenir y regular conforme a sus propios criterios, vaciando de contenido efectivo la autonomía que supuestamente se garantiza.
La absorción de la educación superior dentro de un ministerio orientado a la educación inicial y secundaria implica un desajuste conceptual y operativo. La gobernanza universitaria requiere criterios propios, investigación científica, carrera académica, acreditación internacional, movilidad, extensión universitaria y conexión con el sistema de innovación. Ninguno de estos ámbitos forma parte del expertise técnico natural del MINERD.
Esta desalineación puede producir estandarización forzada de modelos académicos, pérdida de flexibilidad institucional, imposición de prioridades educativas ajenas al nivel superior, reducción de la capacidad de las IES para responder a las demandas del mercado laboral y del desarrollo nacional.
La propuesta de fusión potencia el control partidario sobre el sistema educativo, ya que, al unificarse los dos ministerios y centralizarse toda la autoridad en una sola figura política, el proyecto amplía notablemente el margen para prácticas clientelares y utilización política de los procesos administrativos.
La educación superior, por su magnitud y su influencia en la vida social y política del país, siempre ha sido un ámbito atractivo para el control partidario. La fusión propuesta incrementa significativamente este riesgo, al permitir que un solo ministro concentre atribuciones como la habilitación y acreditación de instituciones, la asignación de becas y fondos de investigación, y la gestión de los nombramientos y reubicaciones del personal del antiguo MESCyT. Además, otorga capacidad para influir en decisiones internas de las universidades mediante regulaciones generales, y abre la posibilidad de autorizar nuevas instituciones de educación superior bajo una lógica similar a la de los colegios privados, lo que podría incentivar que sectores económicos poderosos conciban la educación superior como un negocio más, antes que como un bien público estratégico.
El Artículo 29 autoriza al ministro a reorganizar la estructura del nuevo ministerio mediante resoluciones, sin necesidad de aprobación legislativa, lo que se convierte en una puerta abierta a la discrecionalidad. Esta facultad extraordinaria, combinada con la ausencia de contrapesos institucionales, amplifica los riesgos de creación de puestos clientelares, designación discrecional sin criterios técnicos, manipulación de órganos internos para favorecer intereses políticos, debilitamiento de unidades técnicas independientes. En lugar de fortalecer la gobernanza, esta medida incrementa la vulnerabilidad del sistema ante ciclos partidarios y cambios de gobierno.
Artículo 29. Reestructuración provisional. Hasta tanto sea aprobado el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Educación, a fin de preservar la juridicidad, la eficacia y los demás principios fundamentales que rigen la organización y el funcionamiento de la Administración pública, y para garantizar la efectividad de los servicios públicos, en especial su cobertura continua y de calidad, el ministro de Educación estará autorizado y facultado para dictar resoluciones relacionadas con la estructura interna y distribución de competencias y atribuciones entre los órganos del Ministerio de Educación, debiendo dichas resoluciones ser refrendadas por el Ministerio de Administración Pública para su validez jurídica.
El control del Sistema Nacional de Becas, de los fondos de investigación y de la relación con INFOTEP y las universidades queda centralizado en el MINERD, propiciando la posibilidad de convertir instrumentos estratégicos que deberían ser meritocráticos en mecanismos de recompensa política, debilitando la confianza del sistema y deteriorando la calidad académica.
Los riesgos descritos no se limitan a las universidades; afectan al sistema educativo completo. Entre los impactos más probables se encuentran la pérdida de credibilidad internacional en materia de aseguramiento de la calidad, reducción de la inversión científica debido a la incertidumbre institucional, conflictos legales entre universidades y el Estado, desaceleración del desarrollo científico y tecnológico, disminución de la competitividad de programas académicos, debilitamiento del diálogo multisectorial histórico que caracteriza al CONESCyT y al CNE.
La gobernanza educativa depende de la estabilidad institucional, previsibilidad y autonomía técnica; no obstante, el proyecto de fusión, al subordinar todo a una sola autoridad política, fragmenta estos principios.
La falta de consenso con los sectores afectados ha provocado que la propuesta de fusión del MINERD y el MESCyT presente debilidades estructurales profundas que amenazan la autonomía universitaria, la integridad técnica de la educación superior y la gobernanza del sistema educativo dominicano. Aunque se presenta como una reforma orientada a la eficiencia, la lógica subyacente es de concentración de poder, debilitamiento de los órganos técnicos y expansión del margen para interferencias políticas y clientelares.
La educación superior y la ciencia requieren instituciones especializadas, independientes y protegidas de presiones partidarias. Diluir estas funciones en un superministerio predominantemente escolar es un retroceso conceptual y operativo que pone en riesgo la calidad, la autonomía académica y el futuro del sistema de innovación del país.
Una reforma educativa integral debe fortalecer la institucionalidad, no desdibujarla; debe crear contrapesos, no eliminarlos; debe promover la autonomía, no vulnerarla. En este sentido, el proyecto de ley, tal como está concebido, constituye más una amenaza que una solución para el sistema universitario y científico de la República Dominicana.
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