Desde el 11 de diciembre de 2025, quedan despejadas  las dudas sobre si la Fusión MESCYT-MINERD va o no va. Está claro que va; y, por ello, la remisión del Proyecto de Ley por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. El gobierno ha trabajado meses en este proyecto, con  un silencio sepulcral. Por lo pronto, un amplio sector de la sociedad civil no ha participado de ninguna actividad relacionada con la fusión del Ministerio de Educación de la República Dominicana y Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En otras ocasiones he planteado que la fusión, aunque presenta riesgos y visos de involución, ofrece, también, oportunidades. Vinculo estas oportunidades con los llamados por mí, irrenunciables:

  • Trabajo conjunto, a partir de la focalización de aspectos convergentes.
  • Identificación de fortalezas propias de cada ministerio para ponerlas al servicio de un sistema educativo integral.
  • Pensamiento en una misma dirección, a partir de necesidades, problemas y desafíos comunes.
  • Impulso a la eliminación de la cultura de la partidarización en las instituciones preuniversitarias, universitarias y en los ministerios.
  • Política que destierre la corrupción; para ello, una fusión vertebrada por la ética en todos sus niveles y ámbitos.

Hay aspectos del Proyecto de Fusión MESCYT-MINERD que son preocupantes y que en las vistas públicas se deben debatir, con tenacidad y total libertad. Uno de estos temas se aborda en el Artículo 12, sobre Modificación al artículo 95.5 de la Ley núm. 66-97, General de Educación.  Este describe las funciones del Viceministerio de Educación Superior. Desde mi punto de vista, deja fuera aspectos que lo convierten en una instancia vacía. A este viceministerio no se le asigna nada vinculado a la calidad de la educación superior. Tampoco tiene nada que ver con la evaluación de los docentes de la educación superior.

De otra parte, no se le asigna ninguna función de asesoría y acompañamiento a los procesos de las instituciones de educación superior. Esto no riñe con la autonomía de las universidades. El viceministerio aparece como un espacio sin compromisos vitales para la educación superior. Las funciones tienen un carácter general. Parecería que este viceministerio se convertirá en una instancia flotante, sin direccionalidad ni peso específico en la ejecución de la Fusión.

Otro tema preocupante se aborda en el Art. 16, que versa sobre la Creación del Consejo Consultivo de Educación (CCE). A su vez, en el Art. 18, se describen la naturaleza y las atribuciones del CCE. En el mismo, se plantea que “En ningún caso sus funciones tendrán naturaleza deliberativa, decisoria o vinculante,…”.  Considero que lo que se plantea representa una involución, aunque lo contemple la Ley núm. 247-12. Al eliminar el carácter deliberativo, reducen la participación real y le conceden un poder onnímodo al ministro. Esto puede producir una cultura absolutista en el CCE. El ministro no pierde autoridad, si propicia toma de decisiones participativas, deliberativas. Por el contrario, las decisiones con base en la pluralidad de argumentos, experiencias y posiciones fortalecen la democracia. La Ley núm. 247-12, en ese aspecto es un atraso incomprensible en los tiempos que vivimos.

El Art. 17 presenta los integrantes del Consejo Consultivo. En la composición se observa la ausencia de un representante de las Asociaciones de instituciones de Educación Superior. Se debió tener en cuenta, así como se incluyó una representación empresarial. Las Asociaciones de instituciones de Educación Superior tienen algo que decir en el Consejo creado. Marginarlas no favorece en nada al desarrollo de la educación superior en el país. Estas Asociaciones, a su vez, tendrán que analizar por qué no han sido tomadas en cuenta. Este análisis es importante; puede revelar dificultades de proactividad, de actualización; y, sobre todo, de proyección académica y social desmarcada de una educación superior comprometida con la transformación educativa que se espera.

El período pre-fusión es importante. No conocemos qué se ha diseñado en el período transicional para preparar el objetivo final que es la Fusión MESCYT-MINERD. Es importante que se organice no solo pensando en los aspectos administrativos. Hay que pensar cómo hacerlo sin lacerar a las personas. El mismo proyecto indica que los actores serán evaluados. Esto es necesario y pertinente. Pero, se ha de hacer con el mayor rigor técnico y científico, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la dignidad, la justicia y el respeto a cada persona que sea sometida a evaluación. Lejos de los procesos de la Fusión el revanchismo y el maltrato planificado. Esto no es una especie en extinción. Se produce solapadamente entre los compañeros de partido y con los que no lo son. La sociedad civil se debe declarar veedora permanente, ante, durante y después de la Fusión MESCYT-MINERD, para contribuir con el desarrollo de procesos diáfanos, fundamentados y respetuosos.

La veeduría es necesaria, también, para custodiar el 4 %.  La sociedad tiene que velar para que el 4 % se utilice para lo que fue concebido. Hay que estar con atención alta para que no se malgaste, ni se disperse. El 4 % es una conquista de la sociedad y esta no puede olvidarse del precio que costó alcanzarlo. Mantenerse vigilante es un compromiso individual y colectivo.

Dinorah García Romero

Educadora

Investigadora del Centro Cultural Poveda - Directora  del Proyecto: Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. - Titular de Formación continuada en el Centro Cultural Poveda. - Docente del  Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales,  Universidad de Valencia-Universidad Autónoma de Santo Domingo. - Co-Directora de Tesis en el Programa de Doctorado en Educación, Universidad de Valencia-Universidad-Autónoma de Santo Domingo.  

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