Ka audiencia preliminar del caso Jet Set reanudó este lunes en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con una jornada cargada de tensión, denuncias de trato desigual y argumentos que apuntan directamente a la responsabilidad penal de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso que el 8 de abril de 2025 mató a 236 personas y dejó más de 180 heridas.
De rojo, pero afuera
Antes de que el juez Reymundo Mejía abriera la sesión, ya había una historia que contar en las puertas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Los integrantes del movimiento Justicia Jet Set y familiares de las víctimas llegaron vistiendo prendas rojas —símbolo de alerta y de la sangre derramada— para hacer visible su presencia en una audiencia que, sin embargo, les cerró las puertas.
Ana María Ramírez, vocera del movimiento, denunció que la seguridad privada de los Espaillat ingresó al tribunal portando armas, mientras que a los familiares les obligaron a quitarse los alfileres que usaban para sujetar sus listones rojos. "Cada vez enfrentamos más atropellos por parte del Ministerio Público", afirmó Ramírez, quien hizo un llamado a la población dominicana a ponerse del lado de las víctimas.
La audiencia, según explicaron desde adentro, es de carácter privado y solo permite el acceso a los querellantes directos, no a todos los familiares de los fallecidos.
"El resultado era previsible"
En sala, el abogado Plinio Piña, representante legal del testigo Gregory Adames —exempleado de la discoteca—, reiteró ante el tribunal sus conclusiones formales y solicitó que se acoja en todas sus partes el escrito depositado el 20 de febrero de 2026.
Su intervención fue contundente: sostuvo que el deterioro estructural del inmueble era evidente y que, pese a las advertencias reiteradas, los propietarios no adoptaron solución alguna. "Tanto empleados como personas con menor preparación estaban conscientes del riesgo, mientras los propietarios ignoraron reiteradamente las alertas", señaló Piña.
Y remató con una frase que quedó resonando en la sala: "El resultado era previsible. Todos sabían que en algún momento ocurriría un evento lamentable, aunque no se imaginara su magnitud".
Para el togado, la conducta de los señalados no es solo negligente: tiene implicaciones penales. Existen evidencias, dijo, de que los imputados desoyeron llamados de atención sobre la integridad de la edificación.
El fiscal no se opone, la defensa minimiza
En un giro que no pasó inadvertido, el fiscal Enmanuel Ramírez informó que el Ministerio Público no se opone a la presentación del testimonio de Gregory Adames. Más aún: reconoció que dicho testimonio podría tener incidencia en el proceso y que, de variar su contenido o aportar nuevos elementos, podría influir en una eventual modificación de la calificación jurídica del caso.
La defensa, en cambio, intentó reducir el peso del debate. El abogado Miguel Valerio, representante de los hermanos Espaillat, sostuvo ante el juez Mejía que el proceso no gira en torno a los hechos, sino a una discusión "estrictamente técnica". "No hay una discusión sobre los hechos", afirmó, sino sobre si las conductas atribuidas por el Ministerio Público deben considerarse imprudentes o dolosas.
Valerio solicitó rechazar el recurso de oposición presentado y ordenar la continuación de la audiencia. También hizo énfasis en la necesidad de que el proceso tenga un carácter "didáctico", para que víctimas, imputados y público comprendan lo que ocurre en sala más allá de los tecnicismos.
El juez marca los límites
El magistrado Reymundo Mejía volvió a dejar en claro, como ya lo hizo en la sesión del 20 de abril, que la audiencia preliminar no es el escenario para reproducir pruebas ni para debates testimoniales. Amparado en el artículo 308 del Código Procesal Penal, explicó que en esta etapa el tribunal solo debe evaluar si la acusación tiene suficiente fundamento para enviar el caso a juicio de fondo.
"Entrar en valoraciones probatorias o testimoniales corresponde exclusivamente al tribunal de juicio, no al juez de la instrucción", sostuvo, recordando que esta postura ha sido respaldada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El contexto: un año después, la herida sigue abierta
La audiencia de este lunes es la continuación de una jornada que el 20 de abril se extendió por más de siete horas, durante las cuales el tribunal escuchó las conclusiones de 80 abogados representantes de las víctimas. Para hoy estaban pendientes unas 15 partes querellantes adicionales.
El caso lleva el peso de una tragedia que sacudió a la República Dominicana: el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en el primer aniversario de los hechos, sigue sin tener una sentencia. Más de 20 querellantes desistieron del proceso en la audiencia anterior —en lo que algunos interpretan como posibles acuerdos extrajudiciales—, pero el Ministerio Público dejó claro que eso no detiene la acusación.
El documento del padre Rogelio Cruz
Monseñor Rogelio Cruz acudió al tribunal con documento para que las ruinas del Jet Set "no sean tocadas" La Diócesis Padre Montesinos, encabezada por Monseñor Rogelio Cruz, mostró una carta urgente a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, exigiendo que la fuerza pública detenga de inmediato los trabajos que se realizan dentro del Jet Set.
El lugar es la prueba principal del caso más grave en la historia dominicana: 236 vidas perdidas, indica el documento. El juez de instrucción ya ordenó un nuevo peritaje técnico. "Tocar el inmueble en este momento es contaminar las pruebas de forma intencional", precisa Cruz.
"El Jet Set no puede ser tocado. Modificar un medio de prueba es una burla para todos los dominicanos", advierte la Diócesis, que anunció una vigilia en representación del Pueblo Dominicano.
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