El presidente Luis Abinader anunció anoche la paralización de los estudios de factibilidad de la explotación del oro de San Juan de la Maguana, en el sector El Romero.
El anunció fue brevísimo. En tres minutos el presidente argumentó que el gobierno escucha al pueblo y que, en atención a ese precepto, ordenaba la detención de los estudios de factibilidad que estaban siendo realizado de acuerdo con el mandato de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El presidente también dijo que ese proyecto no es nuevo, que lleva ya varios períodos de gobierno en estudio, pero que como la población se opone, lo correcto es paralizarlo. No dijo que se haya probado que la explotación del oro dañe los recursos naturales, porque no hay un estudio que lo confirme, tampoco dijo que la productividad de San Juan de la Maguana iba a mermar como consecuencia de la explotación del oro. No se refirió a eso.
Admiramos que el presidente decidió responder a la presión que impusieron los grupos populares y ecológicos, y también políticos, a ese proyecto. Hay algunas organizaciones y personas bien intencionadas y que creen firmemente que el proyecto es dañino, sin que se haya confirmado. Pero creen eso y hasta están dispuestos a emplear la violencia para que no ocurra la explotación de esa mina de oro.
Nosotros pensamos que es una decisión precipitada, que el primer mandatario debió estar dispuesto a esperar la conclusión del estudio de factibilidad
La minería es un recurso importante en todas partes del mundo. Países desarrollados tienen proyectos y explotan recursos naturales sin dañar el medio ambiente. Es lo que se había anunciado en este caso. Las voces de los promotores del proyecto no fueron escuchadas. Hablaron con las autoridades, dispusieron de recursos, contrataron técnicos, compraron equipos y se creyeron que el gobierno podría dar la autorización no solo del estudio de factibilidad, sino que también lo haría con la explotación, sobre la base de que en El Romero hay oro suficiente para ser explotado, con los precios del oro en la actualidad, y con la posibilidad de seguir subiendo, que el gobierno tendría ambición por recibir esos recursos.
Pero no ha sido así. La protesta de este domingo en San Juan parece haber sido el detonante. Mucho escándalo, mucho ruido en las redes y una gran capacidad para atemorizar, en especial políticamente, condujo al presidente a interrumpir incluso el estudio de factibilidad. Lo mismo ha pasado en dos ocasiones con las propuestas de reforma fiscal. El gobierno ha retrocedido. También ocurrió con el contrato de fideicomiso de Punta Catalina.
San Juan ha reducido su condición de granero del sur. La sequía ha sido un factor, pero también lo ha sido el esquema de comercialización. Y ya no es lo mismo que hace algunos años. Hay pobreza y seguirá habiendo, pese a la inversión del gobierno en obras de Infraestructura. San Juan carece de un plan que posibilite la reducción de la pobreza, de la desigualdad. Cuando un político en San Juan se convierte en caudillo, por el clientelismo imperante, estamos ante un drama de gran desarticulación institucional.
Muchos celebran la decisión del presidente. Nosotros pensamos que es una decisión precipitada, que el primer mandatario debió estar dispuesto a esperar la conclusión del estudio de factibilidad, y a partir de ese momento compartir con sectores productivos, políticos, campesinos y urbanos de San Juan de la Maguana y del sur del país, y también analizar la decisión con su equipo económico y financiero, tomando en cuenta la sostenibilidad o insostenibilidad fiscal del Estado dominicano.
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