El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), visitará el país para investigar la queja presentada por comunitarios y organizaciones contra el proyecto Manzanillo Bay Energy, en Manzanillo, Montecristi.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), explicaron que este martes 12 de mayo una delegación del MICI se trasladará a Manzanillo, municipio Pepillo Salcedo.

Los denunciantes sostienen que el proyecto sea reubicado fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa.

Argumentan que la legislación dominicana prohíbe la instalación y operación de proyectos energéticos dentro de áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

En ese sentido, señalan que el proyecto se encuentra a 119 metros del lindero del parque en el lado noroeste y a 55 metros en el sureste, cuando la normativa establece una franja mínima de 300 metros lineales desde los límites del área protegida.

  • El proyecto es financiado por el BID Invest.
  • Se prevé la construcción de dos plantas de gas natural licuado de 860 megavatios.
  • Se registran préstamos de US$ 1,750 millones.

“No es posible negociar la ley; la ley se cumple o no se cumple. Esta es una línea roja para el movimiento ambiental dominicano”, afirmaron.

También reclaman una indemnización para las comunidades afectadas por la transformación del terreno, que aseguran ha sido convertido en un terraplén.

Los comunitarios y organizaciones ambientalistas indicaron que el encuentro con el MICI representa la culminación de un proceso de diálogo con el Tesoro de los Estados Unidos, en Washington, y con BID Invest, sobre el uso del gas natural licuado frente a las energías renovables originalmente contempladas, así como sobre los impactos del proyecto en un ecosistema altamente sensible como la Bahía de Manzanillo.

Al mismo tiempo, señalaron que la reunión abre una etapa de negociación orientada a garantizar el cumplimiento de la ley, la reubicación del proyecto, la restauración del área afectada y la compensación a las comunidades impactadas.

Los grupos informaron que preparan una acción judicial en el país, mediante una querella con medida cautelar para detener las obras mientras no se trasladen fuera del área protegida.

¿Quiénes participarán?

Delegación del MICI (Grupo BID):

  • Andrea Repetto Vargas, directora del MICI.
  • Gastón Ain, coordinador de la Fase de Resolución de Disputas.
  • Amanda Beaujon, especialista de la Fase de Verificación de Observancia.

Delegación dominicana:

  • Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA.
  • Enrique de León, vocero principal del CNLCC (asesor).
  • Centro de Información Bancaria (CIB).
  • Red Gran Caribe Libre de Fósiles.

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