El abogado Miguel Valerio, coordinador de la defensa de Antonio Espaillat, rechazó ante el tribunal la solicitud de presentar como testigo a Gregory (Gregorio) Adames en el marco del caso Jet Set, al considerar que su incorporación en esta fase procesal sería “totalmente improcedente” y ajena a los límites de la audiencia preliminar.
Valerio argumentó que, en su “momento procesal”, la parte que promueve la citación no planteó ante el tribunal un “quantum” o estándar probatorio que sustente la pertinencia de esa prueba en esta etapa. Según su exposición, la dinámica previa de numerosas víctimas y querellantes se basó en acoger la lectura de sus acusaciones sin abrir un debate testimonial: “La mayoría de esas víctimas vinieron y dijeron: ‘Yo leo mi acusación, me acojo’. Estipulamos la lectura de todo eso”, indicó.
En ese contexto, el abogado señaló una contradicción entre la intención de traer ahora al testigo y la postura que —según afirmó— predominó entre los querellantes. “La mayoría de esos querellantes no abogaron por el homicidio voluntario del dolo eventual”, sostuvo, al referirse a la discusión sobre la calificación de los hechos. A juicio de la defensa, reabrir el debate con un testigo para “darle fisonomía” a lo ocurrido supone forzar un escenario de oralidad propio de un juicio, en un momento que el procedimiento no lo contempla de ese modo.
Valerio también puso el foco en la presunción de inocencia, que —dijo— se mantiene “totalmente vigente”, y advirtió que la comparecencia de Adames en una audiencia con características públicas y contradictorias podría generar un clima procesal “incómodo”. En su intervención, contrastó la exposición mediática del testigo con el silencio de los imputados: “Evidentemente, el señor Gregorio Adames ha ido a quinientos programas a hablar… estos señores ni siquiera se han pronunciado”, afirmó, en referencia a la difusión pública previa de versiones sobre el caso.
De acuerdo con su planteo, escuchar a Adames en estas condiciones implicaría que, ante las preguntas de la parte que lo presenta, la defensa también deba interrogar; y, además, que el Ministerio Público participe con preguntas “en un tema” por el cual —según Valerio— “no ha bajado por esa calificación”. Ese cuadro, añadió, podría incluso llevar a interrogar a personas “que ya concluyeron” o que no sostuvieron determinadas tesis jurídicas durante el trámite.
Valerio insistió en que la defensa no se opone por temor al testigo. “No porque le tengamos temor a ese testigo, porque eso habrá tiempo de más”, expresó, al dejar abierta la posibilidad de discutirlo más adelante. Sin embargo, subrayó que, en la audiencia preliminar, el tribunal está llamado a una producción probatoria acotada por lo que “dice el código”, sin transformar la instancia en un juicio oral anticipado.
En esa línea, cuestionó el alcance del testimonio propuesto. Sostuvo que Adames no puede comparecer para aportar una discusión técnica o pericial sobre la calificación jurídica o sobre eventuales peritajes. “No puede venir a hablarle técnicamente aquí de una calificación jurídica. No puede venir a hablarle técnicamente de un peritaje, porque no es ingeniero. No, él viene a una narrativa”, señaló, atribuyendo a la solicitud la intención de instalar un debate público y contradictorio fuera de tiempo.
Finalmente, Valerio remarcó que la audiencia preliminar debe “adaptarse a la sencillez” propia de esa etapa. Reiteró que “el noventa por ciento” de las acusaciones que se presentaron —según su versión— no acogieron una acusación alterna, y anticipó que, “cuando llegue el momento”, la discusión deberá diferenciar con claridad entre acusación “subsidiaria” y “alterna”.
Con ese enfoque, la defensa pidió al tribunal mantener el cauce procesal sin incorporar un testigo cuya exposición, según Valerio, desborda el objetivo de la audiencia preliminar y empuja el caso hacia un debate oral que corresponde a otra instancia.
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