Hoy, martes 5 de mayo de 2026, el sistema penitenciario dominicano hace efectiva la puesta en libertad de Mario José Redondo Llenas, exactamente 30 años después de haber asesinado a su primo de 12 años, José Rafael Llenas Aybar.
La ley se cumplió. La condena se ejecutó en su totalidad. Pero la pregunta que atraviesa a la sociedad dominicana no es jurídica, sino emocional y social: ¿está el país preparado para verlo salir?
El crimen que marcó a una generación
El 3 de mayo de 1996, José Rafael Llenas Aybar desapareció en Santo Domingo. Su cuerpo fue encontrado días después en el arroyo Lebrón, en Pedro Brand, con 34 heridas de arma blanca. Tenía 12 años. Había sido secuestrado y asesinado por su propio primo, Mario José Redondo Llenas, junto a Juan Manuel Moliné Rodríguez, con el objetivo de cobrar un rescate a la familia.
El caso adquirió dimensiones nacionales desde el primer momento. La víctima pertenecía a una familia de clase media-alta con vínculos con figuras del mundo político y mediático dominicano. La brutalidad del crimen, el vínculo familiar entre víctima y victimario, y la naturaleza calculada del secuestro convirtieron el proceso judicial en uno de los más seguidos de la historia reciente del país. Los dominicanos lo llamaron, sin exageración, "el crimen del siglo".
En octubre de 2002, la Corte de Apelación de Santo Domingo dictó sentencia: 30 años de prisión para Redondo Llenas y 20 años para Moliné Rodríguez. Ambos intentaron recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, que se reservó el fallo en mayo de 2004 y finalmente confirmó las condenas.
Moliné salió primero. Casi nadie lo notó
Juan Manuel Moliné Rodríguez, condenado a 20 años por su participación en el crimen, cumplió su pena alrededor de 2022. Su salida de prisión no generó el mismo impacto mediático que la de su coimputado. No hubo titulares de portada ni debate nacional. Simplemente salió.
Ese contraste dice mucho. La diferencia de condena, 10 años menos, y quizás el peso simbólico que la sociedad depositó en Redondo Llenas como figura central del crimen hicieron que la liberación de Moliné pasara casi inadvertida. Pero su caso plantea la misma pregunta que hoy vuelve a la superficie: ¿qué mecanismos tiene la sociedad dominicana para gestionar el regreso de quienes cometieron crímenes que la marcaron?
La respuesta, en el caso de Moliné, fue el silencio. En el de Redondo Llenas, es la conmoción.
"Yo lo siento. Lo lamento profundamente y lo voy a lamentar toda la vida"
Antes de salir del penal de Najayo-Hombres, Mario José Redondo Llenas rompió su silencio de tres décadas. Sus palabras, recogidas por Infobae, fueron escuetas pero cargadas:
"Yo lo siento. Lo lamento profundamente y lo voy a lamentar toda la vida".
No hubo explicaciones adicionales. No hubo relato. Solo esa frase, que para algunos representa un gesto mínimo de humanidad después de 30 años, y para otros resulta insuficiente frente a la magnitud de lo que hizo.
De los tres abogados que lo representaron durante el proceso, solo Francisco Hernández permanece con vida. Artagnan Pérez Méndez y Tomás Belliard fallecieron en el transcurso de estas tres décadas. El tiempo también pasó por los defensores.
"Siempre me he preguntado por qué 34 puñaladas"
Para Francisco Domínguez Brito, exfiscal vinculado al proceso judicial, el caso nunca fue un expediente más. Se convirtió en una carga emocional que, según sus propias palabras, lo persigue como si hubiera estado presente "en el momento donde se produce el crimen". Un expediente que se instaló "en la mente, en el alma", y del que no ha podido desprenderse.
"Siempre me he preguntado por qué 34 puñaladas a un niño", ha expresado, aludiendo a uno de los aspectos más estremecedores del crimen.
Según lo reconstruido durante el proceso, el agresor declaró que quería "asegurarse" de que el niño no pudiera contar lo ocurrido. La violencia no fue un arrebato aislado: fue una acción repetida y deliberada, orientada a clausurar la posibilidad del relato, a apagar la voz de un menor que podía señalar.
Otro elemento que marcó al exfiscal fue imaginar al niño encerrado en el baúl de un vehículo durante "treinta, cuarenta minutos". Ese tiempo, que en la lógica penal se contabiliza como parte del hecho, en la lógica humana se convierte en tortura extendida. En algo que ninguna sentencia puede dimensionar del todo.
Vanidad e impunidad: una combinación letal
En su análisis del caso, Domínguez Brito identificó un móvil atravesado por la vanidad: la intención de obtener dinero para gastos asociados al estatus social, como la compra de bienes de lujo, entre ellos, según su reconstrucción, unos jet ski para estar "a la moda" con su grupo.
A esto se sumó una percepción de impunidad: la creencia de que no serían apresados. Esa combinación, vanidad e impunidad, según el exfiscal, ha sido confirmada en estudios posteriores como un factor de riesgo en delitos graves cometidos por jóvenes que, paradójicamente, "lo tenían todo".
El caso rompe así con la idea de que este tipo de crímenes responden exclusivamente a contextos de marginalidad. El horror, en este caso, vino desde adentro de una familia de clase media-alta. Y eso, para la sociedad dominicana de 1996, fue tan perturbador como el crimen mismo.
¿Está preparada la sociedad dominicana para superar este crimen?
Esta es la pregunta que nadie termina de responder con comodidad.
Treinta años después, la herida sigue visible. Una muestra de ello es la permanencia del caso en la memoria colectiva, incluso en espacios digitales: la cuenta de Instagram @joserafaelporsiempre, creada por la familia a tres décadas del crimen, suma miles de seguidores y mantiene vivo el recuerdo del niño. No como archivo, sino como presencia activa.
La liberación de Redondo Llenas generó reacciones inmediatas en redes sociales y medios de comunicación. No hubo indiferencia. Hubo dolor renovado, indignación y, en algunos casos, preguntas sobre si el sistema hizo lo suficiente.
Pero la pregunta sobre si la sociedad "está preparada" tiene varias capas.
En términos legales, la respuesta es sí: la pena se cumplió, el proceso fue seguido hasta su conclusión, y el Estado aplicó la ley vigente en el momento del crimen.
En términos emocionales, la respuesta es más compleja. República Dominicana no tiene una cultura institucionalizada de acompañamiento psicosocial a víctimas de crímenes de alto impacto. Las familias afectadas suelen transitar el duelo sin redes de apoyo especializadas, y la sociedad en general carece de espacios formales para procesar colectivamente esas heridas.
En términos de reinserción, el debate apenas empieza. ¿Qué ocurre con una persona que cumple 30 años de prisión? ¿Existen mecanismos reales de acompañamiento para su regreso a la vida civil? ¿Y cómo se gestiona el impacto de ese regreso en las familias de las víctimas?
El sistema penitenciario dominicano ha avanzado. Según datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) reformados la tasa de reincidencia es inferior al 10%, frente a cifras mucho más altas en el modelo tradicional, según reportó El Día. En abril de 2026, ONAPREP y la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica firmaron un convenio para fortalecer la reinserción social de personas privadas de libertad. El presidente Abinader ha calificado la reforma penitenciaria como "irreversible".
Pero los avances institucionales no responden automáticamente a la pregunta emocional. Una sociedad puede tener un sistema penitenciario más moderno y, al mismo tiempo, no saber qué hacer con el peso de ciertos crímenes cuando los condenados recuperan su libertad.
El caso de Moliné, que salió sin que casi nadie lo notara, sugiere que el tiempo puede amortiguar el impacto. El caso de Redondo Llenas, que sale con el país mirando, sugiere que hay crímenes que el tiempo no logra digerir del todo.
Una sociedad que acumula heridas sin procesar
El caso Llenas Aybar no es el único que la sociedad dominicana carga sin haber podido cerrar del todo. Es, más bien, uno de los eslabones de una cadena larga y pesada.
El caso Carla Massiel sacudió al país en 2015 y 2016. La niña de 10 años desapareció en Pedro Brand, el mismo municipio donde fue hallado el cuerpo de José Rafael, y su cadáver fue encontrado más de un año después. Los imputados declararon que fue asesinada con fines de tráfico de órganos, una hipótesis que nunca pudo probarse judicialmente pero que se instaló en la imaginación colectiva con una fuerza perturbadora. Dos hombres fueron condenados a 30 años de prisión; la presunta autora intelectual, la doctora Liliana Santana, acumula apelaciones sin sentencia definitiva. La herida sigue abierta.
El caso Paola Languasco puso en evidencia las fallas del sistema ante la violencia de género. La abogada desapareció en Puerto Plata en 2015 y su caso se extendió por años en los tribunales. En agosto de 2025, la condena contra el imputado Ambiorix Nepomuceno aún transitaba instancias en la Suprema Corte de Justicia. Una década después, la familia espera una resolución definitiva.
El caso Stephora es el más reciente. La niña haitiana de 11 años murió en noviembre de 2025 durante una excursión escolar en una hacienda privada. Su muerte generó movilizaciones, indignación nacional y un debate urgente sobre la responsabilidad institucional, los protocolos de seguridad en actividades escolares y la desprotección de la infancia migrante.
Y luego está el caso Jet Set: la madrugada del 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca ubicada en la avenida Independencia de Santo Domingo se derrumbó durante un concierto de merengue con el artista Rubby Pérez. Murieron 236 personas, entre ellas el propio cantante, y más de 180 resultaron heridas. Fue la tragedia colectiva más devastadora de la República Dominicana en décadas. Un año después, más de 180 víctimas habían abandonado el proceso judicial, entre desistimientos, acuerdos y dudas sobre si la justicia llegará a tiempo y en la forma que las familias necesitan.
Estos casos no son idénticos entre sí. Sus naturalezas, sus víctimas y sus contextos son distintos. Pero comparten algo fundamental: todos dejaron en la sociedad dominicana una marca que los tribunales no pudieron borrar del todo. La conmoción inicial, la presión social intensa, los procesos prolongados y la sensación de cierre incompleto son el patrón que se repite. La justicia formal avanza; el duelo colectivo, no siempre.
La sociedad dominicana no enfrenta hoy solo la liberación de Mario José Redondo Llenas. Enfrenta, con él, el peso acumulado de décadas de crímenes que no terminaron de procesarse. Y esa carga, a diferencia de una condena, no tiene fecha de vencimiento.
Un sistema judicial que ha cambiado, pero que aún se prueba
El crimen de 1996 ocurrió bajo el amparo de un Código Penal que databa de 1884. Desde entonces, el sistema judicial dominicano ha experimentado transformaciones significativas.
En 2002, la Ley 76-02 introdujo el Código Procesal Penal, con un modelo más garantista y orientado a los derechos de las partes. En 2025, se promulgó la Ley 74-25, nuevo Código Penal, que incorpora figuras como el feminicidio, el ciberacoso y el sicariato, y que eleva las penas máximas para crímenes de mayor gravedad, según analizó la Asociación de Bancos Comerciales (ABA). Ese mismo año, la Ley 97-25 reformó el Código Procesal Penal para agilizar los procesos y fortalecer los derechos de las víctimas.
Si el crimen de Llenas Aybar ocurriera hoy, el marco legal sería distinto. Las penas serían otras. Los mecanismos de protección a víctimas, también.
Pero la pregunta que persiste no es solo normativa. Es si esos cambios se traducen en una justicia más cercana a las víctimas, más capaz de acompañar el dolor que los crímenes dejan en la sociedad. Y si la sociedad dominicana, más allá de sus leyes, ha desarrollado las herramientas para procesar lo que no se puede resolver en un tribunal.
Una fecha que pesa
Que la liberación ocurra exactamente 30 años después del crimen no es un dato menor. Es un recordatorio de que ciertos hechos no desaparecen con el tiempo.
Se transforman en memoria. En preguntas. En heridas que cambian de forma, pero no necesariamente cicatrizan.
La justicia, en términos legales, se cumplió. El duelo social sigue abierto.
Y con la salida de Mario José Redondo Llenas del penal de Najayo-Hombres, la sociedad dominicana vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿está preparada para procesarlo? La respuesta, a 30 años del crimen del siglo, es que todavía no se sabe.
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