El proyecto de Ley de Modernización Fiscal, presentado por el Ministerio de Hacienda y estudiado por el Congreso Nacional, señala que se aplicará el 18 % de impuesto de valor agregado (IVA) a bienes que estaban exentos.
Ante esto, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), señaló que el 60 % de los dominicanos que podía comprar una vivienda “desaparecerá del mercado ante la eventual reforma fiscal, acción que tendrá un impacto en la oferta y demanda del sector de la construcción”.
Esta acción, de acuerdo con el gremio, agravará el déficit habitacional estimado en 1.4 millones de unidades, lo que pone en dificultad lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establecen que contar con una vivienda propia es un derecho universal.
Pero, para disminuir el déficit y amortiguar los costos de las viviendas, el Gobierno ejecuta el plan nacional de Vivienda Feliz como solución habitacional, cuyos precios oscilan entre RD$ 1.5 millones y RD$ 5 millones, bienes que están exentos del pago anual del impuesto del patrimonio inmobiliario (IPI), que se aplica al valor superior de RD$ 9.8 millones, de acuerdo con la Dirección de Impuestos Internos (DGII).
Mientras los dominicanos ahorran el 10 % del inicial para adquirir un financiamiento hipotecario para su vivienda propia, deben pagar alquiler que cada año aumenta. El informe Comportamiento del mercado inmobiliario, publicado por Corotos, indica que los precios de los apartamentos en alquiler subieron entre RD$ 1,000 y RD$ 3,000, entre 2023 y 2024.
Las conclusiones son evidentes, planteó la presidenta del gremio, Annerys Meléndez. “Hemos evidenciado que el fideicomiso completo, no solo el de la vivienda de bajo costo ni el del sector inmobiliario, pasaría a pagar del cero al 27 % del impuesto sobre la renta (ISR)”.
“No hay forma que bajo este esquema tributario no se toque el sector de vivienda a bajo costo, las viviendas media y el sector inmobiliario, a tal punto que el 12.5 % del costo final será aumentado solo por estos impuestos”.
La ejecutiva desglosó que a los costos de las viviendas serían sumados el 18 % del IVA a la venta de viviendas, el transporte y a bienes no industrializados, mientras que los materiales tendrán un aumento entre 3 % y 4 %, y los efectos del fideicomiso, es decir, “la vivienda de bajo costo será tan afectada como la vivienda media y clase alta”.
De acuerdo con el Registro de Oferta Inmobiliaria (ROE) y datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), solo el 14.7 % de las viviendas en ofertas en el Gran Santo Domingo cuentan con un costo menor de RD$ 3 millones, y el 37.6 % su precio varía entre RD$ 3 y RD$ 5 millones. En tanto, el 47.7 % de las viviendas reportan costos desde RD$ 5,000,001 hasta RD$ 25 millones.
La empresaria planteó que las ventas de viviendas se reducirán hasta un 50 % y tendría un impacto negativo en las inversiones de nuevos proyectos inmobiliarios.
Para diciembre, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) registró 2,377,788 cotizantes con un salario promedio de RD$ 34,168.4 De estos, solo 370,505 o el 15.5 % devengó una retribución salarial mayor de RD$ 50,000.
La mayor proporción de la masa trabajadora del mercado regulado (975,497) reportó ingresos entre RD$ 15,000 y RD$ 30,000, es decir, casi tres veces menos que el precio en el Distrito Nacional (RD$ 102,697), la mitad que el Este (RD$ 59,098), el Oeste (RD$ 55,944) y Los Alcarrizos (RD$ 56,098).
“Hacemos un llamado a nuestras autoridades de tocar la vivienda es tan bien tocar la vivienda de bajo costo, en el entendido de las experiencias internacionales cuando solo tocamos la vivienda de bajo costo o flexibilizamos ese renglón, la vivienda media se verá desmotivada, la de bajo costo sube de precio y terminamos sin las viviendas de bajo costo”.
Además, destacó, que el sector formal genera más de 110,000 puestos laborales que corren en riesgo de desaparecer ante una caída de la demanda de bienes inmobiliarios.
Todos estos factores, en conjunto con la adición de impuestos al alquiler de renta corta, provocarán un desplome de la demanda de viviendas, disminuyendo las ventas en aproximadamente el 56 %, lo cual motivaría una reducción de RD$ 77,000 millones de la inversión en nuevos proyectos, provocando impactos al PIB nacional.
“Esto supondría una irreparable disminución de la construcción de viviendas en los próximos años, deteniendo drásticamente los avances alcanzados en la reducción del déficit habitacional de nuestro país gracias al fideicomiso”, consideró la ejecutiva.
La presidenta del gremio, Annerys Meléndez, señaló que como sector están confiados en que las autoridades “tendrán conciencia, eliminarán medidas o buscarán otras salidas a los posibles impuestos que se aplicarán a los materiales de construcción”.