El juez Amaurys Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el envío a juicio de fondo del proceso seguido contra el comunicador digital Ángel Martínez Jiménez, conocido en redes sociales por su canal de YouTube "Detective Ángel". El magistrado determinó que existen elementos de prueba suficientes para que el caso avance a la siguiente etapa procesal, donde se debatirán a fondo las imputaciones en su contra.
El proceso tiene su origen en una querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien acusa al comunicador de difamación e injuria. En el marco de esa causa, el Ministerio Público ya había logrado previamente que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impusiera medidas de coerción: una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato de compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
La decisión llegó tras varios incidentes procesales promovidos por la defensa —incluyendo una recusación rechazada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional— que retrasaron el conocimiento de las medidas por varios días.
Una acumulación de frentes judiciales
Más allá del caso Raful, Martínez Jiménez enfrenta una cadena de procesos que se extiende por distintas jurisdicciones del país.
En Valverde (Mao), fue detenido a finales de abril tras una querella del empresario agrícola Arismendy Almonte, quien lo acusa de difamación e injuria. El tribunal le impuso una fianza de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Al no poder cubrir la garantía económica de inmediato, el comunicador permaneció detenido.
En Santiago, el ciudadano Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte obtuvo que un tribunal le impusiera medidas de coerción que incluyen grillete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
En el plano civil y penal, los abogados Elín Sepúlveda y Wandy Durán presentaron una querella en su contra por la presunta estafa a una ciudadana por más de 300,000 dólares.
A estos casos se suman las acciones legales del exministro de Educación Roberto Fulcar y del diputado Sergio Moya —conocido como "Gory"—, quienes también alegan daños a su honra y reputación como consecuencia de los contenidos difundidos por el comunicador.
Un fenómeno digital bajo escrutinio judicial
"Detective Ángel" se convirtió en un fenómeno de las redes sociales dominicanas gracias a un formato que combina investigación ciudadana, denuncia pública y entretenimiento. Su canal de YouTube acumuló una audiencia significativa, en parte por la exposición de figuras públicas y casos de corrupción. Sin embargo, ese mismo estilo —caracterizado por señalamientos directos y en ocasiones sin verificación formal— es el que ahora lo sitúa en el centro de múltiples disputas legales.
El envío a juicio de fondo en el caso Raful marca un punto de inflexión: por primera vez, uno de sus procesos supera la etapa de instrucción y se encamina hacia un debate oral donde deberán probarse o desvirtuarse las acusaciones en su contra.
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