La presentación del nuevo paquete económico y fiscal del Gobierno ocurre en medio de un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos, volatilidad energética y amenazas para el crecimiento global. Sin embargo, la discusión sobre una reforma fiscal no es nueva.

Desde la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y las presiones de organismos internacionales, distintos sectores han coincidido en que República Dominicana necesita aumentar sus ingresos y corregir distorsiones tributarias.

El Gobierno estaría ultimando los detalles de una nueva reforma fiscal orientada a recaudar RD$ 60,000 millones adicionales para las arcas del Estado, la cual sería presentada mañana jueves 11 de junio, según informaciones preliminares.

Entre las medidas que formarían parte de la propuesta figura un incremento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo hasta un 30 % para las empresas con ingresos anuales superiores a RD$ 1,000 millones.

Asimismo, se contemplan ajustes al ISR de las personas físicas con ingresos superiores a RD$ 250,000 mensuales, aunque todavía no se han dado a conocer los detalles específicos sobre las nuevas escalas o tasas impositivas que serían aplicadas.

La iniciativa también incluiría un aumento en el impuesto aplicado a los cheques, que pasaría de 0.15 % a 0.20 %, como parte de los mecanismos para fortalecer la recaudación tributaria.

Por otro lado, el proyecto plantearía la reducción o eliminación de algunos impuestos específicos. Entre los cambios más significativos estaría una disminución del gravamen aplicado a la transferencia de bienes entre familiares directos, como en el caso de transmisiones de padre a hijo, que podrían pasar de una tasa de 27 % a apenas un 3 %.

De igual forma, se estudia la incorporación de un esquema de amnistía fiscal que permitiría a contribuyentes regularizar obligaciones pendientes bajo condiciones especiales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el alcance definitivo de la propuesta ni sobre los sectores que podrían resultar más impactados por las modificaciones tributarias planteadas.

El nuevo paquete fiscal llega en medio de otra crisis internacional

Se espera que este 11 de junio, el Ministerio de Hacienda y Economía presente un nuevo paquete económico y fiscal que busca fortalecer la capacidad de respuesta del país frente al deterioro del entorno internacional.

El Gobierno ha explicado que la iniciativa surge tras semanas de consultas con representantes de los sectores económicos, sociales y políticos, en momentos en que los mercados observan con preocupación la escalada de tensiones geopolíticas, los conflictos en Medio Oriente, la volatilidad de los precios energéticos y la incertidumbre sobre el crecimiento global.

De hecho, Acento informó en mayo que el presidente de la Asociación Nacional de Industrias de República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache,  consideró acertado el planteamiento de remover las trabas y distorsiones que limitan el crecimiento económico, al entender que “un entorno más ágil y predecible resulta clave para impulsar la producción nacional”.

Asimismo, el empresario destacó la visión de una reforma fiscal orientada a la simplificación del sistema tributario, el fomento del cumplimiento voluntario y la eliminación de impuestos considerados obsoletos.

Los intentos realizados durante la presidencia de Luis Abinader han enfrentado una fuerte resistencia social, política y económica, obligando al Gobierno a retirar propuestas en 2021 y 2024.

Primer intento de Abinader: 2021 y el impacto de la pandemia

En 2021 la economía mundial intentaba recuperarse de la crisis sanitaria COVID-19.

Los gobiernos enfrentaban elevados déficits fiscales, cadenas de suministro interrumpidas, aumento de la deuda pública y una lenta recuperación del empleo.

En octubre de ese año, el presidente Luis Abinader anunció el retiro del proyecto de Presupuesto General del Estado que incluía nuevas figuras impositivas y modificaciones tributarias.

La propuesta generó un amplio rechazo social y político debido a que la población aún resentía los efectos económicos de la pandemia.

¿Qué dijo Abinader?

En un discurso a la nación, el mandatario decidió retirar la iniciativa y reconoció que no existían las condiciones para impulsar nuevos gravámenes en medio de la recuperación económica.

El episodio marcó el primer gran revés fiscal de su administración.

Segundo intento: la reforma fiscal de 2024 que terminó archivada

La propuesta llegó en un contexto internacional caracterizado por:

• Tasas de interés elevadas a nivel mundial.
• Persistencia de conflictos geopolíticos.
• Secuelas económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania.
• Menor crecimiento de las principales economías.
• Presiones sobre la deuda pública de los países emergentes.

 ¿Qué buscaba la reforma?

El proyecto de Ley de Modernización Fiscal pretendía recaudar aproximadamente RD$ 122,486 millones, equivalentes al 1.5 % del PIB.

El Gobierno argumentó que esos recursos serían destinados a:

• Transporte.
• Salud.
• Seguridad ciudadana.
• Protección social.
• Infraestructura pública.

Los cuatro ejes presentados por Hacienda

Protección social

El exministro de Hacienda y Economía Jochi Vicente anunció:

• Incremento de 21 % en el programa Aliméntate.
• Aumento del salario mínimo privado no sectorizado.
• Incremento de 50 % al salario mínimo público, pasando de RD$ 10,000 a RD$ 15,000.

Inversión pública

La meta era elevar la inversión pública hasta representar el 5 % del PIB, frente al promedio histórico de 2.7 %.

Equidad tributaria y combate a la evasión

Se buscaba eliminar distorsiones para que empresas con iguales beneficios tributaran de forma similar, independientemente de su tamaño o régimen fiscal.

Simplificación tributaria

La propuesta contemplaba:

• Eliminar el anticipo para personas físicas.
• Exonerar a las microempresas.
• Reducir la carga para pequeñas y medianas empresas mediante un esquema escalonado.

 ¿Por qué fracasó?

La iniciativa encontró una fuerte oposición de empresarios, organizaciones sociales y sectores políticos que consideraban excesiva la carga tributaria propuesta.

Ante la presión pública, el Gobierno retiró el proyecto apenas semanas después de depositarlo en el Congreso Nacional.

La presentación del nuevo paquete económico y fiscal reabre una discusión que República Dominicana arrastra desde hace más de una década.

Todos los gobiernos han reconocido la necesidad de aumentar la capacidad recaudatoria del Estado, reducir la evasión y ordenar las finanzas públicas.

Sin embargo, cada intento de reforma ha chocado con una realidad política ineludible: mientras los organismos internacionales reclaman más ingresos, la sociedad exige que cualquier aumento de impuestos vaya acompañado de una reducción del gasto, mayor transparencia y mejores servicios públicos.

Una discusión pendiente desde antes de la pandemia

Los debates sobre una reforma fiscal preceden al actual Gobierno, pero cobraron fuerza tras la crisis económica provocada por el COVID-19.

La pandemia obligó al Estado a incrementar el gasto público para sostener programas sociales, apoyar empresas y fortalecer el sistema sanitario. Posteriormente, la invasión rusa a Ucrania en 2022 elevó los precios internacionales de combustibles, alimentos y materias primas, aumentando la presión sobre las finanzas públicas.

A ello se sumaron las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha planteado la necesidad de ampliar la base tributaria, reducir exenciones y fortalecer la recaudación.

El pacto fiscal que la ley ordenó, pero nunca llegó

La necesidad de una reforma fiscal quedó plasmada en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Lo que establece el artículo 36

El artículo 36 dispone la creación de un pacto fiscal entre las fuerzas políticas, económicas y sociales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y financiar el desarrollo nacional.

La legislación plantea:

• Reducir la evasión fiscal.
• Mejorar la calidad y eficiencia del gasto público.
• Aumentar la transparencia estatal.
• Hacer más equitativa la estructura tributaria.
• Revisar los incentivos fiscales.
• Crear un marco de responsabilidad fiscal.

A pesar de que la ley fijaba plazos para alcanzar estos acuerdos, el pacto fiscal sigue siendo una tarea pendiente más de una década después.