La situación medioambiental ha tomado protagonismo en distintas provincias de la República Dominicana durante los primeros meses de 2026. Desde denuncias por deforestación y conflictos por el manejo de residuos sólidos hasta movilizaciones contra proyectos mineros, varias comunidades han salido a las calles para exigir protección de sus territorios y mayor intervención de las autoridades.
Los casos registrados en La Vega, Pedro Brand y San Juan tienen características distintas, pero comparten un mismo trasfondo: el choque entre proyectos de desarrollo y comunidades que cuestionan el impacto ambiental, social y económico de esas iniciativas. En algunos escenarios, las protestas han obligado a las autoridades a intervenir; en otros, los daños denunciados ya han provocado preocupación entre ambientalistas y residentes.
El Santo Cerro bajo la motosierra: La Vega pierde su pulmón verde
Desde febrero de 2026, la Loma del Santo Cerro, en La Vega, es escenario de una de las denuncias ambientales más resonantes del año. La tala indiscriminada de árboles, la remoción de suelo y el relleno de cañadas en esa zona, considerada santuario ecológico y ruta de peregrinación religiosa, encendieron las alarmas de ambientalistas, comunitarios y sectores políticos.
La bióloga botánica Ángela Guerrero no dudó en calificarlo como un “asalto inmobiliario”: desarrolladores habrían desmontado la capa vegetal para levantar una villa ecoturística sin los permisos correspondientes.
“Al parecer, es otro asalto de los desarrolladores inmobiliarios por acaparar cada pedazo de tierra urbanizable para forzar la frontera inmobiliaria”, declaró Guerrero, recordando casos similares en Samaná, Monción y Mao.
El Ministerio de Medio Ambiente confirmó los daños a la flora, la fauna y pequeñas microcuencas de la zona, y ordenó paralizar las operaciones hasta que se presenten los permisos correspondientes. También dispuso un plan de reforestación inmediata y la aplicación de sanciones administrativas al responsable del proyecto por violar la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
Sin embargo, la respuesta institucional local fue notoriamente escasa. El presidente del PLD en La Vega, Bolívar Marte, denunció la indiferencia de legisladores, senadores y de la propia alcaldesa.
“¿Cómo es posible que ningún legislador se haya pronunciado? ¿Cómo es posible que teniendo uno de los ayuntamientos más grandes del país, la alcaldesa no se haya expresado?”, cuestionó.
La presión social escaló hasta este domingo 10 de mayo, cuando decenas de personas marcharon por distintos sectores de La Vega, incluyendo comunitarios, ambientalistas y representantes de la Iglesia católica.
Los organizadores vinculan las recientes inundaciones y acumulación de lodo en comunidades cercanas directamente con la intervención de la montaña.
El Santo Cerro, advierten, no está incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una vulnerabilidad legal que urge corregir.
Pedro Brand: entre el empleo prometido y el miedo al vertedero
A pocos kilómetros de Santo Domingo, el municipio de Pedro Brand se convirtió en otro frente de tensión ambiental.
El proyecto de una planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos en la comunidad de El Aguacate divide a los vecinos entre quienes ven una oportunidad de desarrollo y quienes temen que se convierta en un vertedero a cielo abierto más.
Los promotores del proyecto aseguran que generará más de mil empleos directos e indirectos y que operará bajo estrictos controles ambientales, diferenciándose de los vertederos tradicionales que históricamente han contaminado el entorno dominicano.
Una parte de la comunidad los respalda. Residentes de El Aguacate marcharon en apoyo a la instalación, argumentando que “marcará un antes y un después” en el crecimiento del municipio.
Pero otra parte de los vecinos no está convencida. El 30 de abril, comunitarios de Los Aguacates, La Cuaba y El Bélico se manifestaron en la entrada de La Cuaba para exigirle al presidente Luis Abinader que atienda primero las necesidades básicas de la zona, como agua potable, calles y seguridad, antes de instalar la planta.
“Apoyan la construcción, pero condicionan su apoyo”, resume la postura de este sector.
El debate de fondo es legítimo: la República Dominicana necesita urgentemente una solución a su crisis de gestión de residuos sólidos, pero las comunidades que históricamente han cargado con los costos ambientales de esas soluciones tienen razones fundadas para desconfiar.
La clave estará en si el proyecto cumple con los estándares prometidos o si, como tantas veces antes, las garantías quedan solo en el papel.
San Juan dice “agua sí, oro no”: una victoria popular frente a la minería
El conflicto más explosivo de los últimos meses se vivió en San Juan de la Maguana, donde una movilización popular masiva logró lo que pocas veces ocurre en la región: forzar al gobierno a dar marcha atrás.
Todo giró en torno al Proyecto Romero, una iniciativa de la empresa canadiense GoldQuest que contemplaba una operación de minería subterránea para extraer cobre, oro y plata en la Cordillera Central.
El 27 de abril, el distrito municipal Las Zanjas amaneció paralizado por una huelga de 24 horas. Comunitarios bloquearon la vía principal con troncos y neumáticos incendiados. El paro fue acatado casi en su totalidad por organizaciones agrícolas, religiosas, de educadores, comerciantes y transportistas.
El 3 de mayo, la movilización alcanzó su punto más alto con una concentración multitudinaria bajo la consigna “Agua sí, oro no”. Miles de personas salieron a las calles en lo que el especialista ambiental Luis Carvajal describió como una toma de conciencia colectiva.
“El debate no es sobre un proyecto específico, sino sobre el modelo de desarrollo que se pretende imponer en una región estratégica del país”, señaló.
La respuesta del Gobierno llegó el 4 de mayo. El presidente Luis Abinader ordenó la “detención inmediata” de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero, invocando la Ley 64-00, que establece que un proyecto de esta categoría no es viable si la población lo rechaza masivamente.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad”, expresó Abinader. Sin embargo, analistas advierten que la victoria no cierra el conflicto de fondo. Datos del Catastro Minero y de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD) revelan que una amplia proporción del territorio de San Juan ya tiene concesiones mineras otorgadas.
La preocupación de los sanjuaneros, como explicó Carvajal, no es solo por Romero: es por no convertirse en un distrito minero.
Un patrón que se repite
Los tres conflictos, La Vega, Pedro Brand y San Juan, comparten una anatomía similar: proyectos que avanzan sin consulta comunitaria real, instituciones que reaccionan tarde o no reaccionan, y comunidades que terminan siendo el último dique de contención.
En algunos casos, como San Juan, la presión popular logra resultados concretos. En otros, como el Santo Cerro, el daño ya está hecho y la pregunta es cuánto se puede recuperar.
Compartir esta nota